A partir de la negativa de gobernadores, intendentes y empresarios a pagar el bono de fin de año, aumentó en estos días el disgusto dentro de la CGT así como sus diferencias con el gobierno nacional.

Desde el gobierno intentan bajar la expectativa sobre la bonificación extraordinaria en vistas de un posible conflicto.“Estamos haciendo números”, dice el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Lejos de los micrófonos, los funcionarios de primer nivel se excusan: “No podemos resolver esto en diez días”, señalan y fingen que el reclamo de la CGT le llegó como sorpresa.

En tanto, los gobernadores e intendentes hacen fila para decir públicamente que no pueden afrontar el pago de un bono con fondos propios y dejan la pelota en el campo del Poder Ejecutivo.

Alberto Weretilnek, Gobernador de Río Negro, Miguel Lifschitz y el intendente de Ensenada, Mario Secco, se apuraron a decirlo ante quien quisiera escuchar.

Los empresarios no son la excepción. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), descartó la implementación de un bono en el sector de la alimentación al remarcar que esa actividad tiene vigente catorce convenios distintos y que, en algunos casos, se está cobrando en cuotas los aumentos ya establecidos en paritarias.

“No vemos posible un escenario de un bono generalizado”, dijo Funes de Rioja en declaraciones formuladas esta mañana a radio Del Plata luego del plazo de diez días establecido en las conversaciones entre el Gobierno y el triunvirato de la CGT y luego de que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, deslizara la posibilidad de establecer el pago extraordinario de una suma no remunerativa a modo de compensación para los trabajadores.

En ese contexto, la CGT aguarda y afronta tensiones internas. Este jueves se volverá a reunir el Consejo Directivo de la Central Obrera en el edificio de la calle Azopardo para analizar la coyuntura y el camino a recorrer en caso de que el gobierno no acceda a ninguno de sus reclamos.

La conducción de la central obrera unificada, en pos de aportar a una supuesta gobernabilidad, dejó fuera de la agenda de reclamos los despidos, las suspensiones, la reapertura de paritarias por la caída del poder adquisitivo de los trabajadores y los cuestionamientos a la apertura de la economía. Bajo esa lógica llegó con los reclamos mínimos para justificar la decisión de no ir al paro. Claro, que es esa misma lógica la que deja a la CGT sin radio de maniobra frente a una posible respuesta negativa.