Alfredo Fernández es empleado del Instituto Nacional del Tecnología Industrial (INTI) hace nueve años, contratado como monotributista. El martes por la tarde las autoridades del INTI, que cargan con el despido de 268 técnicos y profesionales y denuncias por malversación de fondos públicos a través de licitaciones y adjudicaciones dirigidas, le enviaron un telegrama revocando su contrato. En rigor, se trata de un despido sin causa.

Alfredo es discapacitado motriz y se moviliza en silla de ruedas. Hace 20 años un tumor en la médula espinal afectó la movilidad de sus piernas y lo condenó a consumir medicamentos en forma crónica para preservar su estado de salud.

Pero esa característica particular, que podría haberlo mantenido inactivo, no fue impedimento para Alfredo, que se dedicó a diseñar y ensamblar, en forma particular, equipamientos para discapacitados y en particular sillas de ruedas de corrección de postura especiales para niños.

En 2010 ingresó al INTI para desempeñarse en el sector de Salud y Discapacidad con el propósito de desarrollar la misma tarea para el sector público y, al mismo tiempo, desplegar un programa de capacitación en ese oficio destinado a jóvenes de escuelas técnicas de todo el país.

El despido forma parte de un proceso general de desmantelamiento de áreas del Instituto entre las que está incluida precisamente la de Salud y Discapacidad. Sugestivamente, la cesantía se produjo el mismo día en que se conoció la intención del gobierno de proceder a una revisión de las miles de pensiones por discapacidad vigentes sobre la base de un sistema de gestión electrónico que podría tener como desenlace la baja de 10 mil beneficiarios.

En diálogo con Tiempo, Alfredo, contó: “El programa era muy interesante. Recorrí todo el país enseñando a los chicos a diseñar las sillas que luego entregaban gratuitamente a alguien que las necesitara. Hacerlas cuesta menos de una cuarta parte que las que están disponibles en el mercado”.

Al mismo tiempo explicó que: “Yo no puedo volver a trabajar. No me puedo mantener, me muevo en taxi y uso una medicación muy cara que no se cómo voy a pagar. No sé qué va a pasar con mi vida. Les pido a las autoridades que reconsideren el tema y me devuelvan mi puesto de trabajo”.

Fernández, además, opinó: “Esto es una política de Estado, no es la primera ni será la última vez que pase. Siempre las personas más vulnerables somos las que sufrimos.”.

La Junta Interna de ATE-INTI dio a conocer el hecho mediante un comunicado en el que señala: “Exigimos la inmediata reincorporación de Alfredo, Sandra (otra empleada cesanteada en el sector de cueros) y los 268 despedidos por las autoridades. Javier Ibañez y su staff están llevando al INTI a un vaciamiento histórico, por lo que deben renunciar de inmediato. Su único propósito en la dirección del Instituto es la de desviar cientos de millones de pesos de los fondos públicos hacia sus empresas, y para eso necesitan un INTI militarizado y un hostigamiento permanente sobre sus trabajadores/as”.