La agrupación Inquilinos Agrupados (IA) informó que los precios de los alquileres aumentaron entre un 46% y un 60% entre septiembre de 2015 y el mismo mes de este año por lo que reclamó un marco legal que otorgue “previsibilidad a un mercado desregulado” y a la vez permita “desmitificar la idea de que la rentabilidad de los propietarios es baja”.

Con ese dato la entidad salió al cruce del portal Zonaprop, integrante del grupo empresario Navent de bienes raíces y recursos humanos, que informó incrementos del 37% promedio en los últimos doce meses, que a su vez interpretó como “señales de desaceleración” tras el pico que generó la devaluación de diciembre de 2015.

En un comunicado oficial, IA destacó que “elaborando nuestras propias estadísticas con los reclamos que recibimos pudimos constatar que el aumento en el precio de los alquileres ronda el 46%, y en algunos casos llegan al 60%, con ajuste semestrales del 12% al 20%”.

En diálogo con Tiempo, el titular de IA, Gervasio Muñoz, consideró “importante contrastar el informe del mercado con el nuestro para desmitificar que la rentabilidad de los propietarios es baja y para marcar una línea frente a la hipótesis de que los alquileres están bajando”.

En esa línea defendió el proyecto de Ley de Alquileres que impulsa la entidad para que los contratos sean ajustados de forma anual y a un índice promedio entre el salario y la inflación. “Si el gobierno prevé que la inflación va a ser del 17% todo el año que viene no se puede firmar hoy un contrato por dos años con aumentos del 17% o el 18% semestral”, ejemplificó Muñoz, quien advirtió sobre el peligro de una posible crisis habitacional en las grandes ciudades del país.

El inquilino resaltó que la importancia de este proyecto “tiene que ver con que el mercado deje decidir cuáles son los valores de los alquileres” y subrayó que, de progresar, “sería la primera vez en la historia que entra al Congreso una ley impulsada por una asociación de inquilinos”.

Además del índice para valorizar los alquileres en relación con el salario y la inflación, el proyecto de IA establece llevar el plazo mínimo de los contratos de dos a tres años, una medida “fundamental para la estabilidad de las familias que alquilan y para dejar de transferir al mercado inmobiliario la cantidad de dinero que transferimos en cada renovación o mudanza”, explicó Muñoz a este medio.

El comunicado de IA denunció que “en los últimos días se difundieron en distintos medios de comunicación datos vinculados al aumento en el precio de los alquileres que no se ajustan a la realidad de los inquilinos”. Las cifras, según el mensaje de la entidad, “surgieron de un informe de la plataforma online de clasificados inmobiliarios Zonaprop que indicaba que el aumento de precios está en desaceleración y que en los últimos doce meses el aumento fue del 37%”. 

En sentido contrario, IA detalló que “desde hace años, el aumento de los alquileres en encuentra muy por encima de la evolución general de precios y salarios, con una aceleración muy pronunciada durante los últimos doce meses” y ejemplificó con datos promedio de la Ciudad donde «el incremento promedio en los alquileres entre febrero de 2015 y febrero de 2016 alcanza al 63.7%”. Esta tasa de variación interanual puede descomponerse en 2, explicó la asociación de inquilinos, “un incremento promedio mensual del 2.7% entre febrero y noviembre de 2015 y un incremente mensual del 8.7% entre noviembre de 2015 y febrero de 2016”.

El trabajo de IA detalla también el componente especulativo que rodea a la formación de los precios de los alquileres. Desde el 2010 en adelante “la inflación oficial por año ha sido en todos los períodos muy inferior al aumento anual en los precios de los alquileres”. Incluso en el 2015, cuando hasta los índices mensuales del “IPC-Congreso” habían mermado “los aumentos promedio de los alquileres en la Ciudad superaron el 38%, dejando muy atrás a los índices inflacionarios más pesimistas”, explicó la entidad.

A la par, el estudio destaca que el alquiler ocupa cerca del 60% de un salario promedio “lo que significa que hace falta más de un ingreso para poder alquilar una vivienda y que los contratos se firman con indexaciones ocultas que superan cualquier índice de inflación”, lo que sumado a los aumentos de impuestos y servicios termina por conformar un cóctel fatal para el bolsillo del inquilino promedio.