La inflación no da tregua. Por eso la ronda de revisiones paritarias ya estableció una nueva pauta salarial en el sector privado que ronda el 85% con nuevas instancias de negociación en la medida en que los pronósticos para 2022 ya ubican la suba de precios en el orden del 100%. Las primeras negociaciones del año habían fijado las subas entre el 40% y el 45%. Los acuerdos suscriptos a mitad de año se ubicaron unos veinte puntos más arriba pero tampoco resultaron suficientes.

El gobierno prometió que este año los salarios le ganarían a la inflación. Sin embargo, no es lo que ocurrió, al menos, durante los últimos tres meses. Pero además, las negociaciones del sector público se encuentran entre las más retrasadas y, por eso, comenzaron a emerger medidas gremiales. Es el caso de los docentes universitarios, los empleados públicos y, en distintas provincias, los docentes de nivel inicial, ,primario y medio.

Los profesores de las 55 universidades nacionales vienen de cerrar un acuerdo de revisión paritario que llevó el incremento salarial del 41% firmado en abril a un 62% hasta enero de 2023 cuando volverán a negociar una eventual recomposición para el último tramo que culmina en abril de 2023.

El acuerdo fue suscripto por una de las dos principales federaciones, la CONADU, afiliada a la oficialista CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky. También sumaron su adhesión otras representaciones de docentes universitarios como la FEDUN, UDA y CTERA pero obtuvo el rechazo de la otra federación más representativa, la CONADU Histórica de la CTA Autónoma que dio lugar a un plan de lucha para rechazar esa propuesta e intentar una mejora de los haberes. De ese modo, se realizaron tres paros consecutivos de 48 horas que culminaron este martes.

Un dato relevante es que, previo al último paro de 48 horas se realizó un encuentro nacional de organizaciones de base del que participaron sindicatos afiliados a la CONADU que decidieron desconocer lo firmado por sus dirigentes y sumarse a un plan de lucha en común con los sindicatos enrolados en la CONADUH. En total fueron 38 los sindicatos de base que adhirieron a la última medida que, según fuentes gremiales, logró un 70% de acatamiento a nivel nacional.

Los empleados del sector público tampoco están conformes con su situación. Arrastran una pérdida del poder adquisitivo que, según el estudio que realizan los técnicos del INDEC que difunde su Junta Interna de ATE, acumula un 32% desde noviembre de 2015.

En la actualidad rige un acuerdo suscripto a fines de mayo para el período junio 2022-2023 que implica un incremento del 60% en cuotas hasta marzo de 2023 de los cuales un 28% ya se percibieron en los salarios de junio y agosto. La aceleración de los precios llevó al pedido formal de ATE Nacional de la activación de la mesa de revisión con el propósito de lograr un adelantamiento de las cuotas y una nueva pauta de incrementos. Ante la negativa de las autoridades, un plenario nacional de secretarios generales definió la realización de un paro nacional para el 27 de septiembre con movilización al ministerio de Economía. La medida abarca a trabajadores estatales nacionales, provinciales y municipales.

Desde el sindicato, además, exigen el cumplimiento del acuerdo para el pase a planta de 30 mil empleados públicos que se desenvuelven bajo diversas modalidades de contratación en el Estado. El reclamo choca con los términos del acuerdo con el FMI que exige un congelamiento de la planta del estado y un ajuste para garantizar un déficit fiscal que no supere el 2,5% del PBI.

Por último, los docentes de los niveles inicial, primario y media también se encuentran en una situación conflictiva. La CTERA acaba de firmar una revisión de su acuerdo paritario que lleva la suba hasta un 82% en diciembre de este año. Sin embargo, esa paritaria resulta relativamente testimonial toda vez que, los haberes dependen de los presupuestos provinciales y de los acuerdos que cada sindicato realiza a nivel local. La paritaria nacional garantiza un piso que, con la revisión, quedó pautado en los $77 mil a partir de diciembre.

Por eso el escenario luce tenso. Por caso, los docentes de la provincia de Santa Fe acaban de votar un plan de acción con dos paros de 72 horas consecutivos ante una propuesta oficial que lleva el acuerdo anual al 77%. Algo similar ocurrió en Entre Ríos que luego, de medidas de fuerza, se selló un acuerdo coyuntural de un incremento del 20% para septiembre con nueva negociación octubre.

En la ciudad de Buenos Aires, convocaron los otros cuatro gremios mayoritarios: UTE, Sadop, Ademys y Camic a un paro para este jueves 22, en rechazo a la actualización que definió el gobierno de Rodríguez Larreta, que añadió un 8% al acuerdo original para llevarlo hasta un 68%.

Así las cosas, el conflicto por el salario docente se viene desarrollando de manera acompasada con paros y medidas a lo largo y ancho del país con picos conflictivos, además de las provincias mencionadas, en Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro, Corrientes y La Rioja.

La voluntad del gobierno de garantizar una suba del salario real en un contexto de una inflación de tres dígitos se pondrá a prueba, en primer lugar, en la actitud que tome con relación a sus propios empleados.