El gobierno dispuso el pago de un bono de $ 5000 para los asalariados del sector privado para que «se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones» ante «una variación coyuntural del índice de inflación» tras las PASO, según las disposiciones del decreto 665/19 del 26 de septiembre, que lo oficializó.

Sin embargo, a la luz de los hechos, ese objetivo quedará muy lejos de ser cumplido.

Más allá de las posibilidades de evadirlo que permite la norma y la gran cantidad de asalariados que quedan excluidos del beneficio (empleados provinciales y municipales, docentes universitarios y, especialmente, los trabajadores no registrados), los 6,1 millones potenciales beneficiarios percibirán sumas que no alcanzarán para paliar la pérdida del poder adquisitivo hasta fin de año.

Es que si se omite la inflación registrada durante agosto, y se toman en cuenta el dato de  la inflación desde septiembre y las proyecciones para el último trimestre del año que surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA (siempre optimista con relación a lo que finalmente ocurre), los precios crecerán un 19 por ciento. Según el último REM, a la suba de septiembre, de un 5,9%, habrá que añadir un 4,4% en octubre; 4% en noviembre y 3,6% en diciembre.

El bono pretende ser utilizado para eludir la reapertura de las paritarias, o en su defecto, ser la instancia para absorber los aumentos que se obtengan por esa vía en estos meses. Con todo, sólo están previstas algunas reaperturas puntuales.

Los $ 5000, equivalentes a $ 1250 mensuales, representan apenas un 3,5% de la mediana del salario privado registrado de julio, que se situó en $ 35.461, según los últimos datos oficiales. De no mediar nuevas actualizaciones, el bono redundaría en una pérdida del poder adquisitivo del 13% en sólo cuatro meses que, además, al no ser remunerativa no se incorpora al salario.

El decreto permite el pago en cuotas del bono según se determine en acuerdos sectoriales. Esto ha sucedido en gremios que ya han acumulado una fuerte pérdida de su poder adquisitivo, como en Prensa, Loterías y Casinos, Calzado, Gastronómicos y Comercio donde, además, el trabajo no registrado se ubica alrededor del 40 por ciento. Esos asalariados no percibirán siquiera ese paliativo a menos que fuercen a las empresas a hacerlo.

La UOM, en tanto, negoció el pago en tres cuotas y Sanidad en dos, al igual que el sindicato de los porteros, SUTERH. Los plásticos y textiles en cuatro cuotas y los Viajantes en dos. Panaderos y Construcción acordaron absorber la totalidad del monto a partir de los acuerdos de revisión de paritarias y Aceiteros pactó que el bono sea de $ 10 mil en una cuota.

Datos oficiales de Afip, a julio de este año, reconocen una caída del salario real del 4,3% en un año para los trabajadores registrados privados. El Indec, a julio, informó de un retroceso del poder adquisitivo en los primeros siete meses de 2019 del 4,24% que desciende al 2,45% para los privados pero escala hasta el 11,81% para los no registrados.

Las cláusulas de revisión que ya se activaron fueron las de aceiteros y bancarios y hasta fin de año deberían revisar sus acuerdos los gráficos, metalúrgicos, empleados de entidades deportivas, sanidad y empleados públicos nacionales. En diciembre toca a los Camioneros y la Alimentación y, en enero, a Comercio.

Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, destacó que «el bono no sólo no alcanza para revertir la pérdida salarial de este año, en muchas actividades se va a licuar por la distribución en cuotas y en otras porque se va a ir compensando con las revisiones salariales. Termina siendo más un anuncio efectista que una recomposición salarial».

Para Campos, «lo más importante sigue siendo la fuerte caída del salario real en 2019 que se suma a la caída que se venía acumulando en los últimos cuatro años de casi el 20%. Un escenario que está lejos de haber llegado a su fin. En octubre, noviembre y diciembre el salario real seguirá cayendo. En ese escenario hay que entender la magnitud del bono».

Matías Maito, del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), observó que «entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, los trabajadores registrados del sector privado habrán perdido alrededor del 22% del poder adquisitivo. Es la misma proporción en la que cayó entre 2001 y 2002».

En diálogo con Tiempo, Maito relativizó el impacto del bono: «En cualquier caso es un paliativo muy menor para quienes lo cobren. Revertir este descalabro será un desafío de primer orden para el próximo gobierno. Es una condición para volver a impulsar la actividad económica y la generación de empleo de calidad».