La irrupción de Internet y su expansión a la enorme mayoría de los hogares del mundo han constituido la más grande revolución de las comunicaciones en la historia de la humanidad. Su uso ha cambiado la forma en que concebimos la realidad misma: ahora todo es inmediato, no existen distancias ni fronteras ni idiomas excluyentes.

La universalización de Internet implicó ventajas y mejoras en absolutamente todas las disciplinas desarrolladas por hombres y mujeres. Aquello que no está vinculado a las redes resulta obsoleto y va camino a su indefectible desvanecimiento.

El impacto de las redes transformó radicalmente nuestra relación con la información y los contenidos. En poco más de una década, la vida cotidiana de las personas se vio ineludiblemente atravesada. Hoy podemos vincularnos con familiares y amigos en tiempo real reduciendo distancias como nunca antes, consumimos producciones culturales de cualquier parte del mundo, accedemos a información de múltiples fuentes seleccionada directamente por nosotros, publicamos contenidos propios para exponer nuestras ideas y pensamientos, estudiamos carreras, cursos y talleres para continuar aprendiendo, y agilizamos procesos productivos o resolvemos problemas cotidianos gracias a tutoriales. La lista es interminable.

Sin embargo, como toda revolución tecnológica, desnuda las asimetrías de una sociedad que tiende a ordenarse cada vez más entre ganadores y perdedores en el acceso a Internet, y que puede convertirse en un desigualador social si no se toman las medidas necesarias. Es allí donde el Estado posee un papel insoslayable y que debe asumir sin demoras con total responsabilidad.

En este sentido, la pandemia de COVID-19 no hizo más que demostrar esto que venimos diciendo: Internet se volvió absolutamente indiscutible en estos años en aspectos esenciales como la educación, la salud o el trabajo, que han liderado la transición digital de manera acelerada y con buenos resultados, lo que nos ha permitido lograr un equilibrio entre las necesidades de aislamiento para combatir el virus y la continuidad laboral y educativa. Pero esta esperanza cifrada en la capacidad de la sociedad de adaptarse rápidamente al nuevo contexto no debe nublarnos la vista: vastos sectores sociales, en especial los sectores populares y aquellos alejados de los centros urbanos, son los que han afrontado mayores dificultades para acceder a Internet y quienes han requerido un esfuerzo adicional del Estado.

Este contexto demostró la necesidad ineludible de un Estado presente, activo y eficaz para resolver los problemas de los argentinos y argentinas que el mundo actual presenta. Por ello, el Gobierno nacional estableció como premisa básica de su administración la ampliación de derechos, empezando por los últimos para llegar a todos. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asumió esa responsabilidad y, desde el comienzo de la crisis sanitaria, trabaja para garantizar el acceso a Internet de todas y todos los habitantes del país.

El derecho de acceso a Internet es reconocido por Naciones Unidas como fundamental para los hombres y mujeres del mundo. Este derecho garantiza la conectividad, el acceso a la infraestructura y a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de manera equitativa, económicamente accesible y con una calidad adecuada.

Por ello, el Estado nacional, a través de ENACOM, ha creado e implementado una serie de programas de conectividad para garantizar el desarrollo de redes en el que se invertirán más de 10 mil millones de pesos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), y ha decretado que Internet es un servicio público esencial en competencia. Es nuestra función generar mecanismos regulatorios que fomenten el despliegue y el acceso a redes para construir una sociedad más democrática y con igualdad de oportunidades.

Cada 17 de mayo se celebra a nivel mundial el #DiaDeInternet, para insistir en la importancia que las TIC tienen en todos los campos de nuestras vidas, bregar por la reducción de la brecha digital y el desarrollo de las ciudadanías digitales, y defender el derecho humano básico de todas y todos los habitantes del mundo al acceso a esta tecnología.

Quienes formamos parte de ENACOM nos sumamos una vez más a esta celebración trabajando día a día con compromiso y profesionalismo, para concretar políticas públicas que promuevan y garanticen la inclusión digital.