Cinco gremios participaron de la primer reunión con los representantes de la empresa que ofreció un incremento del 14,5% de recomposición salarial para el período 2017-2018. La cifra, irrisoria en comparación con el incremento de los precios en el último año, contrasta además con los aumentos que se fueron pautando durante este año y que se ubicaron, en general, entre un 20 y un 25% pero con picos de hasta un 31,5%.
Ante el rechazo de los gremios, el Ministerio de Trabajo dictó una curiosa conciliación obligatoria toda vez que el recurso se aplica cuando existe un conflicto en curso. En este caso, los sindicatos no habían siquiera anunciado una medida de acción en concreto. Así las cosas la conciliación asumió un carácter preventivo que roza la ilegalidad según lo establecido por el artículo 10 de la ley 14.786.
En diálogo con Tiempo Argentino, Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas explicó que «si no hay medidas que volver atrás, no tiene ningún sentido la conciliación. Pero el ministerio a veces lo hace. En general a pedido del empleador cuando cree que van a hacer medidas.».
La política del ministerio es una muestra de la voluntad del gobierno de plantear una negociación firme que podría perseguir el propósito de viabilizar la discusión de otros ítems que incrementen esa recomposición salarial como premios a la productividad a costa de la apertura del convenio.
De hecho, la paritaria se desarrolla en el contexto de la llegada de las empresas low cost a la Argentina que cuestionan los costos laborales y apuntan a los convenios vigentes en la industria local. El próximo 6 de septiembre, de hecho, se realizará una segunda audiencia pública en la que nuevas empresas presentarán sus propuestas para acceder a varias decenas de rutas aerocomerciales de cabotaje y regionales. Los sindicatos solicitaron formalmente su cancelación.
