Las secretarías de Finanzas y de Hacienda dispusieron la emisión de una letra del Tesoro a 179 días por US$ 1.173,65 millones, a ser suscripta por jurisdicciones, entidades, empresas, entes y fondos fiduciarios del Sector Público Nacional, a través de la resolución conjunta 41/2023 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La letra tiene como fecha de emisión el 28 de agosto, y de vencimiento el 23 de febrero de 2024. La emisión es por US$ 1.173.654.219,98 con precio de suscripción de US$ 983,13 por cada valor nominal original (VNO) de US$ 1.000 y cupón cero a descuento.

En el tramo final de su presidencia, Mauricio Macri estableció mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 668/2019 que una serie de entes, jurisdicciones, empresas y fondos fiduciarios del Estado Nacional «sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras pre cancelables emitidas por el Tesoro Nacional a un plazo que no exceda los 180 días».

La movida de Economía

La medida fue parcialmente modificada ya en la presidencia de Alberto Fernández a través del DNU 346/2020, y ambas normas fueron prorrogadas este año por el decreto 88/2022.

Las jurisdicciones y organismos involucrados sujetos a ser suscriptores de la letra del Tesoro están comprendidos en el artículo 8 de la Ley 24.156 de Administración Financiera:

a) Administración Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social.

b) Empresas y sociedades del Estado, que abarca las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

c) Entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos del Estado nacional.