La designación de la nueva ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, sorprendió a los dirigentes de la CGT que esperaban encumbrar algún ministro afín.
La exfuncionaria del gobierno de Carlos Menem accedió al cargo por el vínculo estrecho que forjó con el presidente Alberto Fernández a partir de su militancia en el PJ Capital, pero también por su reciente desempeño como vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) detrás del ahora secretario de Producción, Ignacio de Mendiguren.
El histórico dirigente de la UIA reviste hace varios años en el Frente Renovador de Sergio Massa, quien lo llevó al gobierno como parte de su equipo en Economía. Olmos, de esta forma, expresa el eje Fernández-Massa y podría implicar un alineamiento más directo de la cartera laboral con el programa económico orientado al cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario.
Por ese motivo, a pesar de haber señalado que tenía el mandato presidencial de «cuidar» el poder adquisitivo de los trabajadores, Olmos aclaró que «con alta inflación es muy difícil empardar los salarios». Así las cosas para la nueva ministra, la recuperación de los haberes dependerá del éxito del plan antinflacionario del gobierno, hoy limitado a la reducción del déficit fiscal y la contracción monetaria, y no a la política que ella misma pueda desplegar desde la cartera laboral.
La salida de Claudio Moroni implica un giro a favor de un ministerio con mayor capacidad de intervenir en las paritarias que, después del conflicto en el neumático –que logró una cláusula de indexación por inflación y una suba del salario real–, amenazan con un desborde (ver recuadro).
Con la excepción de Pablo Moyano, que ante el nombramiento disparó «nosotros enfrentamos al menemismo», la conducción de la CGT decidió bajar el tono del disgusto por la designación inconsulta y poner la mira en las designaciones de los secretarios y las direcciones que considera estratégicas de la cartera laboral. Así lo señaló Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT, en una entrevista a Radio Mitre en la que reconoció que «hubiéramos pretendido un acercamiento para intercambiar opiniones sobre los distintos sectores, porque no se trata solo del ministro. La política necesita nutrirse de los actores sociales que no son solo los actores políticos partidarios sino también los dirigentes de la CGT y las centrales de empleadores. Escuchar eso permite abrir la cabeza y elegir la mejor opción». Sin embargo, señaló que «nos interesa el funcionamiento técnico. No sabemos si el vice y los funcionarios van a ser los que están ahora, cuando eso se conozca haremos público nuestro apoyo más explícito».
El dirigente se refería a los cargos de Secretario de Trabajo, Secretario de Empleo y las estratégicas direcciones de Asociaciones Sindicales y de Regulación y Relaciones del Trabajo. El primero de ellos es el que, históricamente, correspondió a un funcionario afín a la CGT, como fue el caso de Noemí Rial, de UPCN, que ocupó ese lugar durante el mandato de Carlos Tomada pero que en la gestión de Claudio Moroni quedó reservado para un técnico de su confianza, Marcelo Bellotti.
El jueves, la nueva ministra ratificó explícitamente a Bellotti junto con al secretario de Empleo, Leonardo Di Pietro, y Luis Bulit Goñi, secretario de Seguridad Social.
Pero no hubo confirmación para los cargos de Mónica Risotto, que encabeza la Dirección de Asociaciones Sindicales y que había llegado de la mano del entonces dirigente de los taxistas Omar Viviani, y de Gabriela Marcello en Regulaciones y Relaciones del Trabajo, una sobreviviente de la gestión de Cambiemos.
La Dirección de Asociaciones Sindicales tiene la potestad de determinar las personerías sindicales y la de Regulaciones del Trabajo arbitra en las paritarias y los conflictos gremiales.
Dentro del ministerio reconocen que los pasos dados por Kelly significan «que no ratificaron a los demás» aunque «por ahora, todo seguirá igual». La omisión podría haber sido un gesto de la ministra para tener un margen de negociación.
Sin embargo, la continuidad parcial del equipo de Moroni no ameritó expresiones públicas de los dirigentes de la CGT, quienes mantuvieron un perfil bajo y evitaron hablar con este y otros medios.
Los distintos actos celebratorios del 17 de Octubre podrían ser el ámbito que elijan los dirigentes sindicales para enviar mensajes al Ejecutivo, a la espera de la apertura de una nueva instancia en la que se pongan en consideración esas continuidades o las nuevas designaciones. «
Paritarias: aceiteros firmó 98% y Moyano pide 131%
El conflicto del Sutna fue un punto de inflexión para las negociaciones paritarias.
Con pronósticos de inflación que se perfilan por encima del 100%, los trabajadores del neumático, en un conflicto que llegó a la huelga general, lograron cláusulas de indexación por inflación con garantía de recuperación del salario real. De esa forma subieron la vara de todas las negociaciones que, ahora, se desenvuelven con el fantasma del conflicto.
Pablo Moyano hizo referencia a esa lucha diciendo que sería «un poroto» comparada con la de los Camioneros, que reclaman llevar su acuerdo hasta el 131%. Esta semana, con el marco de la renovación de autoridades en la cartera laboral, se desarolló una nueva audiencia que duró solo media hora en la que no se pudo alcanzar un acuerdo ante la propuesta patronal de un 81%.
La revisión paritaria que sí llegó a un entendimiento fue la del sector aceitero, que concluyó con un aumento de hasta 98% anual con una cláusula de revisión pautada para diciembre próximo.
Según lo firmado, a partir del 1 de octubre de este año el salario básico inicial del sector llegará hasta los $ 221.760.
La representación gremial asegura que el criterio para negociar que adoptaron desde la extensa huelga de 2014, surge del reclamo de dar cumplimiento al artículo 14 de la Constitución y a la Ley de Contrato de Trabajo, que establecen el derecho a un salario que satisfaga nueve ítems: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión social.
