En 1974, Raymundo Gleyzer estrenó su documental Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. La historia, breve, versaba sobre la disyuntiva que enfrentaban los 81 obreros de la metalúrgica Insud que, como resultado de su trabajo, sufrían intoxicación con plomo en la sangre. El film puso de relieve la situación de los trabajadores que se ven obligados a exponer su salud, a veces como única alternativa frente al ataque a sus derechos o directamente la pobreza.
Es lo que, de alguna forma, comenzó a ocurrir la semana pasada. El miércoles se mostró con cruda nitidez esa disyuntiva entre salud y economía, de la que opinan empresarios y economistas que, en general y desde los grandes medios, lo hacen en defensa de sus ganancias presionando por una apertura más o menos abrupta de la cuarentena.
Pero ese día, fue una veintena de organizaciones sociales la que decidió salir a la calle encabezados por la consigna “Con hambre no hay cuarentena”. En la convocatoria, de la que participaron Polo Obrero, MTR Histórico, C.U.Ba.y MAR, entre otros, aseguraron que, paradójicamente, se movilizaban “defendiendo la cuarentena”.
Un camino similar adoptaron al día siguiente los profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que marcharon hacia la Legislatura porteña reclamando un salario para los 1400 concurrentes que exponen su salud sin cobrar un peso. Lo hicieron junto con el sindicato docente Ademys y organizaciones sociales de la Ciudad, que movilizaron contra la Ley de Emergencia Económica, que habilita al Ejecutivo porteño a congelar salarios y reducir el presupuesto para el Instituto de la Vivienda, en medio de una pandemia que comienza a afectar con fuerza a los barrios más vulnerables. El viernes fue el turno de los repartidores que, en bicicletas y motos, reclamaron al Ministerio de Trabajo que intervenga en favor de un aumento de salarios y condiciones que garanticen la salubridad en una tarea que los expone al contagio.
Los ataques contra sus derechos comienzan a empujar a distintos colectivos sociales a retomar la calle aunque, en todos los casos, respetando el distanciamiento social y munidos de guantes de goma, barbijos y máscaras de plástico. Y siempre como última alternativa tras insistir con otras formas.
Entre las organizaciones sociales y sindicales el debate ya está presente. Juan Carlos Alderete, dirigente de la CCC y diputado nacional por el Frente de Todos, reconoció a Tiempo que “lamentablemente, mi gobierno –porque me considero parte– está llegando tarde a la emergencia”. Para el histórico dirigente villero, “no escuchan a los que tenemos representación en los barrios y sabemos de pobreza, falta de trabajo y hacinamiento. Siempre dijimos que estábamos de acuerdo con la cuarentena pero para que haya un aislamiento social exitoso deben intervenir las organizaciones junto con el poder político y sanitario”.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, aclaró que el miércoles “sólo salimos con los responsables de los comedores que están autorizados porque son personal esencial”. Por eso, explicó, “no vimos ninguna contradicción. Lo que sí vimos fue una campaña de los grandes medios contra la movilización. Nos critican por la marcha, pero piden a gritos la liberalización de la cuarentena para que la gente vaya a laburar hacinada en trenes y colectivos”.
En la misma línea, Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, explicó que “estamos viendo que las medidas del gobierno son para resolver los reclamos de los empresarios y no de los trabajadores. Reivindicamos la cuarentena como método de protección, pero cuando el gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta aplica un ajuste estamos obligados a salir”.
Alderete, si bien reconoció que “se ha triplicado la demanda y hay muchos comedores a los que no llegan los alimentos”, se distanció de la idea de volver a la protesta callejera: “Me parece equivocado pero los respeto porque entiendo la desesperación de la gente. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente: defendemos la vida y creo que tenemos una responsabilidad como dirigentes”.
Para Belliboni, sin embargo, “la contradicción no puede ser cuarentena con hambre o ruptura de la cuarentena. Es como el perro que se muerde la cola. Nos morimos si salimos y nos morimos si nos quedamos. Acá es donde entra el planteo del seguro al desocupado de 30 mil pesos que resuelve el problema de las licitaciones y la corrupción porque la plata llega a la gente en forma directa. Es un instrumento que garantizaría la cuarentena. Claro que entra en contradicción con los intereses de los capitalistas porque los seguros universales constituyen un piso salarial que es lo que ellos quieren romper”, concluyó.
