En un operativo de pinzas, el gobierno intenta convencer a los popes del empresariado y la industria local que no habrá una devaluación, mientras desde otros organismos se articulan normas para mantener a raya los tipos de cambio alternativos que abundan en los últimos meses. Empoderado tras la reestructuración de la deuda pública con los bonistas privados, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se puso al frente de la parte más álgida: el diálogo con los hombres de negocios. Al mismo tiempo, el Banco Central y en la Comisión Nacional de Valores emitieron regulaciones sobre política monetaria y la operatoria con títulos públicos.
El objetivo es reducir la brecha entre la cotización oficial y las alternativas que se generaron a partir de que se limitara el acceso al mercado cambiario. El dólar blue, el bolsa y el contado con liquidación (CCL) son hijos de las restricciones que el macrismo adoptó en agosto de 2019 y que se agudizaron en diciembre con un impuesto del 30% (al que luego se sumó una percepción adicional del 35% a cuenta de Ganancias) a las compras minoristas en los bancos. Ese dólar llamado solidario es el que sirve de piso para todas las demás paridades.
De manera inevitable, el tema fue uno de los puntos centrales en las conversaciones entre las autoridades económicas y la misión del FMI que estuvo en Buenos Aires para celebrar un nuevo programa que reemplace al stand by caído el año pasado. En aquella ocasión, el Fondo había exigido hasta la tozudez la libre flotación del dólar. Esta vez, en una velada autocrítica, sus técnicos aceptaron el control de cambios y coincidieron en que no es necesario devaluar, pero también manifestaron su preocupación por la brecha entre esos tipos de cambio alternativos y el oficial. En octubre la diferencia llegó a ser de 115%, pero luego disminuyó. El viernes, el dólar blue cerró a 156 pesos, un 92% por arriba del precio mayorista.
En el gobierno afirman que no hay motivo por el que esa distancia influya en los precios internos, ya que los insumos para la industria se importan a través del mercado oficial. Ese fue uno de los argumentos que Guzmán puso sobre la mesa en reuniones reservadas con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y con la Unión Industrial Argentina, el viernes pasado. Pero esa explicación no termina de convencer a los formadores de precios. «No estamos pidiendo una devaluación. El tipo de cambio no está retrasado. Pero nos preocupa la brecha porque eso influye sobre las expectativas. Necesitamos algún tipo de previsibilidad», dijo tras ese encuentro el presidente de la UIA, Miguel Acevedo.
Tasas y bonos
Al mismo tiempo, el Banco Central ensayó una suba de tasas, para crear oportunidades de inversión que compitan con el dólar. Según el Informe de Política Monetaria (Ipom) conocido en la última semana, la entidad cree que hay lugar para ese proceso «pasada la etapa más crítica de la crisis» y para permitir «rendimientos positivos respecto de la inflación y el tipo de cambio». Desde julio, la tasa minorista subió siete puntos, hasta llegar al 37% anual. Para algunos analistas, esa suba es módica. «Esta decisión llega tarde y en dosis muy acotadas, aunque al menos va en la dirección correcta», señala un reciente informe de la consultora Ecolatina. El sendero alcista tiene un tope cercano: la asistencia crediticia pospandemia que necesitará gran cantidad de empresas.
Por su parte, la Comisión Nacional de Valores redujo a solo dos días el tiempo que los compradores de bonos deben mantenerlos en su poder (parking, como se lo conoce en la jerga), con el objetivo de facilitar la afluencia a los mercados CCL y MEP, en los que se compran títulos en pesos para luego venderlos en dólares y quedarse con los billetes. Así se desanda el camino emprendido en meses anteriores, cuando se extendió el parking hasta 15 días. Pero la medida más fuerte apunta a las sociedades y agentes de bolsa: la CNV los obliga a que «de manera transitoria y excepcional» reduzcan la cantidad de bonos que tienen en cartera. El objetivo es incrementar la oferta y bajar el precio. La resolución se tomó el miércoles y parece haber dado resultados: el contado con liquidación cerró la semana a 149 pesos, casi 18% menos que el récord de cinco semanas atrás. «
BCRA y CABA se cruzan por las Leliq
El Banco Central reivindicó sus facultades para desarrollar su política monetaria sin intervenciones y, en particular, para defender la eficacia de sus Letras de Liquidez (Leliq) como herramienta para regular el dinero circulante. Por eso salió a cruzar la iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de aplicar Ingresos Brutos a la renta que los bancos obtengan por la tenencia de esas letras. El titular de la entidad, Miguel Pesce, envió una carta al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reclamando que se abstenga de «toda acción que desvirtúe, obstaculice o resulte en pugna con las políticas que lleva adelante la institución».
La iniciativa de Larreta plantea levantar la eximición de la tasa de 7% sobre las rentas que las Leliq y los pases activos les generan a los bancos radicados en la Ciudad de Buenos Aires. Con esa potencial recaudación de $ 12 mil millones, el gobierno porteño busca paliar el recorte del índice de coparticipación que le aplicó el Ejecutivo nacional.
Desde el punto de vista del Central, las Leliq y los pases que entregan a los bancos son herramientas fundamentales de su política monetaria, en este caso orientadas para reducir la liquidez y regular la cantidad de dinero en plaza. También son un dolor de cabeza: como ambos instrumentos son remunerados (las tasas actuales son de 38% y 31% respectivamente), generan unos $ 900 mil millones en intereses al año. Así y todo, el BCRA las reivindica: Pesce sostuvo que el gravamen que se intenta aplicar «distorsiona las políticas que lleva adelante el Banco Central». «
