Para sanear los números de la Nación, cada argentino debería levantar un pagaré de 7000 dólares, sin importar su edad, su condición social ni su provincia de residencia. Esa cifra, que equivale a unos 115 mil pesos, es provisoria: crece día a día, conforme el gobierno apela a la táctica de endeudarse para tratar de que el dinero necesario para salir del rojo no provenga de su propio bolsillo.
El monto proviene de dividir el total de la deuda pública bruta por la población del país. Según el Ministerio de Finanzas, al 31 de diciembre del año pasado la deuda era equivalente a U$S 288.448 millones que, repartidos entre los casi 43,6 millones de habitantes de la Argentina, según proyección del Indec en base al censo 2010, da 6617 dólares por persona. La cifra creció en lo que va de este año, aunque se carece de números oficiales. El Observatorio de Deuda del Instituto del Trabajo y la Economía estima que en estos cinco meses el gobierno emitió obligaciones por U$S 39 mil millones; si bien muchas de ellas fueron para pagar vencimientos, una parte ya se aplicó a cubrir el déficit fiscal, proyectado en U$S 25 mil millones para todo 2017, lo que equivale a 7000 dólares por habitante.
Aunque el indicador es menor que en otros países de la región, como Uruguay y Brasil, la deuda por habitante creció fuertemente en los últimos 12 meses. Hasta entonces, contabilizando los bonos que no habían sido ingresados a los canjes anteriores (y que igual fueron incluidos en la serie histórica armada por Finanzas para facilitar la comparación), la relación había pasado de U$S 5256 por persona en diciembre de 2011 a U$S 5889 a finales del gobierno kirchnerista, con una suba del 12% en ese período (incluso en 2015 había llegado a bajar levemente). Pero el giro de timón que en la materia impuso Cambiemos, al frenar la emisión monetaria y recurrir al endeudamiento para cubrir el desequilibrio entre recursos y gastos, le imprimió un crecimiento explosivo a la deuda, que subió casi U$S 35 mil millones en un año. Por eso, en 2016 la deuda per cápita tuvo un alza del 12,4%, mayor que en todo el cuatrienio anterior. Pese al cambio de política, algunos vicios de la gestión anterior quedaron, como el financiamiento intraestatal. Por caso, los adelantos transitorios del Banco Central apenas mermaron un par de puntos porcentuales: el BCRA es acreedor en U$S 24 mil millones.
El incremento de la deuda pública (que podría terminar el año arriba de los U$S 300 mil millones) también se refleja en otra relación que los analistas miran muy de cerca: el coeficiente entre deuda y PBI, que refleja cuán grande es el pasivo en relación con las posibilidades productivas de un país. Según estimó el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que dirige el exdiputado nacional Claudio Lozano, en 2016 la deuda significaba el 54,2% del Producto Bruto y los intereses y servicios representaban el 13,6% de ese indicador. En ese centro de estudios consideran que la deuda intraestatal tomada en 2016 (Letras del Tesoro suscriptas por organismos públicos) superó los U$S 17 mil millones y por eso cuentan que en 18 meses de gestión, los compromisos netos contraídos por el macrismo fueron de U$S 80.723 millones: un promedio de U$S 149 millones por día.
Medida con el coeficiente que se quiera, la deuda pública es un lastre que condiciona fuertemente no solo a la gestión, sino a la gente. En primer lugar porque, aun cuando se logre refinanciar los compromisos una y otra vez, genera un interés que hay que pagar: en lo que va del año el gobierno ya abonó por ese concepto $ 76 mil millones, duplicando casi el déficit primario (ingresos menos gastos). Además, porque es una deuda que abarcará a varias generaciones. Hasta hace pocos días, la obligación más lejana en el tiempo era una cuota de un préstamo del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) con vencimiento en 2047. Pero en la última semana se agregó un bono que colocó el Ministerio de Finanzas y que vencerá en 2117. De todas maneras, lo que le importa al equipo económico es el ya y ahora: entre julio y diciembre los vencimientos serán de U$S 31 mil millones, más del 10% del total. «
Por el déficit público, Cambiemos «rasca la olla»
En un mes cargado de emisiones de deuda por parte del gobierno nacional, llamó la atención la colocación, el miércoles pasado, de Letras del Tesoro en pesos por 4271 millones que fueron adquiridas por el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE), un fideicomiso constituido en 1995 para auxiliar a los bancos tras el efecto Tequila y que en 2000 amplió sus objetivos de salvataje a todo tipo de empresa. El FFRE jugó un papel importante entre los años 2002 y 2004, cuando las empresas debieron renegociar sus deudas en dólares ya pesificadas.
El FFRE tenía una fecha de disolución, pero diferentes normas le dieron sobrevida. Si bien el respaldo al Tesoro nacional ante el creciente déficit público no figuraba entre sus objetivos, el FFRE hizo su aporte a la política de «rascar la olla» del gobierno nacional para hacerse de fondos.
Este mismo fondo ya prestó plata al gobierno nacional. Lo hizo en 2010. Recibió a cambio una letra intransferible a un año.
Ese plazo es el mismo de las Letras adquiridas en esta oportunidad y pagará un interés semestral anclado en la tasa Badlar de bancos públicos, más baja que la que rige para los bancos privados.
La administración Cambiemos ya apeló a la ANSES y el Banco Nación para obtener fondos a cambio de bonos. Ahora apela a organismos menos conocidos.
No es lo mismo
Una manera de analizar la deuda pública es segmentarla según el acreedor: si es un privado o un organismo estatal. El gobierno de Cambiemos ha privilegiado el endeudamiento con el sector privado, tanto nacional como extranjero, que le ha prestado en moneda local y en divisas duras.
La deuda de este tipo abre la puerta a la injerencia del acreedor sobre la política económica del gobierno a fin de asegurarse el cobro de su acreencia. Además de que reemplaza la jurisdicción de los tribunales locales por otros extranjeros, típicamente los de Nueva York y Londres.
En tanto, si el acreedor es el Banco Central o la Anses, el gobierno tiene la posibilidad de refinanciarla en forma permanente, tal como hizo el kirchnerismo. El problema es que impacta negativamente en los balances de esos organismos y los condiciona para cumplir con sus obligaciones futuras.
El bono del siglo, un pedido de los acreedores
Una colocación a largo plazo con una tasa de interés seductora, ideal para los fondos de pensión y las compañías aseguradoras que necesitan cubrir los riesgos de sus operaciones. Todos esos ingredientes reúne el bono a 100 años que el gobierno argentino colocó esta semana, en una operación sin precedentes en la Argentina. En el mundo los analistas preguntan por qué un inversor querría un título así, en lugar de fijarse en los beneficios para el emisor.
Según el Financial Times, el interés que despertó el bono (se colocaron U$S 2750 millones pero hubo ofertas por más del triple) se debe a la necesidad de cubrirse si la situación en Estados Unidos no mejora y finalmente la Reserva Federal no eleva el tipo de interés. Las condiciones del título (tasa de 7,125% anual, pero del 7,9% real) lo convierten en una buena alternativa, incluso para un país que en el exterior es visto como incumplidor después de sus reiterados defaults. «Con un rendimiento cercano a 8%, el bono se repaga a los inversores en cerca de 12 años, sin contar su valor de reventa», dice el análisis del influyente periódico financiero.
¿Qué dijo el gobierno? «El pago del capital será irrelevante dentro de 100 años. Y el cupón de interés es más bajo al de nuestro bono de 30 años», explicó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en una entrevista concedida al diario Clarín. «Es la ventaja de haber recuperado la credibilidad y la confianza», agregó. Lo que no dijo el ministro fue que al finalizar el período Argentina habrá pagado entre siete y ocho veces el valor de lo recibido (que fue solo U$S 2490 millones, porque la suscripción se realizó por debajo del valor nominal) y que desde 2030 hasta 2117 el país remesará U$S 200 millones por año que serán ganancia pura de los acreedores. Y que las condiciones son mucho más onerosas que los pocos países que recurrieron a estrategias similares: Bélgica pagó 2,30%, Irlanda 2,35% y México 5,75%. Aunque en el futuro, la Argentina mejore su calificación crediticia, la sobretasa que el mercado le impone hoy deberá seguir siendo pagada durante un siglo. «
