Las subas en el transporte público golpean con fuerza el bolsillo de la población que emplea ese servicio parta trasladarse en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Desde diciembre de 2015 tuvieron alzas muy por encima de los salarios: del 255% en el caso de los trenes; del 207% en el caso del subte y del 178% en el de los colectivos.

El impacto de estas subas sobre el bolsillo popular se demuestra en una simple comparación: en marzo de 2016, el gasto en el transporte de colectivos representaba el 1,13% de la mediana del salario registrado privado. En marzo de 2018 (último dato salarial conocido), esa proporción ya era del 2,25 por ciento. Es decir, se duplicó el peso del gasto del colectivo en relación al salario.

A estos números hay que agregar los últimos incrementos, del viernes pasado, de un peso para todos los tramos del servicio de colectivos; y de entre 25 centavos de peso y un peso para los diferentes ramales y distancias de los ferrocariles suburbanos.

En el caso del subte, el alza se encuentra en camino y el presidente de SBASE, Eduardo de Montmollin ya avisó que impondrá el nuevo valor del boleto, que será de $12,50, a fin de este mes, aunque por ahora está vigente un amparo judicial que impide la suba.

El último incremento forma parte de un aumento mayor que se pergeñó a fin del año pasado y que representaba alzas de entre el 60 y el 90% y que el gobierno resolvió fraccionar en tres para morigerar el impacto del aumento.

Así, la tarifa mínima del colectivo de pasajeros, que ra de 6 pesos, pasó a 8 pesos en  febrero, luego a 9 pesos en abril y por último alcanzó los 10 pesos desde el 1 de junio.

Del mismo modo, el boleto más caro arancó en siete pesos pasó a 9,50 pesos; 10,75 pesos y, por último, 11,75 pesos.

En el caso de los ferrocarriles fue similar, aunque existen tres niveles tarifarios diferentes. El más elevado es el que pagan los usuarios de los ferrocarriles suburbanos de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín, que cubren la zona Norte y Oeste del Gran Buenos Aires.

El pasaje mínimo se encontraba en 4 pesos. Luego pasó a 5,50 en febrero; 6,25 pesos en abril y desde el viernes es de 6,75 pesos. El pasaje más caro pasó de 6 pesos antes de febrero a 10 pesos ahora.

En el caso del subte, debió pasar desde $ 7,50 a 11 pesos el 1 de mayo, pero varias acciones de amparo detuvieron esa alza que continuaría con otro incremento a efectuarse a fin de este mes y que llevaría el boleto a $ 12,50, es decir, una suba total del 67 por ciento.

Desde la toma de control del subte por parte del Gobierno de la Ciudad, en 2012, siempre bajo administraciones PRO, ese servicio incrementó sus valores en un 1036%, de los que 207 por ciento van desde 2105.

Para reducir el impacto de estos incrementos, el Ministerio de Transporte ideó un mecanismo conocido como Red Sube por el cual se hacen más baratos los viajes en transporte público si dentro del lapso de dos horas el pasajero hace combinaciones en las que emplee colectivos, subtes o trenes.

El jueves pasado, en la previa al último aumento, el gobierno dio a conocer un estudio que indica que sólo cuatro de cada diez pasajeros paga el boleto pleno, mientras que los seis restantes, como hacen combinaciones, pagan menos por el segundo viajes y los subsiguientes. Según las cifras difundidas por la cartera de Guillermo Dietrich, de lunes a viernes el 43% de las personas combina uno o dos medios de transporte por lo que accede a los beneficios del boleto multimodal. Quienes más combinan son los usuarios del tren, ya que el 71% usa además otro modo de transporte para completar sus viajes. En el caso de los usuarios del colectivo, las cifras son similares: el 70% usa otro transporte público. Un escalón más abajo se encuentran los pasajeros del subte, servicio en el que el 56% emplea también otro medio.

Los datos oficiales contrastan con informaciones de consultoras privadas que indican que el impacto del esguema Red Sube no es tan amplio y que su cobertura no supera a tres pasajeros de cada diez.

Las naftas aumentaron antes de tiempo

La actualización del impuesto a los combustibles dispuesta por la AFIP fue el detonante para hacer caer el ya tambaleante acuerdo entre las petroleras y el gobierno, que aspiraba a mantener sin cambios el precio de las naftas y el gasoil hasta fin de mes. El Ministerio de Energía autorizó al fin subas de entre el 4,5% y 5%, por lo que el litro de súper ya supera los $ 27 y pasa los $ 31 en el caso de la nafta premium. También quedó establecido un segundo aumento del 3% a aplicarse desde el 1 de julio.

La ruptura del acuerdo se veía venir por la doble suba del precio del barril de petróleo y de la cotización del dólar, los principales parámetros que usan las empresas para fijar sus valores. El gobierno quería ganar tiempo y demorar el impacto inflacionario pero debió rendirse ante la situación. «