La pandemia puso sobre la mesa cuestiones esenciales que suelen quedar relegadas o tienen respuestas parciales. La alimentación y el aumento descontrolado de los precios es una de ellas.

Frente a un escenario socioeconómico tan deteriorado la inflación siguió subiendo impulsada por el alza de los alimentos. 

Frente a esto, la decisión del gobierno nacional de congelar los precios y promover un control estricto es fundamental para cuidar los bolsillos de los argentinos y las argentinas. 

La inflación es multicausal, pero uno de las grandes dificultades que hay en la producción de alimentos es la concentración. Por dar un ejemplo, sólo cuatro empresas suman casi el 50% de la producción de harina y superan el 55% de la exportación de harina de trigo, rubro en el que la Argentina domina el 73% del mercado latinoamericano. No todos perdieron durante la pandemia: en 2020 el grupo empresario Molinos Río de La Plata registró en el segmento de alimentos una ganancia neta de 1745,8 millones de pesos con respecto al año anterior. Algo similar ocurrió con Ledesma y Arcor. 

En el caso de los supermercados, el 75% del mercado en el rubro alimentos lo capturan tres cadenas: Carrrefour, Cencosud (Vea, Jumbo y Disco) y Coto. Según datos del Indec en julio de 2021 los supermercados tuvieron las mejores ventas del año, $125.664,2 millones, un incremento de 54,9% respecto del mismo mes del año anterior. En ese mismo período, la inflación acumulada fue de 51% y la pobreza e indigencia alcanzó casi a la mitad de la población. No todos pierden. 

El precio de los alimentos es una de las causas principales del aumento de la pobreza y la indigencia en la Argentina y una de las mayores distorsiones se produce en la intermediación entre la producción y la comercialización. Esto ligado al altísimo grado de concentración del sistema agroalimentario argentino produce efectos en los precios. 

El reverso de semejante poder es una fuerte asimetría que se manifiesta en la brecha entre lo que pagan los consumidores y reciben los productores en la puerta de la chacra, en algunos productos puede llegar a 1000% según distintos relevamientos de la CAME. Esta situación era poco visible hasta la aparición de los “verdurazos” y «pescadazos» que visibilizaron las injusticias del modelo hegemónico de producción de alimentos. 

Uno de los efectos del modelo concentrado de producción de alimentos es que restringe el desarrollo de actores que promueven un modelo de producción alternativo,  como el que expresan las organizaciones de agricultores familiares, movimientos campesinos, cooperativas pequeñas y medianas de “el otro campo” que producen alimentos en distintas regiones del país. 

En esa línea puede verse el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) que construye una Canasta Básica Alimentaria (CBA) con productos de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSyP) y las compara con la Canasta de los supermercados. El informe muestra que, en agosto de 2021 la variación respecto al mes anterior fue del 15,44% en los supermercados y del 5,81% en los espacios de comercialización cooperativos. Es decir que, en el caso de los productos de la economía social popular, la evolución de los precios es más lenta que en los supermercados, por la ausencia de especulación y porque el criterio no está orientado por la valorización y el lucro sino por el derecho a la alimentación saludable y la vida digna de les productores.

Por último, el Estado tiene un rol central en la planificación, producción y comercialización de alimentos. La ley de acceso a la tierra es una herramienta central para acompañar a los productores de la agricultura familiar campesina indígena que producen la mayoría de los alimentos frescos que comemos. La necesidad de desconcentrar el mercado es otro paso fundamental y para eso deben fomentarse políticas que acorten las distancias entre la producción y el consumo, con mercados de cercanía y fomentando el comercio justo.

Para garantizar alimentos sanos a precios justos para toda la población es necesaria una intervención integral en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización. Si el Estado no interviene, el mercado hará lo que sabe hacer: negocios. Cuando de lo que se trata, es de abastecer con alimentos saludables y accesibles la mesa de más de 40 millones de personas. La alimentación, como la salud y la educación, es un derecho humano y en una Argentina con la mitad de les niños pobres, una deuda de la democracia.

* Referente Frente Patria Grande. Periodista y politóloga.