La ley de Teletrabajo se aprobó en julio de este año y empezaría a regir 90 días después de la finalización del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). La norma establecía la voluntariedad del empleado para acceder a esa modalidad de trabajo y una serie de beneficios para los trabajadores y obligaciones de las empresas, algunas de las cuales ya estaban en vigencia desde el año 2012 a partir de la resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que el gobierno dejó sin efecto a días de comenzar el ASPO, y de que millones de trabajadores se vean forzados a trabajar bajo esa modalidad.
Si bien el ASPO expiró en los primeros días de noviembre y, por lo tanto, la ley debía activarse a partir de febrero, la reglamentación que se conoció el 20 de enero dispuso que sería la cartera laboral la que decidiría la fecha de entrada en vigencia que, finalmente, se fijó para el 1 de abril. Esa misma reglamentación había generado un fuerte rechazo de parte de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y de los gremios que la consideraron resultado de un fuerte lobby patronal.
Es que, entre otras medidas de carácter regresivo se flexibilizó el derecho a desconexión contemplado en la ley así como la reversibilidad de la modalidad que en la letra de la ley resultaba una potestad del trabajador mientras que la reglamentación le confiere a la empresa el derecho de evaluar la «razonabilidad» a la hora de aceptar la decisión del empleado. La AAL aseguró que la reglamentación «deroga» ese derecho.
De cualquier forma, la legislación establece que, para consolidarse, la modalidad del teletrabajo deberá formalizarse a través de una acuerdo escrito entre la empresa y el trabajador. Una suerte de contrato dentro del contrato pre existente.
Pero el 18 de marzo se conoció una nueva norma publicada por la cartera laboral que abonó a una mayor confusión y que, en rigor, generó interpretaciones diametralmente opuestas entre los abogados patronales y los de los trabajadores.
Textualmente, la resolución asegura que en virtud de «la recomendación dirigida a los empleadores y empleadoras con el fin de disminuir la presencia de trabajadores y trabajadoras en el establecimiento a aquellos indispensables para el adecuando funcionamiento del mismo, adoptando las medidas necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia. (Y) que en función de ello, deviene necesario el dictado de la presente con el fin de establecer que tales circunstancias no podrán sustituir el acuerdo de voluntad de las partes en los términos del artículo 7º de la Ley Nº 27.555».
Laboralistas del sector empresario como Daniel Funes de Rioja, Marcelo Aquino o Julián de Diego aseguran que la norma implica que aquellos trabajadores que se encuentren trabajando bajo esa modalidad como resultado de la situación excepcional creada por la pandemia y que, por lo tanto, no hubieran suscripto el acuerdo voluntario, no quedarán encuadrados dentro de los beneficios que ofrece la ley hasta tanto no firmen ese acuerdo.
En su portal, De Diego publicó que «el principal efecto concreto y práctico de esta norma es dejar en claro que los trabajadores eximidos de prestar servicios por el ASPO no pasan a la Ley de Teletrabajo automáticamente, sino que deben prestar su consentimiento. Es decir, que si no lo hacen, seguirán en una suerte de híbrido, que no es exactamente teletrabajo conforme la ley, pero obviamente tampoco están en condiciones regulares. Al menos hasta que se levante el ASPO».
El abogado laboralista León Piasek reconoció a Tiempo que «está todo confuso y en esa confusión los empresarios están más cómodos y se aferran a que el home office es temporario». Por eso, opinó, «la norma es regresiva en tanto se hace eco de una idea de las patronales que venían diciendo que los que trabajan en la casa en pandemia no hacen teletrabajo. La conclusión es que la ley está vigente desde el 1 de abril pero no está vigente del todo. Va a traer conflictos».
La Asociación de Abogados Laboralistas emitió un comunicado señalando que la interpretación patronal de la norma resulta errónea y que, por su espíritu, es respaldatoria de los trabajadores que no se verán obligados a consolidar el vínculo de home office a través de la firma del contrato para acceder a los beneficios que dicta la ley, como el pago de una compensación por el mayor gasto de servicios (luz e Internet) o por el uso de equipos propios, entro otros.
En diálogo con la FM de Radio Provincia, Cynthia Benzón, presidenta de la AAL reconoció que «quedó escrito de tal manera que generó cierta confusión y fue aprovechada en forma interesada para decir que la ley no entraba en vigencia». Para Benzón, sin embargo, «no significa que no haya que cumplir la ley a partir del 1 de abril. Nadie está excluido. Todos los que están teletrabajando están incluídos independientemente de la transitoriedad de la situación».
Es cierto que una posición pública diferente en cuanto a la interpretación de la norma por parte de la Asociación, claro, hubiera abonado a la argumentación patronal debilitando su accionar concreto en los potenciales juicios y diferendos que, se sabe, se irán produciendo.
De todas formas, y en la misma línea, fuentes del Ministerio de Trabajo cercanas al despacho de Claudio Moroni, titular de esa cartera y de activa colaboración en la elaboración de ley y de la polémica norma, explicaron a Tiempo que «todos los que estén teletrabajando el 1 de abril deben acceder a los beneficios de la ley como el derecho a la desconexión, los gastos y la infraestructura. Es eso lo que quisimos decir. La ley está pensada para que el teletrabajo sea un acuerdo de voluntades. La norma explica que si la pandemia te mandó a tu casa no implica que se consolidó esa situación para el resto de tu vida laboral».
Por eso, explicó, «la norma es aclaratoria, la ley rige porque lo dice la ley. Puede haber muchos debates políticos pero, legalmente, nadie puede decir que una ley no rige a partir de una norma. Jurídicamente es un disparate. No hace falta que una ley diga que rige para todos porque es una ley. Estamos intentando disminuir la litigiosidad». Para el funcionario, «a partir del jueves los beneficios de la ley rigen para todos los que estén trabajando desde sus casas más allá de la continuidad y la aceptación o no de la modalidad».
Con todo, la disparidad de interpretaciones augura un terreno de disputas espinoso en el que la mayoría de los involucrados se verá obligada a negociar en forma aislada y de extrema debilidad. Según Piasek, «hoy sin estar vigente la ley, por el artículo 76 de la LCT se pueden pedir los gastos y sin embargo nadie los pide y nadie los cumple».
