Dos hechos marcaron en las últimas horas el terreno en el que se dirimirá el conflicto por las tarifas del gas. La justificación realizada en el Congreso por interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos González, del aumento de tarifa, y la presentación realizada por el gobierno nacional ante la Corte Suprema del informe técnico con el detalle de la situación en todo el país, previa a las resoluciones que impusieron el brutal incremento.
Ambas medidas que confirman la decisión del gobierno de Mauricio Macri de defender a rajatabla el nuevo esquema tarifario- se produjeron en la antesala de la audiencia de la Cámara Federal de La Plata que este jueves se pronunciará sobre el recurso presentado por el gobierno nacional contra el fallo que frenó el aumento en las tarifas del gas en todo el país y la medida que dispuso la suspensión del incremento del servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires.
La Sala II de la Cámara Federal había declarado la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía «por no haber sido precedidas de audiencias públicas», y ordenó retrotraer la situación a la fecha previa a la puesta en práctica de esas medidas. El fallo fue dictaminado tras una presentación realizada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (Cepis). Contra ese pronunciamiento, el Ministerio de Energía presentó un recurso extraordinario para que la resolución final quede en manos de la Corte Suprema de Justicia, lo que podrá resolverse el jueves.
Ayer, Tezanos González -el titular del ente regulador que asumió ese rol luego de presidir la distribuidora de gas por redes en el área metropolitana de Buenos Aires, Metrogas, que ahora debe controlar- expuso ante la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados sobre el nuevo cuadro tarifario, la tarifa social y la recategorización por región. Como era previsible, Tezanos González justificó la medida dispuesta por el gobierno nacional al sostener que es parte de un «proceso de transición» para «remunerar las inversiones» de las licenciatarias y aseguró que «no era necesaria» la audiencia pública para definir el nuevo cuadro de valores. Justamente este último punto es el que habilitó el reclamo de los usuarios ante la justicia, y la intervención de la Cámara platense que frenó la aplicación que obsesiona al gobierno.
«En la provincia está vigente la medida cautelar. Por lo tanto no hay que pagar la factura y esperar el pronunciamiento de las distintas instancias», sostuvo el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias. «No es verdad que revocaron mi fallo, como salió en varios medios. La cámara suspendió mi decisión, no lo revocó», sostuvo el juez a Radio la Red. «En la provincia de Buenos Aires la Cámara en lo Contencioso y Administrativo le cambió un efecto a un recurso de apelación presentado por el Ejecutivo», detalló Arias.
Tezanos González había adevertido que ante la indefinición de la Justicia a los reclamos por las resoluciones del gobierno van a pedir «instrucciones» al Ministerio de Energía porque a los usuarios se les «va acumulando deuda y en algún momento tiene que ser cancelada». El funcionario garantizó que las empresas «no» harán cortes de servicios por falta de pago «en esta coyuntura», y negó que las compañías de transporte y de distribución de gas hayan recibido subsidios para compensar el atraso tarifario.
En paralelo, el gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema el informe técnico con el detalle de la situación tarifaria en materia de gas en todo el país, previa a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería, que definieron las nuevos cuadros tarifarios del servicio a partir del primero de abril pasado, cuya aplicación se encuentra suspendida. El informe presentado por el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, consta de 80 páginas y se elevó a raíz de un pedido formulado por la Corte Suprema de Justicia realizado el 12 de julio pasado.
El máximo tribunal todavía no definió el mecanismo por el que tomará en sus manos el caso, si es a través del per saltum pedido por el gobierno o como parte de las instancias judiciales que se encuentran en curso, entre los que se destaca el recurso presentado por las autoridades nacionales ante la Cámara Federal de La Plata en contra del fallo que declaró nulo las resoluciones tomadas por el Ministerio de Energía para instrumentar la suba de las tarifas.
El tribunal manifestó la necesidad de saber «cómo quedaría conformado el esquema tarifario final», con la aplicación de la Resolución MINEM 99/2016, que estableció topes del 400 y 500% de aumento en las tarifas residenciales y para comercios, respectivamente. En el trabajo elaborado por el gobierno se explican los antecedentes de la situación tarifaria, así como los criterios adoptados por el Ministerio de Energía para poner en marcha el nuevo cuadro dispuesto, además de los alcances de los subsidios y la implementación de la tarifa social.
