En su cruzada por imponer un techo del 15% en las paritarias 2018, el gobierno ha lanzado una campaña en la que asegura que impulsará el reemplazo de las cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios por las cláusulas de revisión. La propuesta fue presentada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como una idea novedosa que permitiría destrabar las negociaciones paritarias, evitando un mecanismo de indexación de los salarios establecido a priori y que, según la teoría económica oficial, abonaría a la llamada inflación por expectativas.

Sin embargo, la propuesta no tiene nada de novedoso. Las cláusulas gatillo que atan los salarios al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Indec, y que bajo ese formato se aplicaron en escasos acuerdos en 2017 (bancarios, estatales y docentes bonaerenses), fueron el resultado del fracaso de las de revisión que, con distintas redacciones, aparecen en acuerdos paritarios desde 2014. Según un relevamiento realizado para Tiempo por el Observatorio Social de la CTA, ya en ese año aparecieron cláusulas en los acuerdos paritarios de los gráficos, los portuarios de la Fempinra (portuarios y obreros navales), los molineros, los trabajadores del caucho  y los de la industria de pastas alimenticias, entre otros. En 2015, también hubo cláusulas de esa naturaleza en los acuerdos de los locutores, los bancarios, los imprenteros, los de espectáculos (SUTEP) y hasta en el SMATA. Las formulaciones de aquellos acuerdos adolecían de una gran vaguedad. En general establecían que «de producirse un desfasaje sustancial y extraordinario de la economía» o «en caso de deteriorarse en forma pronunciada la situación», las partes «podrán acordar reunirse». Si bien es cierto que entonces se carecía de un indicador objetivo de inflación que hiciera de parámetro, esas cláusulas fueron ignoradas o, en el mejor de los casos, sirvieron de fundamento de las patronales para el pago de un bono que no recompone el salario ni eleva la base para la negociación posterior.

Formulaciones similares, aunque con vagas menciones a los «indicadores objetivos», aparecen en los acuerdos de 2016 en el sindicato de telecomunicaciones, jaboneros, el hielo, docentes universitarios, el sindicato de prensa UTPBA y la carne, entre otros, y en 2017 de nuevo en la carne y en docentes universitarios así como entre los gastronómicos («si se perjudica el poder adquisitivo»), farmacéuticos y trabajadores de carga y descarga.

Sin embargo, durante ese año algunas cláusulas de revisión asumieron un formato más concreto: construcción, gráficos, UTA, estatales de UPCN, los fideeros y comercio, entre otros. Allí se establecen taxativamente meses en los que las partes se reunirían para actualizar los acuerdos en base al movimiento del IPC. Con todo, y con excepción del sindicato de Comercio – logró el 6% sobre el 20% original-, el resto, por el momento, incumplió lo establecido. UPCN, por ejemplo, sufrió un desfasaje del 4,8% que debió depositarse con los salarios de enero, cosa que no ocurrió a la espera de una reunión para firmar un acta que, por el momento, no tiene fecha. Lo mismo para la UTA, UOCRA y gráficos, los que explícitamente pusieron en sus actas el mes de diciembre o enero como fecha para revisar y actualizar sus acuerdos firmados por un 21% los dos primeros y un 22,7% los últimos. 

La aparición de las cláusulas gatillo durante 2017 persiguió un propósito muy definido: consolidar la pérdida del poder adquisitivo en 2016. Ante el reclamo de los sindicatos por obtener una recomposición hacia atrás, el gobierno promovió una garantía hacia adelante, desconociendo precisamente cláusulas de revisión vigentes para viabilizar el cierre de paritarias durante ese año.

Ahora, el propósito es garantizar la pérdida del poder adquisitivo del salario que se producirá en 2018 si los acuerdos se sellaran en 15% cuando la inflación estimada por las consultoras que releva el Banco Central, alcanza al 19,6% según los resultados de enero que, a todas luces, parece conservador a partir de la disparada del dólar que ya roza los $ 20,5, con su impacto en los precios de alimentos y energía.

En cambio, la cláusula gatillo automática se incorporó en aquellas paritarias conflictivas como la de los bancarios y la de los docentes bonaerenses. En el primer caso, el acuerdo de 2016 incluía una revisión que debió generar una reunión para actualizar el incremento en septiembre de 2017. A pesar de los reclamos gremiales la reunión no se produjo hasta dos meses después y el acuerdo obtenido allí fue desconocido por bancos privados que a instancias del gobierno bloquearon su aplicación hasta que recién en marzo de 2017 reconocieron un retroactivo del 4% por la pérdida de 2016 y fijaron un aumento del 19% para 2017 con esa cláusula de aplicación automática.

El caso de los docentes bonaerenses es similar, toda vez que fue el resultado de una larga sucesión de paros y masivas movilizaciones que se extendieron durante la primera mitad del año.

Para los empleados públicos bonaerenses fue diferente. La claúsula gatillo fue el mecanismo adoptado por la gobernadora María Eugenia Vidal para, en diciembre de 2016, lograr cerrar un acuerdo del 18% que era la pauta que en aquel entonces se proponía el gobierno para todas las paritarias.

Ahora, ante la amenaza de que la modalidad se extienda, pretenden cancelarla a cambio de una mecanismo que, en los hechos, se ha revelado como una trampa. Los sindicatos ya han recorrido una experiencia que difícilmente puedan pasar por alto. «