Datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indican que más de 1100 trabajadores registrados murieron por COVID-19 y otros 270 mil enfermaron contagiados en sus lugares de trabajo y recibieron atención de salud de una ART. El gasto de esa cobertura, por parte del Fondo Fiduciario creado para tal fin, sumó algo más de $13 mil millones el año pasado. No hay datos sobre contagios entre los trabajadores no registrados que, encima, se desempeñan en sectores económicos con alta exposición al virus (gastronomía, comercio y construcción) o trabajan en condiciones de seguridad e higiene muy precarias.

Trabajadores autoconvocados de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) cortaron diversos puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires el viernes en reclamo de una vacunación masiva entre los choferes. Los contagios allí se cuentan de a centenares.

El mismo reclamo lo llevan adelante los gremios ferroviarios como La Fraternidad, los Señaleros y la Unión Ferroviaria. Aseguraron, en un comunicado conjunto, que por la masividad de los contagios que se registran en las líneas metropolitanas, existe la amenaza cierta de que se interrumpa el transporte.

Lo mismo ocurre entre los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, donde el 10% de la plantilla ya se infectó por coronavirus y contabilizan una decena de decesos. La escasez de personal, provocada por los contagios, los aislamientos y las licencias, afecta las frecuencias presionando sobre los pasajeros y generando aglomeraciones en los horarios pico. Y constituye, en los hechos, una amenaza para el resto de los trabajadores que, esenciales o no, hacen uso  del transporte público para llegar a sus trabajos y regresar a sus hogares.

En el marco del debate por la presencialidad escolar, el ministro de educación, Nicolás Trotta, reconoció que al momento fueron vacunados en el país 502.000 docentes, pero las realidades son diferentes en cada jurisdicción: sólo un 14,1% de los educadores en la ciudad de Buenos Aires, el 52% en la provincia de Buenos Aires y el 81,1% en la provincia de Santa Fe, por tomar tres distritos.

Trotta explicó que, la prioridad se puso en los trabajadores de la salud y que, según los datos oficiales, debieron lamentar poco más de 125 víctimas fatales, mientras que fuentes sindicales cuantifican en medio millar los fallecimientos.

El reclamo se abre paso

Pero el reclamo de vacunas se abre paso en prácticamente todos los gremios que se encuentran en actividad, empezando por los que hubieran sido declarados esenciales.

El sindicato de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, dirigió una carta al Ministerio de Trabajo exigiendo trato preferencial habida cuenta de que sus representados fueron considerados «esenciales». En la carta explican que «la fuerte exposición y la elevada tasa de contagios entre los empleados de comercio son el resultado de un trabajo sacrificado y un esfuerzo descomunal».

La muerte del periodista Mauro Viale, de América TV y A24, profundizó las alarmas en los canales de televisión donde, a pesar de los procolos, ha habido oleadas de contagios que diezmaron equipos enteros. El Sindicato Argentino de la Televisión (SAT) envió una carta a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la que reclamó que los trabajadores de la televisión sean declarados “población prioritaria para ser vacunada”. La Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) ya había formulado el reclamo con anterioridad para los medios gráficos, radiales y televisivos de todo el país.

Pero las vacunas no abundan. Hace pocos días que comenzó la vacunación de los mayores de 60 años en la Ciudad de Buenos Aires. Para que el derecho a la vacunación de los trabajadores esenciales se cumpla deberá acelerarse el ingreso de las dosis o, como proponen los sindicatos más combativos, avanzar sobre las millones de dosis que AstraZeneca produce en suelo argentino y que, a pesar del incumplimiento en la entrega, según lo estipulado en el contrato y que el laboratorio no obedeció, se exportan. «

Vacunas para comedores populares

Funcionarios del gobierno anunciaron la intención de dar cuenta de un reclamo que arrastran las organizaciones sociales desde que comenzó a distribuirse la vacuna anti-Covid en el país.

Así como al principio del ASPO las organizaciones reclamaron el blanqueo laboral de la tarea que miles de militantes sostienen en los comedores y merenderos de los barrios, de un tiempo a esta parte comenzaron a exigir ser considerados prioritarios a la hora de acceder a la vacunación.

Según pudo saber Tiempo de fuentes de las distintas conducciones de las organizaciones sociales, las autoridades tomaron la decisión de avanzar en la inoculación de 70.000 personas que llevan adelante la tarea de repartir alimentos y raciones en esos comedores de alta y creciente exposición y en los que, a diario, se alimentan 11 millones de personas.  Se trata de 12.056 comedores y merenderos, según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom), creado en 2020.

Los dirigentes sociales le dijeron a Tiempo que funcionarios del gobierno les informaron que «existe la voluntad y la decisión de hacerlo, pero todavía no se encuentran disponibles las partidas de vacunas para ese sector».

Ante la incertidumbre, las organizaciones extendieron ese reclamo a los gobiernos provinciales y de la Capital Federal. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, señaló que «planteamos que cuando empiecen a vacunarse los trabajadores esenciales se los incorpore también. El Consejo Federal de Salud definirá las prioridades, pero a mí me parece que es central».