El jueves se definieron nuevas áreas económicas del Gabinete nacional “para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión”. En lo esencial, se unificaron los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca en una nueva cartera que estará a cargo de Sergio Massa, e incluirá las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. Se informó que el miércoles próximo se comunicarán nuevas medidas.
También se anunció un esquema para incentivar la liquidación de divisas de la cosecha de soja: a los productores y/u operadores que comercialicen soja (no se incluye a las exportadoras) se les permitirá, hasta el 31 de agosto, que por el 30% del valor de la venta de granos compren moneda extranjera de libre disponibilidad al valor del llamado “dólar solidario”. El 70% restante se acreditará a la vista en una “Cuenta especial para titulares con actividad agrícola”, con retribución diaria en función de la evolución del dólar oficial. Los porcentajes enunciados son los que le quedan al productor luego del pago de las retenciones, es decir que éstas ingresan al fisco por el 100% de la exportación. Además, se incrementarán las reservas por el 70% de las divisas que recibe el productor que se adhiera a esta medida.
No hay ningún misterio: se trata de una medida de sencilla implementación y que protege a los productores de la incertidumbre cambiaria que se impulsa artificialmente vía la cotización de los dólares financieros y del ilegal. Es una norma transitoria con la que se busca mejorar la situación cambiaria, a la espera de que finalice el período de mayores importaciones energéticas.
El presidente Alberto Fernández se refirió a la especulación cambiaria: “Esto finalmente es una pulseada para ver si vamos a devaluar o no y nosotros no vamos a devaluar porque devaluar es empobrecer a la gente y eso es lo que no queremos hacer. Así que, bueno, seguiremos peleando, hasta que entiendan que una vez deben pensar en la gente”. Las señales son claras y los incentivos están dados para que, en un contexto de buenos precios internacionales, los productores vendan sus stocks.
Sin embargo, a poco de que saliera la normativa del BCRA para incentivar las ventas de soja guardada en silobolsas, un miembro de la Sociedad Rural Argentina señaló que es una medida de “difícil implementación (…), sin consenso y eso no es bueno en ningún sector de la economía”. Son los argumentos de siempre, que dejan ver que los mercados no quieren regulaciones y sólo puede haber “consenso” cuando no está en juego el principio del lucro máximo. A su vez, Elisa Carrió recomendó a los productores: “hagan patria y guarden su dinero”, dando a entender que no comercialicen los granos.
Este tipo de declaraciones no llaman la atención, pero preocupan ya que pueden tener impacto en las expectativas, incluso aunque no tengan asidero en los fundamentos de la economía. Ya pasó cuando ciertos referentes de la oposición señalaron que Argentina iba a tener que defaultear más adelante su deuda en pesos, a partir de lo cual se originó una elevada volatilidad.
Las fuertes alzas en los valores de los dólares financieros (MEP y CCL) y del ilegal durante la anterior semana demostraron su gran nivel de especulación e irracionalidad. Las especulaciones sobre cambios en el gabinete y su posterior confirmación generaron fuertes bajas el jueves y el viernes (cerca de $ 50 desde sus máximos de julio).
Además, los títulos públicos ajustables por CER, eje de la especulación, se recuperaron un 30% en julio, mientras que también aumentaron significativamente las acciones: el S&P Merval subió en julio un 38,5% y medido en dólares ascendió un 21,4%.
Lo repito: la situación económica no cambió en absoluto en esos días, sólo se modificaron las expectativas.
Siguiendo con los anuncios, el Tesoro Nacional colocó títulos por $ 523.500 millones entre el miércoles y jueves, lo que lo llevó a concluir julio con un financiamiento neto positivo de $ 372.700 millones. Las colocaciones superaron en más del doble a los vencimientos: un resultado significativo teniendo en cuenta el entorno de volatilidad. En la última licitación se ofreció una mejora en los rendimientos, y el 41% correspondió a instrumentos a tasa fija. En este contexto, el Banco Central avanza con el proceso de coordinación financiera con el Tesoro Nacional, alineando la tasa de política monetaria con los rendimientos de los títulos públicos. Por ello, dispuso elevar la tasa de interés nominal anual (TNA) de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días hasta un 60%, equivalente a una tasa efectiva anual (TEA) del 79,8%. Al mismo tiempo, se elevaron los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas: para las imposiciones de hasta $ 10 millones, la TNA se fijó en el 61% nominal, que equivale a una TEA del 81,3%. A su vez, entre otras medidas, el Directorio del BCRA dispuso que cuando el resumen de cuenta por los gastos con tarjeta del mes registre consumos por un importe superior en moneda extranjera a los 200 dólares, se aplicará sobre los saldos impagos la tasa establecida por los emisores de las tarjetas de crédito. La tasa subsidiada, que el Central fijó en el 62% nominal, rige sólo para los saldos de tarjeta financiados inferiores a los $ 200.000.
Cabe considerar que la política de tasas de interés es sumamente sensible, pues por un lado hay que cuidar que el ahorro en pesos de las personas y las empresas no pierda valor respecto a la inflación. Pero por otro lado el traslado de las subas a las tasas activas podría tener efectos recesivos tanto sobre el financiamiento para la producción de la ciudad y el campo, como para los consumidores. De allí que hay que buscar un fino equilibrio entre estas dos cuestiones para que la política de tasas reales positivas no termine tomando un sesgo recesivo. En este balanceo, el mantenimiento de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva, y la determinación de su tasa de interés subsidiada, juega un papel esencial para alivianar el costo financiero de las inversiones de las empresas, principalmente las MiPyMEs.
En cuanto a la evolución del PBI, se acaba de conocer un informe del FMI, donde se mantiene el pronóstico de abril en cuanto al crecimiento de la Argentina (4% para 2022 y 3% para 2023). Es un dato a no perder de vista, teniendo en cuenta lo que ocurre en el resto del mundo. En dicho informe, el FMI hizo referencia a una evolución “cada vez más lúgubre” de la economía mundial en 2022. El panorama a futuro se ha empañado considerablemente desde abril y es “posible que en poco tiempo el mundo se sitúe al filo de una recesión, apenas dos años después de la última”. En el escenario base, este año el crecimiento global se desacelerará al 3,2% (respecto del 6,1% del año pasado) y será de 2,9% en el próximo, lo que implica rebajas de 0,4 y 0,7 puntos porcentuales con relación a la proyección realizada en abril.
En síntesis, el gobierno continúa tratando de descomprimir la volatilidad cambiaria generada por la especulación y la presión que ejercen ciertos sectores locales y del ámbito global, en un entorno mundial más que difícil. Las medidas y las decisiones anunciadas tienen el objetivo de garantizar la recuperación de la economía y del empleo, y evitar el deterioro del poder adquisitivo de la ciudadanía.
