El jueves pasado, el Foro de Convergencia Empresarial emitió un comunicado público destinado a la «dirigencia política». En su interior conviven la Sociedad Rural Argentina y el resto de las entidades de la mesa de enlace con la Unión Industrial, la Asociación de Bancos y la Bolsa de Comercio. También revistan institutos y fundaciones que ofician de «think tank» del empresariado, como la Fundación Mediterránea e IDEA, y los colegios y consejos profesionales de abogados, escribanos y economistas. Suman 60 las organizaciones que lo integran.
La entidad asegura que «la pobreza en la Argentina se puede erradicar». El comunicado pone de relieve la necesidad de revertir el supuesto deterioro de la competitividad del empresariado local con relación a sus competidores regionales y resolver las «desventajas» que sufren. Para eso, eligieron exponer el supuesto diferencial en materia de presión tributaria, inflación y «costo del capital» expresado en el riesgo país que indica el costo de endeudamiento en el mercado de capitales.
Lo curioso es que, a la hora de poner sobre la mesa la estructura de costos empresarios, omitieron deliberadamente un componente fundamental: el salario de los trabajadores, tema que antes estaba recurrentemente presente en sus quejas.
Es que, según datos del Ministerio de Trabajo publicados el mismo viernes, la mediana del salario privado de los trabajadores registrados (una medida estadística que refiere al punto medio exacto de un universo y que se la considera más fiel para este tipo de variables porque desestima los valores extremos), se ubicó en diciembre, despejando la incidencia del aguinaldo, en alrededor de 54.700 pesos. A la hora de estimar la competitividad a nivel regional del empresariado argentino, resulta necesario analizar el valor del salario en dólares y su evolución. Si se tomara ese indicador, en diciembre de 2020 la mediana del salario privado registrado en la Argentina en dólares al tipo de cambio mayorista, se ubicó en los U$S 672,70 cuando en diciembre de 2015 llegaba hasta los U$S 1288,45.
Se trata de un derrumbe de los costos salariales de alrededor de un 48% como resultado de una apreciación de la moneda estadounidense del 740% desde los $ 9,70 en los que se situaba el primer día de diciembre de 2015 con relación a los $ 81,40 que valía el mismo día de 2020. En el mismo período, el salario mínimo vital y móvil escaló desde los $ 4716 hasta los actuales $ 20.587, lo que implicó una caída en moneda norteamericana desde los U$S 486 de diciembre de 2015 hasta los U$S 252,90 de diciembre último. Un retroceso también del 48% que se sigue profundizando. Es que, a pesar del aumento pautado para este mes que lo eleva hasta los $ 21.600, con la cotización del dólar mayorista al primer día de este mes de $90,1 resultarán apenas U$S 239.
La referencia al dólar mayorista tiene que ver con el punto de vista de los costos empresarios. Cuando se miden ambos haberes según la capacidad de compra de divisas de los ingresos de los asalariados (dólar solidario) surge que la mediana del salario privado registrado en diciembre de 2020 equivalía a apenas U$S 380, mientras que el mínimo, a escasos 142 dólares.
Con todo, la evolución de esos costos no resulta en una baja lineal toda vez que, si bien el salario registrado sufrió una fuerte caída en dólares entre diciembre de 2015 y enero de 2016 cuando pasó de los U$S 1288 a U$S 970 en apenas un mes, como resultado de la estabilización del tipo de cambio y la suba de precios que operaron en favor de la bicicleta financiera del carry trade, se produjo una recuperación durante 2016 y 2017 que situaron ese valor nuevamente en los U$S 1241 en diciembre de 2017. A partir de allí, la caída fue sistemática hasta llegar a un piso de U$S 656 en septiembre de 2019. Durante 2020 la dinámica siguió siendo a la baja y el salario resignó un 4% de su valor en dólares.
Sector por sector
La ausencia de un reclamo de esa naturaleza por parte de las patronales en general y, en particular, de las del sector exportador se divisa con mayor nitidez a la hora de analizar la evolución de la masa salarial medida en dólares de los principales sectores económicos.
Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino de la AFIP, en noviembre de 2015, el sector de la agricultura, la ganadería y la pesca, eminentemente exportador, destinó $ 3070 millones en salarios equivalentes entonces a U$S 316 millones; mientras que, en noviembre del 2020 (último dato disponible), la masa salarial del sector alcanzó los $ 14.971 millones que, al tipo de cambio oficial del momento, resultaron U$S 184 millones. Una caída de los costos salariales en cinco años de casi un 42 por ciento. En el caso del sector de minas y canteras, donde operan las grandes mineras exportadoras, la masa salarial mensual pasó del equivalente a U$S 472 millones a U$S 235 millones, una reducción del 50%, mientras que para el sector de la industria manufacturera, afectada también por la caída de la producción, la reducción llegó hasta un 53%, toda vez que la masa salarial en noviembre de 2015 equivalía a U$S 2375 millones mientras que en 2020, ese costo se redujo hasta los U$S 1111 millones.
Entre los tres sectores, el ahorro llega hasta los U$S 1633 millones mensuales que, incluyendo el salario anual complementario, alcanzan los U$S 21.240 millones por año. Esto sin tomar en cuenta el empleo no registrado.
Revertir esa brutal transferencia de recursos entre las clases sociales que intervienen en la producción parece un camino más directo y eficaz para revertir la pobreza que el que proponen las patronales. «
Conflictividad en alza
En febrero de este año la conflictividad laboral pegó un salto. Según el relevamiento que realiza la consultora Tendencias Económicas, los despidos afectaron a 1482 trabajadores, lo que arroja un pronunciado aumento del 141% anual.
Se registraron entre los trabajadores de la salud, transporte aéreo, gastronomía y en las industrias de aceites, siderurgia y frigorífica. Por otro lado, los paros involucraron a 118.420 trabajadores, con un aumento del 37% anual.
Al mismo tiempo el estudio destaca que no se registraron suspensiones durante ese mes, cuando en 2020 habían afectado a 3300 trabajadores.
Con todo, en el acumulado de 2021, los paros se redujeron un 59,3% anual, mientras que los despidos cayeron un 46,4% y las suspensiones se redujeron sensiblemente en un 94% interanual.
La raíz del consenso por Ganancias
El proyecto oficial para reducir el alcance del Impuesto a las Ganancias cosechó rápidamente el apoyo de la CGT. Es que, como resultado de la elevación del mínimo no imponible hasta los $ 150 mil brutos, 1,2 millones de asalariados y jubilados que hasta ahora pagaban ese tributo dejarán de hacerlo.
De esta forma, a partir de ahora, solo el 10% de los asalariados se verá alcanzado por el impuesto.
Lo paradójico es que, desde la UIA, también dieron el visto bueno a la iniciativa. Daniel Funes de Rioja señaló que «me parece razonable derogar las escalas porque si no, las remuneraciones siguen erosionadas por inflación».
Es que, claro, un alivio por esa vía sobre los salarios podría traducirse en una menor tensión en las negociaciones paritarias en momentos en los que el gobierno promueve acuerdos algo por encima del 29% que proyecta de inflación para este año, mientras las consultoras privadas que releva el BCRA proyectan en promedio una suba del 48,1% en los precios.
Por eso, desde el empresariado perciben que los $ 40 mil millones que resignará el fisco podrían redundar, en los hechos, en un subsidio al salario que pagan y, a la vez, en una inyección al consumo interno de la que se podrían beneficiar.
