Como si el retroceso del poder adquisitivo este año fuera poco, el gobierno anunció hoy un nuevo aumento del 6% en las cuotas de las prestadoras de medicina prepaga a partir del 1 de febrero que se agregará al 46% de incrementos autorizados a esas firmas a lo largo de 2015.

La noticia se publicó hoy en el Boletín Oficial por medio de la Resolución 2371 del Ministerio de Salud de la Nación. El aumento confluirá en marzo con los aumentos de las matrículas escolares y el impacto de las tarifas que se prevé en conjunto para marzo y abril.

La resolución oficial indicó que la medida “se adoptó tras la evaluación de la caracterización del sector de las empresas de medicina prepaga por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que revisó las proyecciones de incremento de costos del sector”, informó Télam.

Pero la noticia causó el repudio de los consumidores. Osvaldo Bassano, de la asociación ADDUC definió el aumento como “una vergüenza autorizada por el gobierno y tolerada por la Justicia”.

Bassano destacó que la Ley de Prepagas “establece que debería hacerse un estudio detenido por cada una empresa para ver cuál es la situación económica, financiera y la estructura de costos para llegar a un aumento”. De esta manera, “sacaron una resolución para todas las empresas de un porcentaje común sin saber cuál fue la estructura, si el dinero que ingresa por el aumento va realmente a medicina o para inversiones financieras. El 46% que hubo este año fue más a inversiones financieras que a inversiones al servicio, no están haciendo sino un perjuicio constante a la medicina”, denunció.

El titular de ADDUC denunció que, además de dejar sin cobertura a miles de personas que fueron despedidas este año como consecuencia de las nuevas condiciones económicas, por medio de los incrementos las empresas están produciendo un duro impacto en el bolsillo del consumidor. “Si este aumento del 6% se suma al 46% de este año vamos a estar arriba de las expectativas inflacionarias”, señaló.

Las prepagas, que en 2015 acumularon polémicos aumentos en sintonía con los colegios privados, suman también quejas por parte de sus propios trabajadores, como lo demuestran los reclamos de los médicos por el pago de bajas prestaciones y las protestas contra los bajos convenios colectivos.

Las llamadas de consumidores a las entidades de defensa se propulsaron a niveles inéditos en 2016, con denuncias de permanentes incrementos y alertas de que no hay atención hospitalaria en zonas, por ejemplo, del Conurbano Bonaerense. En el mismo orden, los jubilados no acceden a los medicamentos y sufrieron cambios de los médicos de cabecera.

“Están haciendo un desastre. Si el Estado no presta salud violenta los pactos internacionales. Y si se agrega que la Justicia está obedeciendo a las corporaciones en contra de la salud y de los derechos del consumidor se concreta una situación muy grave. A una persona sin derechos al trabajo, a la salud, a la educación la están acorralando.”

Bassano lamentó la complicidad del gobierno. “Es más de lo mismo, un brebaje amargo que están suministrando para traspasar patrimonio de las personas hacia las grandes empresas. Todas las empresas prepagas tienen relación con bancos, entidades financieras y otras corporaciones”, particularizó la fuente. “Hay funcionarios del gobierno ligados a las farmacéuticas que forman parte del mundo de la medicina prepaga”, agregó.

En la misma línea, criticó el rol de los jueces. “Este año la Corte Suprema demostró que no está a favor del consumidor. El propio (presidente de esa entidad, Ricardo) Lorenzetti cambió categorías que defiende en su propio libro”. Y en el mismo sentido, “algunas cámaras empresarias le faltan el respeto a los consumidores con actitudes que rayan lo anti democrático. Este aumento no le deja margen al consumidor”, finalizó.