Asume hoy un nuevo presidente que, por primera vez en la historia y como él mismo expresó, fue votado con una plataforma basada en el ajuste, entre otras propuestas.

Han logrado hacer creer a buena parte de la población que es imprescindible llevar a cabo un fuerte ajuste, complementado con una apertura total de la economía y una gran desregulación, incluyendo cambios profundos en la legislación laboral. La liberalización comercial, se sabe, implica que los productos importados competirán con la producción nacional, y por ende con el empleo local, y eso va a afectar a los puestos de trabajo existentes. Esta situación puede actuar como un ancla antiinflacionaria, pero también va a enfriar la economía, castigará a los salarios, a las pymes y a todo un conjunto de iniciativas asociadas al desarrollo nacional. Cuando cierra una empresa se destruye capital productivo. Cuando se desarman proyectos de inversión tecnológicos avanzados, el país se atrasa respecto al mundo.

Ya nos han dicho que será «doloroso», que es «indispensable ajustar para luego estar mejor». Que si los precios se aceleran inicialmente es porque se liberaron los «precios reprimidos». Pero la eliminación de los subsidios a las tarifas o una posible devaluación del dólar oficial terminarán acelerando la inflación. En este marco, también nos anticipan que habrá una caída de la actividad económica producto del ajuste fiscal que llevarán a cabo. Anteriormente habían dicho que «van a ser seis meses muy duros», incluso más rigurosos que lo que vaya a pedir el Fondo Monetario Internacional cuando comiencen las conversaciones formales.

El pasado jueves Julie Kozack, directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, señaló en conferencia de prensa que «se necesita un plan de estabilización fuerte, creíble y respaldado políticamente para abordar de manera duradera los desequilibrios macroeconómicos de Argentina y sus desafíos estructurales, al tiempo que, por supuesto, se protege a los más vulnerables de la sociedad».

Más allá de todo lo que se está anticipando, seguramente una gran porción de votantes del nuevo gobierno no llega aún a imaginar los alcances del ajuste, pero está claro que se verán afectados por éste. Por otro lado, si las provincias y las intendencias contarán con menos presupuesto, ello afectará el empleo público pero también el privado, ya que las administraciones públicas no tendrán tantos recursos para subcontratar. Si se eliminan los subsidios subirá el precio de las tarifas y del transporte. Por todo esto es que nos dicen que habrá «caídos» y que la única «billetera abierta» será la del Ministerio de Capital Humano.

La venta de empresas y activos públicos es otro de los capítulos en los que se intentará avanzar. Bien lejos de la supuesta ineficiencia de la gestión estatal, en la semana se conoció que Aerolíneas Argentinas cerrará el año con ganancias cercanas a los U$S 32 millones, alcanzándose saldo positivo por primera vez desde 2008, cuando el Estado nacional recuperó el control de la línea área, tras el vaciamiento de la empresa que llevaron a cabo los capitales privados.

Respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se trata de una masa de recursos valiosa (unos U$S 76.000 millones, a noviembre), cuyo objetivo es atenuar el impacto financiero que pudiera ejercer la evolución negativa de las variables económicas y sociales sobre el régimen previsional público. En cuanto a la gestión concreta de los fondos, entre diciembre de 2019 y junio de 2023 el valor en dólares se incrementó un 117%, situación que contrasta con lo ocurrido durante el período 2015-2019, donde el FGS se redujo casi a la mitad, de U$S 66.000 millones a U$S 35.000 millones.

En este contexto, luego de la asunción del nuevo presidente se espera un gran paquete de medidas. Aún no se conocen detalles, aunque se ha venido insistiendo en que el primer paso «del cambio» estará en el frente fiscal, es decir, la implementación del fuerte ajuste en los gastos públicos.

En este entorno, algunas voces señalan que el Parlamento debería acompañar el programa del nuevo gobierno, ya que es la expresión del reciente voto popular.

Hay una cuestión básica que creo importante recalcar. Nuestra Constitución consagra la división de poderes, y establece una frecuencia diferente en la renovación de esos poderes. El Poder Ejecutivo se renueva cada cuatro años, mientras que la Cámara de Diputados se renueva por mitades, y el Senado por tercios. Se trata de una decisión constitucional que tiende al equilibrio de poderes y a no pensar que una elección le da el poder absoluto al Ejecutivo que gana esa elección. En la convivencia de estas diversas frecuencias, si el oficialismo gana, además, una elección de medio término, normalmente pasa a tener mayoría parlamentaria y facilita la gestión del Ejecutivo. De lo contrario, tendrá que gobernar con acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Es la voluntad de la ciudadanía la que le dará mayor o menor capacidad de gestión.

En este período que se inicia hay una mayoría que votó al nuevo gobierno, pero también hay una parte muy importante del electorado que apoyó la fórmula de Unión por la Patria. Con lo cual los legisladores recientemente electos junto a los representantes que continuamos en el Parlamento tenemos el mandato de contribuir a construir una sociedad más justa y con más derechos, no con menos.

Creo que quien votó por la fórmula libertaria en la segunda vuelta lo hizo suponiendo que optaba por una alternativa que le daría solución a sus problemas. Si pasa un tiempo y las nuevas políticas no resuelven esos problemas, éstas comenzarán a ser cuestionadas y se empezarán a buscar seguramente alternativas, porque verán que la solución no pasaba por el ajuste. Lo sostengo desde mi convicción y mi experiencia respecto de lo que terminarán generando las medidas que se aplicarán. No obstante, el gobierno que asume tratará de aprovechar el margen de legitimidad conseguido en las urnas para avanzar con sus políticas y su visión de país.

La búsqueda de «estar mejor», que llevó a un gran sector de la sociedad a optar por un cambio de modelo, no debiera ser extrapolada de forma lineal para tratar de justificar un gran ajuste, para echar por tierra derechos esenciales, ni para intentar barrer todo vestigio de «lo público», incluso impulsando privatizaciones. Sin embargo, el nuevo gobierno tratará de aprovechar el envión inicial que le garantizará el apoyo de una buena parte de la población. En este marco, sería esperable que la sociedad, en su conjunto, y el Parlamento, en particular, no convaliden políticas que vayan en contra de la ciudadanía, en pos de un supuesto futuro mejor. Nada puede construirse desde la destrucción de los derechos y el empobrecimiento de la población.