Si bien el dato no constituye una novedad para los operadores del mercado financiero ni para los medios especializados, ahora el hecho se ha formalizado ante la justicia. 

Es que las autoridades del Banco Central reconocieron en la sede judicial del Tribunal Oral Federal Nº 1 que, durante las jornadas que sacudieron al mercado financiero a principios de este mes y derivaron en una devaluación del peso de un 25%, operaron en el mercado de dólar futuro. En particular reconocieron haberlo hecho a través del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y del Mercado a Término de Rosario (Rofex). 

El oficio, presentado por el representante legal Julio Loader, señala que «se hace saber a ese tribunal que este organismo ha resuelto participar en mercados de operaciones de futuros en dólares norteamericanos”. Las autoridades, además, aportaron a la causa el acta del directorio del BCRA del 8 de mayo en la que se resolvía recurrir a esa modalidad de intervención en el mercado cambiario. 

La presentación es en respuesta al requerimiento del Tribunal Oral Federal como parte de la causa por defraudación al estado que se le sigue a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof entre 15 funcionarios del gobierno anterior. El pedido, de hecho, fue realizado por Carlos Beraldi abogado defensor de CFK. 

El propósito de la defensa a la hora del requerimiento al juzgado, claro, es el de intentar demostrar que esa operatoria forma parte de los instrumentos de política económica a los que puede recurrir en forma relativamente ordinaria la entidad monetaria.

La denuncia y el pedido de imputación lo habían realizado el 20 de octubre de 2015 los entonces diputados Federico Pinedo y Mario Negri acotado a los funcionarios del Palacio de Hacienda y el BCRA. El fiscal, sin embargo, amplió la denuncia hasta la ex presidenta afirmando que ella había sido quién «impartió las directivas”.

A la hora de su pedido de elevación a juicio oral, el fiscal Eduardo Taiano había señalado que «los imputados sabían que su accionar, contrario a la normativa que debían respetar, implicaba un serio menoscabo al patrimonio público». 

La supuesta defraudación al Estado consistió -según la denuncia- en vender dólar futuro a $10 a sabiendas de que, en realidad, la divisa cotizaría en alrededor de $15 para la fecha en la que se estaba operando. De ese modo, según consta en la causa, se habría generado una pérdida de U$S 17 mil millones de dólares. 

En el caso de la actual gestión, la decisión de operar en el mercado futuro de divisas persiguió el objetivo de, por un lado, tratar de dar señales de estabilidad en el mercado de cambios (operó en momentos en los que la divisa cotizaba a $26,75 a diciembre 2018) y, por el otro, anclar esa cotización futura ofreciendo a los potenciales operadores de carry trade  un seguro de cambios por debajo de las tasas del 40% pautadas para la renovación de las Lebacs.