El escándalo desatado por el informe de Gabriela Boquín – el cual estima que el Estado condona el 98% de la deuda que el Grupo Macri tiene con el mismo- tuvo sus primeras consecuencias judiciales. Los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti denunciaron penalmente a Mauricio Macri, a su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Mocoroa.
La denuncia fue presentada en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Se acusa a los tres funcionarios por fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
En la propuesta que aceptó el gobierno macrista dice el escrito-, el 50 por ciento de la deuda de la familia Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033. De ahora a 15 años y 32 años más tarde del momento en que empezó el juicio. Y todo esto, con una quita de 70.163 millones de pesos, que surgen de tomar el plazo y la tasa de interés aceptada por el Estado en lugar de lo que correspondería, que es la tasa de interés activa del Banco Nación. O sea, pagarían tres décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda que debería cobrar el Estado.
Sabbatella y Cerruti denunciaron que al momento de emitir su dictamen sobre la aceptación de la oferta por parte del Estado Nacional, la fiscal Gabriela Boquín advirtió que la propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible ( ) por resultar equiparable a una condonación de deuda; que la aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal; y la propuesta aceptada resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad, entre otras cosas.
