El 31 de diciembre expiraban las medidas de regulación del mercado de trabajo que dificultaban o impedían el despido de trabajadores registrados. El viernes, en nombre de la recuperación parcial de la actividad y el empleo, el Poder Ejecutivo publicó un decreto en el que anunció la reducción gradual de la doble indemnización y, por omisión, dejó sin efecto la prohibición de los despidos.

Lo cierto es que la doble indemnización fue dispuesta mediante un decreto en diciembre de 2019 con el propósito de desalentar los despidos que ya se venían desenvolviendo cuando el coronavirus aún estaba confinado en el otro extremo del planeta. La prohibición de los despidos, por su parte, sí fue establecida en el marco de las medidas de emergencia económica adoptadas por la pandemia.

A pesar de esa norma, según datos del Ministerio de Trabajo basados en Afip, en julio de 2020, el empleo registrado privado había caído hasta los 5.768.500 puestos, 311 mil menos que un año antes y 260 mil desde la vigencia del decreto. Se trata de la destrucción de un 4% de los empleos existentes. En el empleo informal, sin embargo y según el Indec, entre el primer trimestre de ese año y el segundo se destruyeron 1,7 millones de empleos equivalentes al 35%.Los datos dan cuenta del efecto protectorio que las regulaciones y la registración generan en el mercado de trabajo o, al revés, la vulnerabilidad del empleo informal.

La decisión del gobierno de avanzar en esa desregulación se fundamenta en la supuesta recuperación del mercado de trabajo que, en el tercer trimestre, exhibió una baja del desempleo hasta un 8,2%. Si bien se trata de un mínimo desde 2017, lo cierto es que, dentro del empleo registrado privado, en septiembre de 2021 todavía existían 110 mil empleos menos que en febrero de 2020, a la vez que se registraban unos 113 mil monotributistas más que en aquel entonces. Incluso dentro del empleo formal la crisis derivó en un proceso de precarización laboral.

A su vez, el empleo no registrado exhibe una recuperación franca que, según un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, liderado por Claudio Lozano, entre el tercer trimestre de 2020 y el de este año se incrementó en un 35% contra un 9,3% del trabajo registrado incluyendo todas las modalidades.

El dato puede ser interpretado de diversas formas. Desde el sector empresario aseguran que es la rigidez del mercado laboral formal la que explica la falta de recuperación de ese segmento. Sin embargo, tal como se ha verificado, la flexibilización de las medidas protectorias podría alentar el proceso de reconversión de empleo registrado en precario.

El mecanismo adoptado por el gobierno nacional es el de una eliminación gradual de la doble indemnización que, en rigor, ya fue flexibilizada en enero de 2021 cuando se dispuso un tope de $ 500 mil para la segunda prestación, lo que fue ratificado en el reciente decreto. Si se toma en cuenta que la mediana del salario bruto registrado privado en septiembre se ubicaba en alrededor de los $ 77 mil, para un empleado de diez años de antigüedad, esa restricción ya vigente implica, en promedio, una quita del 35% sobre la segunda indemnización. El gobierno dispuso una baja de la segunda imposición al 75% a partir de 2022 que se irá reduciendo en forma gradual hasta llegar a cero el 1 de julio.

En diálogo con El Destape Radio, horas antes de la decisión oficial, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, había reconocido que «desde la CGT le pedimos al gobierno que se prorrogue un tiempo más la prohibición de despidos y la doble indemnización». Conocida la norma, sectores de la CTA de los Trabajadores y de la propia CGT manifestaron su disconformidad señalando que aún «no están dadas las condiciones».

Desde la Asociación de Abogados Laboralistas rechazan toda flexibilización de las medidas protectorias. Cynthia Benzion, su presidenta, señaló a Tiempo que «la situación epidemiológica que justificó la prohibición de los despidos está lejos de haber terminado. La doble indemnización tuvo que ver con una situación de emergencia económica y social que no se superó sino que incluso empeoró». La dirigente pronosticó que, «si se levantan, va a ser una sangría. Con el caballito de batalla de que esto disuade las nuevas contrataciones e impide las inversiones, avanzan contra los derechos de los trabajadores. Lo llamativo es que las organizaciones sindicales no están en la calle ni salieron a decir nada».

Para Benzion, «es cierto que el índice de desempleo habría bajado, pero hay que analizar cómo se construyen. Se podría argumentar que bajó precisamente gracias a esas normas. Pero además, el despido sin causa merece un debate profundo. Recién a partir de una norma de emergencia se hace lo que la Constitución y los tratados internacionales indican. La OIT dice que los despidos deben ser justificados», recordó. «