La multinacional Danone, que elabora y distribuye productos como las aguas Villavicencio, Villa del Sur y la versión saborizada Levité, desde comienzos del año pasado, dio paso a un plan de ajuste con centenares de despidos.
Esta semana sumaron cuarenta repositores externos a los veinte de la semana anterior, dependientes de las oficinas de ventas situadas en la Ciudad de Buenos Aires. En junio de 2018 habían reducido en 44 operarios las dotaciones de la planta de producción situada en la ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de Chascomús, que se sumaron a unos 30 más ocurridos meses antes. La misma planta viene aplicando suspensiones y vacaciones adelantadas a centenares de operarios en forma rotativa.
Pero la multinacional, que es la segunda empresa en el rubro de bebidas no alcohólicas luego de Coca Cola-Femsa, además, paga indemnizaciones al 50% de lo que corresponde sobre la base de alegar una situación de crisis.
La indemnización especial está contemplada en el artículo 247 de la ley de contratos de trabajo para casos de fuerza mayor. Los telegramas que Danone envía a los trabajadores cesanteados alegan “causas económicas no imputables a la compañía” que es el requisito que invoca la ley para apelar a la indemnización especial. Sin embargo, los trabajadores, por abajo, aseguran que “la empresa no cumple ninguno de los requisitos que contempla la ley”.
Además, desde agosto de 2018, abundan las denuncias sobre ventas de productos en negro que, por un lado, eluden el pago de impuestos al Estado pero que, por el otro, también afectan los ingresos de los trabajadores del sector de ventas que no pueden justificar esas operaciones de las que deberían percibir las comisiones correspondientes.
