Pese a la exorbitante suba de tarifas, las inversiones empresariales se dilatan y los cortes de luz continúan como una constante. Estas interrupciones suelen provocar daños en artefactos eléctricos y en las instalaciones. Hay una línea gratuita de reclamo. Sin embargo, el trámite se torna engorroso y pocas veces se traduce en resultados satisfactorios. Los especialistas coinciden en que la vía más recomendable es la judicial.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) cuyo accionar es cuestionado por distintas ONG del sector- ofrece una línea gratuita de reclamo tanto por cortes como por daños. En el segundo caso, el trámite tiene los siguientes requisitos: «Fotocopia de última factura paga»; «Si el servicio no está a tu nombre, deberás presentar además una copia del título de propiedad o del contrato de alquiler, o de un servicio a tu nombre, o del DNI donde conste el domicilio»; «Comprobante de reclamo ante la distribuidora»; «No olvides reclamar ante la empresa ANTES de hacerlo ante el ENRE»; «Formulario de reclamo por daños, debidamente completado y firmado»; «Presupuestos o facturas de reparaciones originales, con membrete, en pesos y detallando: Tipo de artefacto, Modelo, Componentes afectados, Firma y aclaración del técnico interviniente, Descripción del trabajo, Lista de materiales utilizados, Precios de repuestos y honorarios por mano de obra, Números de inscripción en AFIP y del sistema previsional». Además de todo esto, advierte: «Cuando el artefacto no resulte reparable: Comprobante de servicio técnico que indique componentes afectados e irreparabilidad; Presupuesto de compra de un artefacto similar al dañado».
Al finalizar el periplo, es muy probable que el usuario no quede satisfecho. «Le ponen un montón de puertas para que en la última se pudra y no reclame más», grafica Osvaldo Bassano, titular de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC).
Bassano detalla los cambios de políticas en ese sentido: «Hasta 2015, se pueden ver dos etapas. Una en la que luego de hacer el reclamo, el usuario solía llevarse al menos el artefacto que se le había quemado. Luego, las empresas abandonaron la compañía de seguros que tenían y comenzaron a retacear la indemnización y pagaba cuando recibía presión por parte del ENRE. Después de 2015, la desidia es total. No dan nada». Ante esta situación, el especialista recomienda: «Hacer el reclamo correspondiente. Esperar diez días y, si no hay respuestas, judicializar».
Rodrigo Luchinsky, doctor en derecho comercial y asesor jurídico de Huhu (www.huhu.com.ar; «Consumidores Enojados»), propone directamente saltear la vía administrativa y recurrir a la Justicia. «Lamentablemente, es así. Y tarde o temprano la empresa tiene que pagar. Hay que tener paciencia porque las empresas no arreglan en mediación para provocar un desgaste en el denunciante. Pero quien recorre ese camino lo consigue». Luchinsky aclara que el único gasto es el abogado, ya que no hay costas para este tipo de reclamos. «Si se juntan varios damnificados y hacen una denuncia colectiva, el abogado saldrá mucho más barato y la causa tendrá más peso».
El director de Defensa del Consumidor de San Martín, Adrián Ganino, tiene una postura divergente: «La vía más rápida y efectiva son las oficinas de defensa del consumidor. Tenemos cientos de reclamos que resolvemos favorablemente y son muy pocos los que judicializamos». En este sentido, Ganino entiende que «el problema es que gran parte del público no conoce la posibilidad. Pero los invitamos a acudir a nosotros».
Bassano advierte también sobre denuncias mucho más graves que tampoco tienen respuestas. «Hemos recibido denuncias de usuarios a quienes se les ha quemado la casa. Las empresas tienen un nuevo negocio que es el cambio de medidor y lo hacen a través de tercerizadas que no cuentan con personal idóneo. Entonces, hacen pésimas conexiones que derivan en accidentes graves».
El ENRE toma medidas «insuficientes»
El ENRE instruyó el último 25 de abril a Edesur y a Edenor a pagar un resarcimiento a los usuarios que «se vieron afectados por interrupciones del suministro eléctrico de veinte o más horas en los siguientes períodos de 2017: del 8 al 12 de abril (cinco días en total); del 28 de mayo al 12 de junio (dieciséis días); del 17 a el 22 de junio (seis días)». El ente tomó esta medida «tras contabilizar más de 70 mil usuarios damnificados en cada uno de los días mencionados».
Los montos base a pagar son los siguientes: «$ 630 para interrupciones que se extendieron entre 20 y 24 horas inclusive; $ 1.050 para interrupciones que duraron más de 24 horas y hasta 48 horas inclusive; $ 1.470 para interrupciones que excedieron las 48 horas». El monto del resarcimiento total para cada usuario «resultará de la suma de los resarcimientos que le correspondan por cada interrupción en que se haya visto afectado, y cuya duración haya sido registrada en alguno de los períodos mencionados».
Las empresas tienen 20 días hábiles para cumplir con la medida. Sin embargo, desde la citada ONG entienden a esta resolución como «una lavada de cara. No tienen en cuenta la baja tensión, la alta tensión, que destruyen las conexiones y tampoco contemplan todos los cortes que hubo. Es sólo para calmar un poco los reclamos». «
