El acuerdo inicial celebrado en los primeros días de marzo había fijado una suba del 30% de los salarios para el primer cuatrimestre de las paritarias 2023-2024 para los docentes universitarios.
La letra de aquel entendimiento indicaba que los aumentos se otorgarían en tres cuotas a percibirse en los meses de marzo (16%), mayo (7%) y junio (7%). Además se llevó la garantía salarial (un piso salarial por cargo semi exclusivo) hasta $ 130 mil netos.
El acuerdo había sido suscripto por todas las organizaciones sindicales con representación nacional menos por la Conadu Histórica que, de entrada, planteó la necesidad de una reapertura de la discusión salarial que exigió mediante un plan de lucha.
Escalada de precios y primera reapertura
La escalada de precios que se produjo en el mismo mes de marzo y las medidas adoptadas forzaron una reapertura de las negociaciones apenas un mes después en las que no se ofreció una suba porcentual adicional sino apenas el adelantamiento de las cuotas acordadas previamente.
Así, se acordó una suba del 8% para abril y otra para mayo de un 6%. De nuevo, las mismas federaciones aceptaron el acuerdo a la vez que, una de las más representativas, la Conadu Histórica, rechazó y definió más medidas de fuerza.
Se va la segunda
A menos de un mes de ese nuevo acuerdo, el deterioro de la situación forzó una nueva reunión de revisión en la que, nuevamente se llegó un acuerdo con las mismas organizaciones luego de ofrecer un incremento adicional de apenas un 3% al salario de mayo que, entonces, será del 9%.
Para uno de los sindicatos más representativo de las universidades nacionales, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) integrante de la Conadu Histórica, en realidad, ese 9% no alcanza para equiparar la inflación del 8,4% registrada en el mes de abril porque se aplica sobre el salario de marzo y, por lo tanto, medido en forma mensual implica apenas un 7,98%. Por eso la organización rechazó nuevamente el acuerdo y ratificó la medida de fuerza pautada para los días 30 y 31 de mayo y que consistirá en un paro general de actividades.
Garantía congelada
La organización, además, explicó que la garantía salarial acordada en el primer entendimiento no está sujeta a las mejoras porcentuales y se mantendrá fija hasta el mes de agosto de este año cuando, en todo caso, podrá ser revisada. Ese piso salarial que quedará congelado hasta el mes de agosto involucra a más de la mitad de los docentes efectivamente en sus cargos ya que alcanza a los ayudantes de 1° con hasta 20 años de antigüedad, los Jefes de Trabajos Prácticos con hasta diez años de antigüedad y los profesores adjuntos con hasta cinco años de antigüedad.
Según estimaciones gremiales, en el mes de marzo, la garantía alcanzaba a cien mil docentes de un total de 190 mil en todas las universidades nacionales. Así las cosas, en dos revisiones paritarias y en el marco de una creciente escalada de precios, más de la mitad de los docentes no obtendrán aumento salarial alguno entre el mes de marzo y agosto de este año. El resto, por el momento, logró un adicional de apenas el 3% sobre lo que se había acordado en marzo.
Para la AGD-UBA, “el básico propuesto para el cargo testigo de ayudante de 1° con dedicación semi exclusiva cubre apenas el 46,64% de la canasta de pobreza publicada por el INDEC para el mes de abril con un importe de $203.361”.
Además, denuncian, “se demuestra una vez más que la garantía salarial destruye la carrera docente en su desarrollo de cargos, responsabilidades y funciones así como distorsiona el adicional por antigüedad”. La organización ratificó la medida de fuerza reclamando un incremento del 30% en una sola cuota y la indexación automática por inflación. A la vez exigen la devolución de los descuentos a los docentes de los colegios preuniversitarios que sufrieron sanciones por adherir a los paros y fondos para las obras sociales.
