El Gobierno nacional apuntó contra los convenios para avanzar en la productividad laboral como requisito para atraer inversiones seducidas por la reducción de los costos laborales. Se trata, por el momento, de avanzar en modificaciones puntuales en los convenios para ir delineando una reforma laboral de carácter global. En la mira están los convenios gráficos y el de la carne, entre otros.

Pero el puntapié inicial pasa por el sector petrolero donde, según reconocieron fuentes del Ministerio de Energía, ya están negociando las modificaciones. El objetivo sería llegar al 13 de diciembre, Día del Petróleo, con la firma del nuevo convenio con los sindicatos y gobernadores de las provincias petroleras. Para eso se produjo esta semana una reunión en la Quinta de Olivos con los actores involucrados.

Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato petrolero de Neuquén y senador nacional, en diálogo con Tiempo, trató de bajarle el tono a la disputa al negar que él fuera a habilitar » la flexibilidad laboral». Aseguró que ese sector de trabajadores tiene un convenio colectivo «que no se toca y está en plena vigencia. La energía no convencional no está establecida en el convenio y por eso estamos negociando una addenda que contemple ese nuevo sector».

Efectivamente, el convenio colectivo no incluye la producción de hidrocarburos no convencionales. La premura por incorporar la addenda, con modificaciones a lo que está establecido para los convencionales está relacionado con los elevados costos de extracción de los yacimientos no convencionales en el contexto de la depreciación general del precio del petróleo ocurrida en 2014, cuando el barril pasó de 102 dólares en febrero a menos de la mitad en apenas un año. Ese derrumbe transformó el yacimiento de Vaca Muerta en una alternativa inviable por sus elevados costos de extracción.

El objetivo explícito del Gobierno es generar un valor de extracción de 35 dólares el barril en beneficio de potenciales inversores externos y de los actuales operadores. La falta de una reglamentación sobre el sector, desde la óptica empresaria, es la oportunidad para avanzar en las condiciones de trabajo de toda la industria.

De hecho, a la hora de consagrar el acuerdo salarial para 2016, en julio, las patronales se ocuparon de incorporar una cláusula que, bajo el eufemismo de un «plan de recuperación productiva», empalmara con la resolución 365 del Ministerio de Trabajo, que instaba a las partes a debatir la productividad y que llevó a los sindicatos a aceptar, ahí mismo, una serie de vulneraciones a los convenios en función de sellar el incremento salarial.

En un acuerdo posterior, el 20 de octubre, se habilitó la jubilación compulsiva a los trabajadores en edad de hacerlo, la reubicación del personal en forma temporaria o permanente en tareas diferentes a las que venían realizando y según la necesidad de la empresa, la simultaneidad de tareas de un mismo operario, el montaje y desmontaje en horarios nocturnos. Además, se elevó el tope de la velocidad de viento para la detención del trabajo revisando normas de seguridad, se extremaron los controles de ausentismo por enfermedad y se obligó a los equipos de torre y las cuadrillas de producción a continuar operando si faltara algún integrante del turno. Varios avances sobre las condiciones de seguridad.

Además de consagrar estos puntos, el futuro convenio buscaría eliminar las denominadas «horas taxi» ( el viaje desde la base de la empresa a los yacimientos y la pernoctación en los campos). Buscarán también la reducción de la jornada de trabajo en las torres de 12 horas a ocho eliminando las horas extra. También estaría en la agenda la modificación del diagrama de francos, pasando de «2×1» a «3×1» y los contratos de trabajo a plazos determinados con posibilidad de suspensión o cancelación en caso de que «el proyecto lo demande». Fuentes sindicales estimaron que el paquete podría generar una pérdida salarial que, en algunos casos, podría llegar al 50 por ciento.

«No tenemos miedo de abrir el convenio pero vamos a discutir todo. No es facultad del Gobierno, sino de las partes. Las patronales van a querer avanzar pero de ahí a que lo aceptemos…», concluyó Pereyra. «