Los aplausos se hicieron eco en la colorida sala del Teatro de La Ribera en varios pasajes de una de las exposiciones más duras con respecto al aumento: la del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor. «Con pobreza energética, no hay pobreza cero», aseguró y explicó: «Las empresas distribuidoras y los entes de control han fracasado en la prestación del servicio energético. Para este verano, va a volver a haber cortes. Esto demuestra que los subsidios no deben ser dirigidos a las empresas, deben ser dirigidos a los usuarios y consumidores. Basta de subsidios a las empresas. Subsidios a los que lo necesitan».
En el mismo sentido habló la Defensora de la Nación, Mariana Grasso: «El servicio se encuentra en un pésimo estado. Desde 2007 fuimos poniendo en conocimiento a las autoridades sobre esta situación (…) siempre ante altas temperaturas se producen sistemáticos cortes de servicio que perjudican a los usuarios, que no saben cuándo vuelve la luz». Para encontrar una solución, Grosso propuso que «el ENRE (Ente Regulador de Electricidad) debe recuperar su función de órgano de control». En ese sentido, opinó que «deben aplicarse regímenes sancionatorios progresivamente crecientes» y que «debe controlarse si efectivamente se hacen inversiones y si se mejoró la calidad del servicio, para aplicar cualquier tipo de ajuste».
El Defensor de la provincia de Buenos Aires Juan Carlos Tuzzolino hizo hincapié en que el aumento tarifario debe tener «en cuenta la evolución de los salarios».
Finalmente, Amor expresó que las empresas «tienen derecho a invertir y a ganar, pero también tienen responsabilidad social».
Luego de los defensores del pueblo, hablaron también representantes de distintas organizaciones de defensa al consumidor, que coincidieron en los conceptos base de los anteriores oradores. Criticaron el servicio de las empresas, exigieron control y sanciones por parte del ENRE y pidieron que se tenga en cuenta la realidad salarial de los usuarios.
Además de esto, Héctor Polino, de Consumidores Libres, sentenció: «Hay que cancelar el contrato con Edenor y Edesur. Cuando una de las partes no cumple con su parte del contrato, la otra parte tiene derecho a pedir la cancelación. Estas empresas no han cumplido nunca con su parte». En su remplazo, propuso una empresa pública, que tenga entre sus dirigentes a representantes del Estado, de los usuarios y de los trabajadores del sector. De esta manera, podremos tener un servicio de calidad y confiable».
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