La Asociación Cooperativas Argentinas (ACA) y las empresas Molinos Agro (de Pérez Companc) y Viterra Argentina (ex Glencore) acordaron con Vicentin la adquisición de sus principales activos, a través de una operación que incluye una inversión de U$S 607 millones, destinada a capital de trabajo y a cubrir la deuda acreditada en la convocatoria de acreedores. Los pormenores del entendimiento quedaron sellados en una carta de intención (term sheet) firmada recientemente, a la que Tiempo tuvo acceso y de la que se desprenden detalles relevantes, como el pedido de una nueva prórroga en el concurso preventivo y la continuidad de la «familia Vicentin» en el futuro inmediato de la compañía.

La revelación del documento se da en paralelo a la presentación formal de la propuesta de pago a los acreedores, que contempla una quita del 70% sobre la deuda total, estimada en U$S 1573 millones. La oferta, incorporada esta semana al expediente que conduce el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, plantea un pago inicial de U$S 20 mil por cabeza y el resto a saldarse en 13 cuotas anuales.

El term sheet, que se extiende a lo largo de 48 páginas, brinda con minucioso detalle la operación por la que los «interesados estratégicos» se podrían hacer cargo de Vicentin. El uso del potencial no es casual: en todo momento se aclara que tiene un carácter no vinculante y que su ejecución está atada a una serie de circunstancias. De todas formas, hay coincidencia entre las partes sobre su concreción.

El acuerdo establece que los inversores comprometerán aportes por un mínimo de U$S 607 millones, a lo largo de un período de 15 años, en el cual tendrán exclusividad para operar las plantas que la defaulteada empresa tiene en el cordón industrial del sur santafesino. La transacción no contempla las unidades productivas ubicadas en la localidad de Avellaneda -de donde es oriunda Vicentin-, situación que genera preocupación en el gremio porque hay 200 empleos en riesgo (ver aparte).

Los fondos aportados por ACA, Molinos y Viterra se afrontarán a través de un plan que contempla cuatro cuotas anuales de U$S 54 millones y 11 de U$S 34 millones, más una suma adicional de U$S 17 millones repartida en forma proporcional a lo largo de los 15 años.

Adicionalmente, los «interesados estratégicos» aseguran el pago de contingencias por hasta U$S 113 millones. Este punto fue uno de los más ríspidos en la negociación, porque incluye, entre otras, las posibles sanciones que el Banco Central aplique por la no liquidación de exportaciones (hay un sumario abierto donde el ente estatal determinó que «se habrían configurado transgresiones» por al menos U$S 139 millones).

El entendimiento permitiría así asegurar el funcionamiento de las plantas y el resguardo de las fuentes laborales, al tiempo que permitiría cubrir las deudas generadas en la etapa anterior al anuncio de «estrés financiero» en diciembre de 2019. En la empresa ven con expectativas favorables su aprobación en el concurso, en el que talla no solo la opinión de la sindicatura y el juez, sino especialmente la de los acreedores, que deberán elegir entre cobrar un 30% de su deuda o esperar alguna otra alternativa.

Se estira el concurso

Por fuera de los fondos comprometidos, la carta de intención revela que en breve se pedirá en el expediente una nueva extensión de los plazos en el expediente que conduce Lorenzini. Ello significa que Vicentin solicitará ir más allá del 16 de diciembre, fecha en la que actualmente vence el período de exclusividad, esto es, el límite para que la concursada logre las mayorías necesarias para aprobar su propuesta de pago.

Asimismo, el acuerdo establece cómo se conformará el futuro directorio. En este punto se destaca que habrá tres directores (titulares y suplentes), uno de los cuales será designado «según instrucciones impartidas al exclusivo criterio» de los accionistas, lo que significa en la práctica la continuidad de la «familia Vicentin» en la conducción de la compañía.

El term sheet detalla cuáles son los activos que formarán parte de la futura operación: planta y puerto de San Lorenzo; planta de Ricardone; total del paquete accionario de Renova en poder del grupo Vicentin; 100% de las acciones de Oleaginosa San Lorenzo SA y Renopack SA; y 34% del paquete de Patagonia Bioenergía SA.

Sobre Renopack y Patagonia Bioenergía, se indica que las acciones, hoy en manos de Vicentin Family Group (VFG), deberán ser transferidas a Vicentin Saic (la firma concursada), que en contraprestación transferirá a la empresa familiar participaciones en Río del Norte, Vicentin Desarrollos, Diferol, Friar, Buyanor; Terminal Puerto Rosario, Playa Puerto, Juviar, Sir Cotton, Algodonera Avellaneda, Enav y Sottano.

Adicionalmente, respecto a las sociedades del grupo, se establece que en un plazo de 18 meses habrá una «reestructuración» de las operaciones no vinculadas con los activos incluidos en el acuerdo. En ese tiempo Vicentin deberá liquidar las sociedades Vicentin Europa, Vicentin Paraguay y Vicentin Uruguay.

Corren riesgo 200 puestos de trabajo

Dentro del conjunto de acreedores de Vicentin, el Banco Nación es el único que tiene la categoría de «privilegiado». Como tal, ya viene cobrando parte de su deuda, a través una prenda sobre la facturación de una de las plantas de la agroexportadora, lo que durante el último año equivalió a unos $ 157 millones.
Según planteó recientemente Vicentin, el actual esquema está poniendo en peligro la continuidad de la fábrica, al no disponer de los fondos para hacerla producir. Por ello, elevó recientemente al banco una nueva propuesta, en la que ofreció cambiar la prenda por una garantía real sobre la planta y que solo vaya al banco el resultado neto de las operaciones -y no el ingreso total-.


El planteo no cayó para nada bien en el ente que conduce Eduardo Hecker, donde evaluaron que, al ritmo planteado, la deuda se terminaría cobrando en más de 500 años. Según pudo conocer este medio, rechazarán de plano la propuesta.


La planta en cuestión está ubicada en Avellaneda, en la que actualmente trabajan 200 personas y está especializada en la producción de etanol. La misma no forma parte del esquema de compra por parte de ACA, Molinos y Viterra, por lo que el contrapunto entre Vicentin y el Nación genera un panorama complejo para su continuidad.


La situación generó el involucramiento del juez Fabián Lorenzini, quien solicitó a Hecker que reciba al directorio como estrategia de acercamiento. Esta semana, el diputado provincial Carlos del Frade presentó un pedido de informes en la Legislatura santafesina, por lo que el tema probablemente gane en temperatura los próximos días.