La suba del 6,2% del IPC de septiembre y del 83% en relación con septiembre de 2021, supuso una leve desaceleración de la inflación respecto a los meses previos, pero el indicador se mantuvo en niveles históricos.
La continuidad de la tendencia se conocía por los informes privados que anticipan al oficial, y en ese contexto surgieron versiones que indicaron que el gobierno preparaba un plan de estabilización de los precios minoristas.
El asunto fue tema de debate en el Coloquio de IDEA, el tradicional foro empresarial que se realizó en Mar del Plata hasta el viernes. Fue el escenario que eligieron el ministro de Economía, Sergio Massa, y su secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren, para desmentir todos los trascendidos.
El plan
La versión indicaba que el titular de Hacienda y su equipo planeaban instrumentar una política de congelamiento de precios y que, en ese marco, se estaba definiendo convocar a sectores puntuales de la economía para comunicar la decisión.
El viernes, sectores del comercio minorista consultados por Tiempo estaban al tanto de la supuesta intención oficial de lanzar ese plan de estabilización y agregaron que la idea de los funcionarios era empezar la ronda de encuentros por el lado de la industria.
En IDEA, Mendiguren dirigió la atención a las empresas fabriles que remarcaron excesivamente sus precios para cubrirse de una devaluación que descontaban meses atrás. Esa devaluación no se produjo pero las empresas no retrotrajeron los precios (ni, por lo tanto, su rentabilidad) a los niveles anteriores.
Frente al impacto de la noticia, que motivó apoyos dentro de la alianza gobernante y fuera, entre economistas, algunas empresas y sectores de la oposición, Massa negó desde Washington: «Mi idea es recorrer un camino de reducción gradual de inflación, entendiendo que hay medidas que en la coyuntura pueden acelerar el proceso», dijo ante la prensa.
El ministro ratificó que está en marcha el plan que anunció al asumir y que incluye un proceso de ordenamiento fiscal y de las variables macroeconómicas que se articula con políticas sectoriales destinadas a sostener la actividad.
La lista de sectores con los que existen mesas de negociación incluye al complejo automotriz, a la agroindustria, a las empresas hidrocarburíferas y a las de la Economía del Conocimiento, entre otros. Las políticas que se acordaron en esos espacios fueron metas de crecimiento y beneficios fiscales para el incremento de las exportaciones, que no suponen un costo fiscal para el Estado y con las que el gobierno apunta a incentivar la producción y sus ventas a mercados del exterior.
Salarios complicados
El sector massista de la administración pública defiende su plan y rechaza la propuesta de congelamiento, pero reconoce que la inflación «es lo más complejo de la actualidad» y que demanda acciones resolutivas inmediatas.
En ese punto da señales confusas. Mendiguren señala el rol que jugaron las industrias en los aumentos y propone actuar sobre el componente de «expectativas» que regula la inflación, pero rechaza los controles por ineficientes y no da mayores pistas sobre una propuesta de políticas concretas para atacar los abusos. Tampoco se refiere a los monopolios y oligopolios que intervienen con todo su peso en la formación de los precios, por ejemplo, de los alimentos, el rubro de mayor incidencia del IPC.
Insiste, en cambio, en que «la decisión es que el salario no sea la variable de ajuste», algo que entra en conflicto con la inflación, que socava el poder adquisitivo a pesar de que todos los días se renueva alguna paritaria.
La pregunta sobre los sectores interesados en instalar el presunto plan de estabilización de choque dejó ver diferencias en el propio entorno del ministro de Economía. «Lo nuestro es el ordenamiento en cuentas con interés en sostener actividad y mantener el poder adquisitivo. Si el equipo de finanzas piensa en otro tipo de medidas para reforzar este proceso de ordenamiento no lo sé. Pero no creemos que el rumor haya salido de ellos», dijo una fuente con conocimiento del tema. Las medidas aludidas, concluyó, tienen que ver con «presiones para dar un salto brutal del tipo de cambio oficial. Esa es la discusión». «