En los últimos días, la Universidad Nacional de La Plata creó su Observatorio de Servicios Públicos (OPS), pensado como un espacio de trabajo para el análisis, la construcción de conocimiento y la defensa de los derechos de la ciudadanía y del sector productivo en la materia. Este viernes difundió su primer documento de trabajo, donde analiza la evolución de las tarifas de los servicios públicos de gas natural y electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los principales aglomerados urbanos del interior bonaerense, más precisamente en el período 2015-2019.

Tiempo dialogó con el abogado y docente de esa Casa de Altos Estudios Eduardo Baldi, director del flamante Observatorio, que se perfila para nutrir de insumos informativos y analíticos a productores del sector, usuarios, consumidores y comunicadores.

-¿Por qué la decisión de crear un Observatorio de Servicios Públicos?

-Esto está enmarcado en un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales que vienen trabajando en el tema, desde distintos aspectos, desde hace mucho tiempo. Acá hay organizaciones como CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Solidaridad y la Igualdad), IESO (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz), APSEE (Asociación de Personal Superior del Personal Superior de Empresas de Energía), OETEC (Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Cada una de ellas viene desarrollando, dentro de su ámbito, estudios relacionados, en uno u otro aspecto, con los servicios públicos. Se juntaron, en el marco que proporciona la Universidad Nacional de La Plata, para estudiar un tema crucial para la sociedad en general, para las personas, el ciudadano de a pie y, en particular, para los sectores más vulnerables de la sociedad: los servicios públicos y las tarifas. Lo que implican las tarifas en los ingresos ciudadanos. Así que tiene sentido en esa órbita. Son varias organizaciones que siempre vienen trabajando en el tema, y que se juntaron para estudiar esto más profundamente.

-¿Qué ejes de trabajo proponen?

-Inicialmente, queremos que el Observatorio sea un espacio para aportar conocimientos a la sociedad, a los actores del sistema de servicios públicos, y a las autoridades que tengan que definir en relación a esta temática. Porque entendemos, como investigadores e investigadoras, tanto de la Universidad como de las ONG que te mencioné, que las tarifas de servicios públicos tienen que ser accesibles, razonables y sostenibles en el tiempo. Que los ciudadanos no tengan que dejar gran parte de su ingreso para poder acceder a un servicio público. Y básicamente, los servicios públicos están en el orden de los derechos humanos. Es decir, todos tenemos derecho a tener una vivienda digna. Y una vivienda digna implica que sea calefaccionada, que tenga la posibilidad de poder cocinar los alimentos, de poder estar agradablemente en su interior, de tener agua potable, toda una serie de cuestiones que se relacionan con el derecho humano. Entonces, en ese sentido creemos que el Observatorio básicamente apunta a generar conocimientos para que las tarifas y los servicios públicos sean accesibles a toda la sociedad.

-¿Cuáles son las conclusiones más importantes del primer documento de trabajo que publicaron?

-Básicamente, hicimos un estudio de las tarifas de los servicios públicos en el tramo de gobierno 2015-2019. Y eso lo comparamos con el ingreso ciudadano. Entonces encontramos que, para hacer una construcción comparativa, las tarifas fueron por escalera o por ascensor, y el ingreso ciudadano fue por una escalera de escalones muy bajos. En ese período se ha multiplicado el ingreso de las empresas, con los costos de las tarifas, pero no así el ingreso de los ciudadanos. Esto se ve a través de los balances presentados por las propias empresas en la Comisión Nacional de Valores, en el mercado de Estados Unidos. Se han estudiado los datos del INDEC para el ingreso ciudadano y de las PyMEs. Por otro lado, también hemos visto el desempeño de las empresas prestatarias de servicios públicos. Y vimos que el servicio no mejoró. Entonces, encontramos un panorama de importantísimo aumento de tarifas, que no tienen correlato con la mejora del servicio que supuestamente era el objetivo que se quería cumplir con ese incremento.

-El gobierno de Cambiemos sostenía en su discurso que, supuestamente, había un atraso tarifario.

-Exactamente. Como prolegómeno del documento, partimos de esa base diciendo que, supuestamente, las tarifas estaban desactualizadas o depreciadas, y había que mejorar el ingreso de las empresas para que mejorara el servicio. Lo que nosotros encontramos, a partir de estos primeros estudios, es que los ingresos de las empresas aumentaron, los servicios se dolarizaron, porque el precio de la energía y del gas se dolarizó en ese período, pero los ingresos ciudadanos siguen en pesos. Hay una abrupta diferencia entre lo que ganaron las empresas y lo que tuvieron que pagar los ciudadanos. Con lo cual, una de las conclusiones de este estudio es que se extrajeron recursos de la sociedad.

-¿Qué significa el concepto de “pobreza energética”, mencionado en el estudio?

-Es un concepto que ha nacido en otros países, sobre todo en el contexto europeo. Lo traemos a la Argentina porque entendemos que es un concepto novedoso para poder estudiar lo que significan las tarifas públicas. Entonces, partimos de la base que el servicio público es un servicio esencial para el desarrollo de las personas, para el desarrollo humano. Entonces, no entendemos que la provisión de servicios públicos en la producción de energía o de gas sea un comercio, un negocio, sino que es un elemento esencial para el desarrollo humano. Tenemos que partir de esa base. Y en esa base, en ese sentido, el pago de las tarifas de servicios públicos no puede implicar un determinado nivel del ingreso de las personas. Entonces, cuando el pago de los servicios públicos se lleva un determinado nivel, que puede ser el 20 por ciento, del ingreso de las personas, estamos hablando de pobreza energética. Es decir, esa persona va a ser más pobre porque tiene que pagar los servicios públicos y, por ende, distrae de sus ingresos recursos que puede utilizar para otra cosa, como vestimenta, alimentación, esparcimiento. Una persona es “pobre energética”, cuando el pago de esos servicios públicos se lleva una importante parte de sus ingresos.