El grupo empresario, propiedad de Eduardo Lerner, sufrió un traspié judicial que obliga a revisar su decisión de despedir a gran parte de sus trabajadores, mediante el cierre de la editorial Publiexpress (que edita Pronto la revista más vendida del país) y la planta gráfica IPESA.
La decisión había sido anunciada por la propia empresa a sus trabajadores horas antes de que el gobierno publicara el decreto de prohibición de despidos. Para la firma, la norma oficial no los alcanzaba aunque los trabajadores no hubieran sido notificados antes del período de vigencia del decreto. Pero además, una vez conocida la amenaza del cierre, la cartera laboral había dictado una conciliación obligatoria que la empresa decidió ignorar.
El 7 de junio, día del periodista, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y los delegados de la comisión interna de la Revista Pronto anunciaron “una buena noticia para compartir”. En un texto que dieron a conocer el mismo domingo manifestaron que “la Justicia del Trabajo dictaminó la nulidad de los despidos en la Revista Pronto y ordenó la reinstalación inmediata de seis de sus trabajadores en sus puestos”.
Se trata de aquellos trabajadores y delegados que habían reclamado su reincorporación por la vía judicial. Para la justicia, según el comunicado gremial, “el fallo puso de manifiesto que Publiexpress llevó a cabo los despidos ilegales durante los primeros días de abril, violando así el DNU presidencial que prohíbe los despidos durante la pandemia del Covid-19”. Al mismo tiempo, destacan que “la Justicia también desestimó la causa de fuerza mayor invocada por la empresa ya que la tarea periodística fue reconocida como trabajo esencial desde el inicio de la cuarentena”.
Días antes, el 2 de junio, se había conocido un fallo de la justicia referido a la gráfica IPESA perteneciente al mismo grupo empresario y cuyo anuncio de cierre no había impedido que se beneficiaria con una licitación para la impresión de los cuadernillos oficiales que el Ministerio de Educación editó para abordar los cursos a distancia impuestos por la suspensión del dictado de clases presenciales y el aislamiento social y preventivo obligatorio.
En ese caso se trata de un primer fallo que ordena la reincorporación de los tres delegados de la fábrica: Walter Santoro, Juan Ovando y Ezequiel Rosales. Mediante un comunicado de prensa los delegados gráficos señalaron que “hemos tenido que ir a la justicia porque lamentablemente el Ministro de Trabajo Carlos Moroni no ha hecho absolutamente nada». Luego, continúan «la empresa ha aprovechado la pandemia para despedir trabajadores en masa, mientras tiene trabajo y cuenta con la revista más vendida de la industria editorial (Revista Pronto), así precarizan el trabajo tercerizándolo y se cubren de cualquier riesgo de parate productivo a consecuencia del COVID-19, mientras trabajadores con décadas de antigüedad pierden sus puestos de trabajo en medio de una pandemia y estando declarada la emergencia nacional”.
En el mismo comunicado, los trabajadores reinstalados señalan que “no puede ser que se permita a la empresa burlarse de normativa de emergencia y todavía se la premie con una licitación, como si nada pasara”. Con todo, aclaran que “queremos que la empresa mantenga la licitación, pero el trabajo debe hacerse con las máquinas y los empleados de IPESA”. En ese caso, se trata de un primer fallo que, aspiran, “sirva para modificar la situación arbitraria que están viviendo más de 100 familias que han quedado ilegalmente en la calle en medio de la pandemia despedidos por una empresa con trabajo”.
La decisión había sido anunciada por la propia empresa a sus trabajadores horas antes de que el gobierno publicara el decreto de prohibición de despidos. Para la firma, la norma oficial no los alcanzaba aunque los trabajadores no hubieran sido notificados antes del período de vigencia del decreto. Pero además, una vez conocida la amenaza del cierre, la cartera laboral había dictado una conciliación obligatoria que la empresa decidió ignorar.
El 7 de junio, día del periodista, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y los delegados de la comisión interna de la Revista Pronto anunciaron “una buena noticia para compartir”. En un texto que dieron a conocer el mismo domingo manifestaron que “la Justicia del Trabajo dictaminó la nulidad de los despidos en la Revista Pronto y ordenó la reinstalación inmediata de seis de sus trabajadores en sus puestos”.
Se trata de aquellos trabajadores y delegados que habían reclamado su reincorporación por la vía judicial. Para la justicia, según el comunicado gremial, “el fallo puso de manifiesto que Publiexpress llevó a cabo los despidos ilegales durante los primeros días de abril, violando así el DNU presidencial que prohíbe los despidos durante la pandemia del Covid-19”. Al mismo tiempo, destacan que “la Justicia también desestimó la causa de fuerza mayor invocada por la empresa ya que la tarea periodística fue reconocida como trabajo esencial desde el inicio de la cuarentena”.
Días antes, el 2 de junio, se había conocido un fallo de la justicia referido a la gráfica IPESA perteneciente al mismo grupo empresario y cuyo anuncio de cierre no había impedido que se beneficiaria con una licitación para la impresión de los cuadernillos oficiales que el Ministerio de Educación editó para abordar los cursos a distancia impuestos por la suspensión del dictado de clases presenciales y el aislamiento social y preventivo obligatorio.
En ese caso se trata de un primer fallo que ordena la reincorporación de los tres delegados de la fábrica: Walter Santoro, Juan Ovando y Ezequiel Rosales. Mediante un comunicado de prensa los delegados gráficos señalaron que “hemos tenido que ir a la justicia porque lamentablemente el Ministro de Trabajo Carlos Moroni no ha hecho absolutamente nada». Luego, continúan «la empresa ha aprovechado la pandemia para despedir trabajadores en masa, mientras tiene trabajo y cuenta con la revista más vendida de la industria editorial (Revista Pronto), así precarizan el trabajo tercerizándolo y se cubren de cualquier riesgo de parate productivo a consecuencia del COVID-19, mientras trabajadores con décadas de antigüedad pierden sus puestos de trabajo en medio de una pandemia y estando declarada la emergencia nacional”.
En el mismo comunicado, los trabajadores reinstalados señalan que “no puede ser que se permita a la empresa burlarse de normativa de emergencia y todavía se la premie con una licitación, como si nada pasara”. Con todo, aclaran que “queremos que la empresa mantenga la licitación, pero el trabajo debe hacerse con las máquinas y los empleados de IPESA”. En ese caso, se trata de un primer fallo que, aspiran, “sirva para modificar la situación arbitraria que están viviendo más de 100 familias que han quedado ilegalmente en la calle en medio de la pandemia despedidos por una empresa con trabajo”.
