El presidente Alberto Fernández anunció el miércoles la presentación de un proyecto de ley para la creación de comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos de trabajo. El anuncio logró el apoyo de la conducción de la CGT y se enmarca en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El organismo multilateral induce a superar la perspectiva «reparadora» para dar lugar a una política de orden «preventivo». Los comités mixtos ayudarían a la detección temprana de las amenazas. El régimen de ART que rige en la Argentina se sostiene en un principio inverso, en la medida en que se trata de un sistema de seguros que transfiere la responsabilidad empresaria sobre la seguridad hacia las ART.

A poco de andar, el proyecto cosechó críticas de un lado y del otro. De una parte, el diario La Nación, en nombre del sector privado -que integra- tituló el jueves: «El gobierno impulsa un proyecto de intervención estatal en las empresas». Esa posición fue cuestionada por Héctor Daer, cotitular de la CGT, quien en diálogo con Tiempo explicó que ese título se explica «porque no leyeron el proyecto. No es rechazado por los empresarios. Se pretende armar una historia de que el Estado se mete dentro de las empresas y nada que ver. Existe en todos los lugares del mundo». Daer destacó que «empezaremos a discutir la prevención y no, como hasta ahora, el resarcimiento del daño, es un cambio de fondo».

Los comités mixtos estarán integrados por dos representantes de la empresa y dos de los trabajadores en cada ámbito de trabajo. El Estado, a través de la cartera laboral, oficiará de órgano de aplicación de la ley, pero el funcionamiento de los comités tendrá un carácter autónomo. Fuentes cercanas al equipo de asesores de la cartera laboral explicaron a Tiempo que «desde algunos medios se está instalando la falsa idea de que el proyecto aumenta la injerencia del Estado y de los gremios en las compañías. El proyecto propicia y potencia la autonomía colectiva y las soluciones a través del diálogo entre el sector empleador y el sector trabajador, en materias tan sensibles como las apuntadas, sin ningún tipo de injerencia estatal». El mismo especialista señaló que «tampoco aumenta la ‘injerencia’ de los gremios, ya que la cantidad de representantes sindicales en la empresa no se ve incrementada con la creación de los comités mixtos, por cuanto son los mismos ya existentes, en los términos de la ley sindical. Tampoco atenta contra la generación de empleo porque ningún aspecto del proyecto incrementa el ‘costo laboral’ ni ningún artículo del mismo podría desalentar la contratación de nuevos trabajadores».

Modelo sindical

Del otro lado, el proyecto cosechó críticas alrededor de sus alcances y su tendencia a reforzar el modelo sindical vigente. Gustavo Gianibelli, docente de la UBA y abogado laboralista asesor de organizaciones sindicales como la AGTSyP y el SiPreBA, destacó que «no crea nueva representación al integrarse con los delegados de personal ya existentes, no abre instancia democrática de participación en tanto sus miembros, los delegados con mandato, serán designados por la asociación sindical, excluye la participación de asociaciones sindicales sin personería gremial de manera incompatible, con la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 23.551, y no agrega facultades especiales respecto de situaciones de riesgo grave e inminente, limitándose a que puedan ser denunciadas a la autoridad administrativa, lo que hoy puede hacer cualquier trabajador».

Para el especialista, «sí prevé una mejor institucionalidad de la actuación sindical en materia de prevención de riesgos y, muy importante, instituye un ámbito paritario en los lugares de trabajo en tal materia».

Néstor Pitrola, exdiputado nacional por el FIT-U y dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista, explicó que «los comités estarían sujetos al veto patronal, neutralizándolos. La ley vigente en Santa Fe no ha cambiado en absoluto la insalubridad, por ejemplo, en Celulosa Argentina, que es inhumana. Proponemos comisiones obreras de salubridad, electas por los trabajadores para desarrollar, junto con los cuerpos de delegados, la lucha por las condiciones». «