El reperfilamiento de la deuda pública se encuentra en el limbo. Las dos semanas que transcurrieron desde los anuncios del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, no han mostrado avances en ninguna de las tres iniciativas que se propuso. La principal razón es la falta de capacidad política del gobierno para llevarlas adelante.

En el caso del proyecto de ley para modificar los términos de la deuda emitida bajo legislación argentina con vencimiento entre 2020 y 2023, el gobierno intentó abrir una negociación con la oposición para lograr una aprobación en el Congreso, pero no tuvo éxito. «A la fecha, seguimos negociando y trabajando con los jefes de bloque opositores», le dijo a Tiempo una fuente de Hacienda.

Tras lo sucedido con la votación de la ley de emergencia alimentaria, que puso de relieve la escasa fuerza de voluntad del oficialismo en el Congreso, abundan las dudas respecto de su capacidad para sacar adelante el proyecto. Algo parecido podría suceder con el Presupuesto del año que viene (ver página 12).

Con la reprogramación de deuda emitida con soberanía extranjera, la situación avanzó algo ya que los bancos comenzaron a entregar a Hacienda algunos borradores. Con todo, en las entidades no se hacen ilusiones: «Respondimos al pedido de Hacienda, pero sabemos que no va a pasar nada hasta que asuma el nuevo gobierno», escuchó Tiempo de boca de una persona con conocimiento del tema.

Acá pesa también la nula capacidad de maniobra del gobierno en relación con abrir una negociación de este carácter, ya que los acreedores pedirían un incremento en el volumen de deuda a cambio de una extensión en los plazos de pago, algo que en el macrismo consideran que escapa a sus posibilidades. Acá pesan, incluso, consideraciones de tipo legal ya que entre los miembros del Poder Ejecutivo hay temor por la posible judicialización de las decisiones financieras que se tomen.

La dilación está abriendo una pulseada entre los actuales tenedores de los bonos y otros inversores que quieren acceder a ellos. Con una cotización de apenas el 40% de su valor original, el reperfilamiento elevaría los precios de los bonos hasta un mínimo del 60%. Informes emitidos por JP Morgan y Bank of America conocidos en la semana que pasó destacaban esta «oportunidad» de compra que se hace más atractiva a medida que pasa más tiempo sin definiciones.

En un plano similar se encuentra la intención de debatir con el Fondo Monetario un cambio en el perfil de deuda. Para el organismo multilateral de crédito y control, el actual gobierno argentino ya no está en condiciones de encarar una negociación. El desplante en relación al desembolso de 5400 millones de dólares vinculados a la quinta revisión del acuerdo stand by son una clara muestra de cómo ve el directorio del FMI al caso argentino (ver aparte).

El reperfilamiento que presentó el ministro Lacunza el 28 de agosto incluyó un default de letras de muy corto plazo. Se trató de una medida compulsiva que impuso el alargamiento de los pagos del capital e intereses de las Lete y Lecap emitidas tanto en dólares como en pesos como una solución de emergencia ante «la incertidumbre de los mercados financieros» y así disponer de divisas para atender la demanda de dólares y evitar una nueva devaluación del peso.

Lo notable fue que el default impuesto a esta deuda incrementó las dudas sobre la capacidad de pago del resto de la deuda. Exactamente lo contrario de lo que esperaba el gobierno. «

Insolvencia en 2020

Tal como adelantó este diario el domingo pasado, el FMI postergará el desembolso de los 5400 millones de dólares correspondientes a la quinta revisión del acuerdo stand by. En medios financieros internacionales se considera que las negociaciones entre el staff técnico del Fondo y los enviados argentinos que representarán a Alberto Fernández comenzarán apenas despunte el lunes 28 de octubre.

Si bien algunos números dados a conocer por Hacienda indican que el gobierno tiene sus necesidades cubiertas así no reciba el dinero del FMI, otras fuentes no son tan optimistas. Un reciente informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) indicó que las necesidades argentinas de fondos se mantendrá «elevada» a pesar del default de las letras de corto plazo.

El IIF observa que se ha producido una concentración de vencimientos en el segundo y tercer trimestres de 2020 que podrían «asfixiar» las finanzas locales si, al mismo tiempo, la administración entrante no logra renegociar otras deudas.