El Acuerdo de Consenso Fiscal que se firmó en 2017 entre la Nación y las provincias sólo tuvo resultados parciales. Si bien alivió en parte la carga tributaria sobre las empresas, su grado de cumplimiento no fue unánime en las jurisdicciones adherentes. Tampoco logró eliminar la gran cantidad de juicios relacionados con montos adeudados por el gobierno federal. Por eso desde hace un par de meses, todavía con el macrismo en el poder, ya había contactos para modificar y suspender algunas de sus cláusulas. Es lo que, todo indica, ocurrirá desde este martes, en uno de los primeros gestos del presidente Alberto Fernández hacia los gobernadores.

El documento, firmado en noviembre de 2017 y ratificado a través de una ley nacional a la que adhirieron casi todas las provincias con excepción de San Luis y La Pampa, buscaba alinear a las administraciones locales detrás del propósito que blandía el gobierno de Mauricio Macri: disminuir la presión impositiva a las empresas. El fin proclamado era “armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones de forma tal de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico”.

Para lograrlo se disponía la unificación y luego la paulatina reducción de las diferentes alícuotas de los Impuestos a los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario, las principales fuentes propias de financiamiento de cada provincia, que el poder central consideraba “distorsivos”. El acuerdo estipulaba que hacia 2022 Sellos desaparecería y varios sectores (agricultura, ganadería, transporte y provisión de gas, agua y electricidad) quedarían exentos de pagar Ingresos Brutos. Se estimaba que al cabo de ese tiempo la carga tributaria se reduciría en 1,5% del PBI. Serían unos $ 400 mil millones, a valores de hoy, que las empresas dejarían de pagar. Como resarcimiento, las provincias recibirían bonos del Estado para cerrar las demandas judiciales por mala liquidación de impuestos. Por caso, la provincia de Buenos Aires consiguió $ 65 mil millones de pesos para el bienio 2018-2019, a cambio de levantar su reclamo por la falta de actualización del Fondo del Conurbano.

Sin embargo, a dos años de la sanción de la ley 27.429, los resultados fueron disímiles. Un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detectó, en el caso específico de Ingresos Brutos, “una elevada heterogeneidad en lo que respecta a las alícuotas máximas por actividad, con niveles de cumplimiento dispar entre las distintas provincias”. El panorama es difuso en el Impuesto a los Sellos, donde “se observa un elevado grado de cumplimiento de los compromisos asumidos. Sólo dos provincias mantienen tratamientos diferenciados en función de la ubicación (de quienes pagan el tributo), mientras que cuatro provincias incumplieron la obligación de no aumentar la alícuota para ciertas actividades”. En el caso del Inmobiliario, la Nación no cumplió con la conformación del organismo que debía determinar el valor fiscal de los inmuebles y por eso, como las valuaciones son heterogéneas, la fijación de las alícuotas pierde peso en la determinación del monto final a pagar.

Lo cierto es que la recaudación provincial terminó más atada a los vaivenes de la economía que a la menor imposición de tributos. La OPC concluyó que “al comparar la dinámica de la recaudación de Ingresos Brutos de las provincias que adhirieron al Consenso Fiscal con aquellas que no lo hicieron, no surge de manera clara que las primeras hayan tenido una dinámica recaudatoria peor”. Pasado en limpio, las que se adhirieron al Consenso y aceptaron bajar sus alícuotas mejoraron su recaudación de Ingresos Brutos 10,2% por encima de las que no lo hicieron, pero recibieron 15,2% menos que ellas por Sellos y 26,9% menos por Inmobiliario. “Esto puede deberse más al contexto macroeconómico de cada provincia que a cuestiones vinculadas con cambios normativos”, destaca el informe.

La relación jurídica también se vio perjudicada por las medidas desesperadas que tomó el macrismo para paliar la crisis. Aunque muchas demandas se cerraron, otras se abrieron. El decreto de suspensión del IVA en los alimentos básicos desató una oleada de reclamos por parte de 16 provincias, ya que la medida afectaba el volumen de impuestos a coparticipar. Finalmente, la Corte Suprema falló que “los costos fiscales de la aplicación de los decretos y las resoluciones impugnadas sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias actoras”.

Ese desorden, la falta de resultados concretos del Consenso, la frágil situación financiera de casi todas las provincias y la necesidad de atender sus respectivos problemas sociales facilitó la modificación del acuerdo, cuyos detalles se conocerán en las próximas horas.