Después de varios días de debate, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto que otorga un bono de fin de año de cinco mil pesos a los trabajadores registrados, aunque será sólo para el sector privado y las empresas podrán eludirlo en nombre de la recesión o tomarlo a cuenta de futuros aumentos y hasta de los ya concedidos por cláusulas de revisión.
Así lo confirmaron los ministros de Educación Alejandro Finocchiaro y de Seguridad Patricia Bullrich después de la reunión de gabinete de este lunes.
Del mismo modo anunciaron que el vice jefe de gabinete Andrés Ibarra estaba resolviendo una modalidad de aplicación sobre los empleados públicos nacionales, que también recibirán una bonificación por fuera de este decreto.
De este modo el decreto se podría publicar en el Boletín Oficial del día del martes formalizando el acuerdo a partir del cual la conducción de la CGT resolvió dejar sin efecto cualquier posibilidad de un paro general tal, como habían anunciado.
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Según lo establecido en el borrador del acuerdo que circuló la semana pasada y que fue sobre la base del cual los dirigentes de la central sindical tomaron esa decisión, las empresas podrán establecer su pago en una mayor cantidad de cuotas y hasta por montos inferiores en caso de que su sector atraviese una situación de “declinación productiva”. Del mismo modo, la letra asegura que el bono podrá ser eludido por aquellas patronales que ya hubieran re abierto sus paritarias a partir de las cláusulas de revisión e incluso otorgarlos a cuenta de futuros aumentos para discusiones pendientes.
El martesa se sabrá si el borrador mencionado sufrirá nuevos cambios a partir de las presiones que hubieran podido ejercer las cámaras patronales por un lado o las organizaciones sindicales por el otro.
El bono, de mantenerse la letra del texto, alcanzará, como máximo, a un tercio de los trabajadores registrados y no será percibido por jubilados ni beneficiarios de planes sociales o de la AUH. Tampoco lo percibirán empleados de casas particulares ni del sector rural.
Además, según un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, apenas cubrirá un 6% de lo perdido por los asalariados por inflación durante 2018.
