El modelo implementado desde el minuto cero por el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo un fuerte impacto en el mercado de trabajo.
La gigantesca devaluación de diciembre produjo un salto inflacionario que, solo en los primeros dos meses de gobierno, acumuló un 50%. El congelamiento de los salarios públicos y el rezago en las paritarias del sector privado produjeron una sensible pérdida del poder adquisitivo. Los trabajadores registrados del sector privado recuperaron parcialmente la diferencia a partir de acuerdos paritarios. No ocurrió lo mismo con los empleados públicos, que todavía sufren una caída del salario real superior al 19%.
A la vez, la desregulación del comercio y el derrumbe del consumo impactaron directamente sobre los niveles de empleo, especialmente en el sector industrial. El desempleo en el segundo trimestre de 2024 saltó a un 7,6% mientras la denominada “presión sobre el mercado de trabajo” (personas que buscan trabajo, empleadas o no) escaló al 29,7%.
La política fiscal contractiva que desplegó el gobierno se tradujo, además, en alrededor de 50 mil despidos de empleados públicos. Además, la reducción de la obra pública a su mínima expresión tuvo fuerte impacto en el empleo.
Claudio Lozano, director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP), destaca que “el hecho fundacional del gobierno fue demoler el salario vía una brutal devaluación mientras las ganancias operativas de las empresas más grandes se quintuplicaron”. A la vez destaca que “el consumo interno alcanzó el valor más bajo desde la pandemia y cerraron 16.500 pymes”.
Según el Reporte del Monitor de Indicadores Sociales del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, los datos oficiales indican que recién en agosto “se detuvo la caída del empleo en el sector privado, luego de once meses consecutivos de retroceso”. Este think tank dirigido por Luis Campos considera que “en comparación con noviembre de 2023 perdieron su puesto 195.570 trabajadores”, de los cuales “138.785 corresponden al sector privado, 43.781 al sector público y 13 mil de casas particulares”.
Para Matías Maito, director del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD), hay “una caída del empleo muy fuerte al inicio de la gestión de este gobierno que después se fue moderando”. El especialista aclara que “no vemos un rebote. No estamos entrando en una fase sostenida de creación del empleo sino en cierto estancamiento donde alternan meses de moderada contracción como mayo, junio y julio con meses de moderada expansión como fue agosto. Se terminó ese periodo sostenido de destrucción pero el empleo se estabiliza en 170.000 puestos menos de los que teníamos”.
Salarios
Por el lado del salario, el informe del IEF-CTA indica que “en septiembre los asalariados registrados del sector privado experimentaron por segundo mes consecutivo un retroceso salarial, ubicándose un 2,8% por debajo de noviembre”. Pero el sector público “todavía arrastra una caída en términos reales del 16,1%”.
A la vez, la recuperación se dio en niveles muy bajos lo que implica “cristalizar salarios reales que se encuentran en los mínimos de las últimas dos décadas”.
Campos señala a Tiempo que “en términos generales el 2024 fue un año muy malo tanto a nivel de empleo como de ingresos”. Agrega que “en los primeros meses del año, fundamentalmente al calor de la devaluación de diciembre y el fogonazo inflacionario, hubo un impacto muy marcado sobre el salario real. Luego empezó a haber cierta estabilización, pero en los niveles más bajos de los últimos 20 años”.
Pero el impacto fue muy diferente según el sector. En el caso del registrado privado, recuperó toda la caída en septiembre (último dato oficial). En cambio, el sector público todavía está alrededor de un 16% abajo de los niveles de noviembre de 2023 y más de un 19% con relación a un año atrás”.
Para Maito, los acuerdos paritarios de diciembre y los próximos meses indican que «es muy probable que no se mantenga esa tendencia al alza de los salarios. A lo sumo vemos salarios que acompañan la inflación y se estabilizan en valores un 20% inferiores a los de 2017”.
El especialista de la CTA observa que “el único aspecto exitoso del gobierno fue una reducción de los niveles de inflación, que logró a costa de una recesión muy importante, una destrucción del empleo y una caída de la actividad en construcción e industria. Aunque seguimos en niveles altos, esa reducción de la inflación importa cierta sensación de alivio que ayuda a explicar por qué se mantiene relativamente alta la aprobación del gobierno incluso entre algunos sectores de trabajadores”.
Campos destaca que una característica fundamental para entender el proceso es “la heterogeneidad” porque, explica, “la recuperación del salario y el detenimiento en el proceso de destrucción de empleo tomado en promedio esconden disparidades sectoriales muy importantes”.
En detalle, destaca que “los únicos sectores que vienen mostrando crecimiento de empleo son los de la producción primaria mientras que la construcción y la industria siguen expulsando en términos netos. Lo mismo pasa con los salarios. Algunos sectores han tenido aumentos por encima de la inflación mientras otros todavía están muy por debajo, en especial los del sector público».
Maito apunta que “dentro del empleo formal la peor parte se la están llevando los empleados públicos”.
Lozano destaca otro elemento clave: “Se reforzó el ‘modelo changa’, el 74% de los puestos destruidos corresponden al sector privado registrado mientras que las formas de contratación precaria como los monotributistas crecieron un 4%”.
El modelo, además, incluye una fuerte paradoja: mientras los salarios del sector privado registrado, que son los que menos perdieron, cayeron en términos de su poder adquisitivo alrededor de un 5%, incrementaron un 75% su valor medido en dólares. Un tipo de cambio apreciado, tal como ocurrió en los años ’90, resta competitividad a la industria, que seguirá con los despidos, y es la antesala de una crisis de la balanza de pagos que, más temprano que tarde, el gobierno deberá afrontar con mayor endeudamiento o con una fuerte devaluación.
Es en este marco objetivo que la CGT ratificó su estrategia de diálogo con el gobierno. «
Convocan al Consejo del Salario
El salario mínimo está fijado en $ 271.571. Desde la asunción del gobierno, el haber perdió un 28% de su poder adquisitivo, que se encuentra en el nivel más bajo desde 2001 y está un 60% por detrás del pico de 2011. El valor actual equivale al 62% de la Canasta Básica Alimentaria.
El viernes la Secretaría de Trabajo convocó al Consejo para el 19 de diciembre. Fuentes de la CGT confiaron a Tiempo que definirán esta semana el valor que reclamarán.
En la última reunión por el salario mínimo, del 18 de julio, la central obrera había reclamado llevarlo a $400 mil. La falta de acuerdo llevó al fracaso de la reunión y a la decisión unilateral del gobierno de fijar aumentos que lo llevaron a ese valor. Esa actitud llevó a la CGT a romper formalmente el diálogo. Un camino que luego decidió desandar a pesar de que el gobierno no modificara en nada su actitud y, por el contrario, avanzara con una profunda reforma laboral con la Ley Bases.