Seis meses después de concluido el conflicto laboral en la agencia estatal de noticias Télam, saldado con la reinstalación vía judicial de los 357 despedidos, los trabajadores de prensa denunciaron que el gobierno nacional ha montado un esquema de presiones sobre la Justicia laboral a fin de modificar esas sentencias.
Los señalamientos apuntan a que el gobierno busca desplazar a los jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ratificaron los fallos de primera instancia favorables a la reinstalación de los despedidos de Télam.
«Se trata de un lobby de la Casa Rosada para sustituir a los jueces naturales, que ya se pronunciaron sobre la ilegalidad de los despidos, y trasladar las causas a jueces afines al gobierno», dijo a Tiempo Mariano Suárez, delegado de los trabajadores de prensa y miembro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Los trabajadores de Télam aseguran que «el lobbista del gobierno en este caso es el abogado Juan José Etala y el presidente de la Cámara del Trabajo, Luis Catardo».
Etala es el apoderado de la agencia Télam. Amigo de Macri y al igual que el presidente, egresado del colegio Cardenal Newman, fue dirigente de Boca. Macri lo designó hace poco como miembro de una comisión que estudiará las posibilidades de aplicar una reforma laboral.
En un comunicado publicado el viernes, los trabajadores de prensa de Télam observaron que «el gobierno promueve ahora que la Mesa General de Entradas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo sortee todos los expedientes vinculados con Télam, asignando a cada uno un destino diferente para apartar, ya sin una recusación directa, a los jueces que le molestan. El movimiento puede demandar presentaciones, contestaciones, vistas, traslados y probablemente termine resolviéndose luego de varios días en una reunión del pleno de la Cámara hasta que los expedientes tengan una asignación de juez definitiva».
El texto agregó: «No es la primera ni será la última de las acciones por las que el Poder Ejecutivo, falto de argumentos de derecho, busca condicionar a los magistrados que deben fallar». Es que antes de este intento de darle nuevos destinos a los nueve expedientes que aún deben ser resueltos por la Sala V de la Cámara de Apelaciones, el gobierno ya buscó otros caminos.
El primero fue mientras el conflicto laboral aún estaba en escena. El gobierno recusó a los jueces de esa sala, Enrique Arias Gisbert y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, pero sin éxito.
Luego, el abogado de Télam Julio César Zampaglione pidió que se les iniciara juicio político, que está en trámite actualmente.
Los trabajadores de Télam se declararon en estado de asamblea permanente y convocaron a una asamblea el próximo miércoles 6 a fin de discutir los pasos a seguir ante lo que caracterizan como una nueva ofensiva de la empresa que incluye «censura, destrucción de contenidos y la persecución penal contra los periodistas y administrativos de la agencia», según expresaron la semana que pasó en un acto. «
