Los datos de la economía real que se van conociendo del primer semestre no hacen más que mostrar los guarismos de la recuperación y dejan en evidencia la intencionalidad de los/as fabricantes de expectativas, que trataron —y tratan— de instalar la idea de que todo está mal, cuando no es así.

Por caso, según las estadísticas del INDEC, la utilización de la capacidad instalada de la industria se encuentra en récords históricos. En junio de 2022, el indicador se ubicó en 69,1%, por encima del 64,9% de un año atrás. Es a la vez el mayor valor desde noviembre de 2017, lo que también indica que ya se van superando los efectos de la destrucción industrial que generaron las políticas del anterior gobierno.

La evolución del uso de la capacidad instalada es un reflejo de lo que ocurre con la producción manufacturera, que en junio subió un 2,6% mensual, el mayor nivel en 57 meses. Una dinámica similar se observa en la actividad de la construcción.

Otra variable que contrasta la idea de que “no te dejan producir” es la inversión, ya que según datos de la consultora de Orlando Ferreres, en el segundo trimestre la inversión bruta fue equivalente al 21,3% del PIB, exhibiendo su mejor marca en 15 trimestres.

Naturalmente esta evolución impacta positivamente en los indicadores de empleo e ingresos. Según datos del SIPA, entre diciembre de 2019 y mayo de 2022 se crearon 545 mil empleos registrados, máximos históricos. También se observa un aumento de los salarios, que en el primer semestre tuvieron un incremento real del 1,6%, según el INDEC.

En cuanto a la situación fiscal, el déficit financiero rondó en el primer semestre el 1% del PIB, no muy por encima del registrado en el mismo lapso del año anterior. En un marco de mayor actividad y recaudación, y del menor pago de intereses de la deuda, se logró sostener el aumento del gasto real (incluyendo programas sociales, vivienda, educación, etc.).

Todos estos datos tomados en conjunto indican que se están plasmando en la realidad los componentes de un “círculo virtuoso de la economía”. Esta afirmación no implica pasar por alto que existen grandes asignaturas pendientes en materia social o de precios, pero ratifican que el camino no es por el lado del ajuste. Lo que hay que hacer es permitir que la economía siga creciendo y a la par de ello mejorar la distribución, de la mano de un Estado presente que no tolere los abusos ni las maniobras que van en contra del interés de los argentinos y las argentinas.

Respecto de los índices de inflación, además de la puja distributiva, incide la instalación de expectativas caóticas que lleva a comportamientos de “cobertura” (mayormente especulativos) que terminan generando impactos en los precios, aunque la idea de que “todo vuela por los aires” no se termine materializando.

En base a este diagnóstico, y teniendo en claro que las medicinas de shock siempre han sido desfavorables para la gente, la política a aplicar debe ser de gradualismo en la reducción de esa inflación: no se puede esperar que los valores pasen rápidamente al 1% mensual. Se precisa una pendiente descendente de forma sostenida que vaya logrando niveles de inflación más racionales.

Subsidios y otros anuncios

Son varios los factores que se toman en cuenta a la hora de considerar la quita gradual de los subsidios. En el caso del gas se considerará no sólo el ingreso sino también las subzonas que abarcan las diez prestadoras de gas (9,3 millones de usuarios), dado que el consumo de gas por redes en los hogares ubicados en las regiones más frías del país duplica al de las regiones templadas, según señalaron fuentes oficiales.

Para la energía eléctrica, la clasificación por ingresos es la que prima. Se han establecido tres categorías de usuarios en función del poder adquisitivo: de alto poder adquisitivo, medio y bajo. En el caso de la categoría de “ingresos bajos”, a dichos usuarios no se les quitará el subsidio. Además, se estableció un tope de consumo mensual de 400kw/h por hogar para percibir los subsidios; de excederlo, se pagará tarifa plena sobre el exceso. Según Flavia Royón, secretaria de Energía, “el 80% de la población consume menos que este valor”.

Habrá excepciones, en cuyos casos no se quitarán los subsidios. Ejemplo de ello son los beneficiarios de la tarifa social en los tres servicios, o las PyMEs en el caso del gas, aunque otras eventuales concesiones aún no están definidas.

Finalmente, en el servicio de agua potable la quita de subsidios será total a partir de noviembre para los usuarios residenciales y terrenos localizados en las zonas calificadas como de ingresos “altos”. Para los usuarios de zonas de ingresos “medios” la quita de subsidios se hará en tres etapas, que culminarán también en marzo de 2023. Para los usuarios de zonas de bajo ingreso, también se realizará una quita progresiva, pero quedarán con un 15% de sus consumos subsidiados.

Si bien la pandemia sanitaria y sus consecuencias generaron la necesidad de no modificar el esquema de subsidios durante ese periodo, la reasignación de los subsidios era una materia pendiente. Las medidas buscan generar una mayor progresividad en el esquema de subsidios, darle un uso más eficiente a los recursos fiscales y generar ahorros en materia energética. No hay que perder de vista los esfuerzos que vino realizando el Estado en el marco de un abrupto incremento de los precios internacionales de la energía, producto de la guerra en Ucrania.

Por otro lado, el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó en el Consejo de las Américas que está listo el decreto para transformar los programas sociales en planes de empleo, aspirando a que “el año que viene podamos incorporar a beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo”. Según informó, la medida habilita a quien hoy es beneficiario de un programa social a acceder al mercado de trabajo: el empleador tendrá bonificados los aportes y contribuciones (sólo paga obra social, ART y sindicato), y el Estado sigue pagando durante un año el plan como base del programa, mientras el empleador completa el salario de convenio.

Respecto del cuidado de las reservas, según Massa, “vamos a tener un mecanismo de dureza con aquellos que quisieron hacer la típica avivada de ver cómo afanaban reservas al Banco Central”. También afirmó que el gobierno va a denunciar por lavado de dinero en Estados Unidos “las situaciones de sobrefacturación de importaciones y triangulación”. Al respecto, hay múltiples casos en investigación en AFIP, varios de ellos que se han ido informando a los medios.

Como he venido sosteniendo, lo que se ha buscado con los cambios ministeriales es dotar a la administración de mayor fortaleza política para tener mayor credibilidad y eficacia en la negociación con el conjunto de los actores de la economía, y así poder avanzar más profundamente en el sendero de la recuperación de la actividad y los ingresos, fortaleciendo las políticas de distribución progresiva e inclusión social.