El gobierno nacional autorizó un incremento del precio de los combustibles en un 4 por ciento que entró en vigor desde la hora cero de el jueves 19 de septiembre. El aumento es acompañado por una suba del 5,58% en el precio del barril de crudo que se reconoce a los productores.

La decisión, que se conoció a través de una resolución de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Hacienda que dirige Hernán Lacunza (y que había sido anticipada por medio de un comunicado el día anterior), llegó después de un mes de reclamos y quejas de las empresas petroleras y de las provincias en las que se extrae petróleo, opuestas al congelamiento de los precios para el sector que dispuso la administración de Mauricio Macri.

El gobierno justifica la nueva suba en el aumento del precio internacional del barril de crudo Brent, que se elevó un 14% el lunes pasado, tras los ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. “Estos acontecimientos conllevan a una situación imprevista y significativa de incremento de precios que podrían impactar en la producción y el desarrollo de los hidrocarburos en nuestro país», agrega la resolución. Así las cosas, y con el objetivo de «amortiguar los eventuales impactos”, es que el gobierno autorizó el alza que rompe el congelamiento.

El comunicado no toma en cuenta que el precio del crudo Brent se encuentra en retroceso después del alza abrupta del lunes, cuando casi llegó a 72 dólares por barril. Este miércoles cerró su cotización por debajo de los 64 dólares y la tendencia es a que siga el descenso.

El descongelamiento, tanto del precio de los combustibles como del barril de crudo, se trasladará a los precios del conjunto de la economía en momentos en que la inflación provocada por la devaluación del peso tras las PASO sigue en alza. Además, el propio gobierno atenta contra las medidas de alivio que decretó por la escalada del dólar.

De todas maneras, esta no es la primera medida que descongela los precios. Una resolución del 2 de septiembre eximió de esa decisión a las operaciones comerciales mayoristas y elevó el precio del dólar al que se realizan las operaciones. Eso implicó una suba del 3,3% en los surtidores. 

¿Presión?

Tanto el gobierno nacional, como los provinciales y las empresas acuerdan con la idea de que el alza del precio del barril de petróleo genera una presión sobre el precio local. Esto es lo mismo que decir que el valor del petróleo y de sus derivados en la Argentina debe seguir al internacional. En general, el argumento final que se esgrime es casi una extorsión: si no es así, las empresas no invertirán y no habrá producción petrolera.

Sin embargo, esta posición omite la posibilidad de que un gobierno aísle al país de la volatilidad de los precios internacionales. Una de las formas incluye el criterio de que el valor del barril de petróleo que se vende dentro del país se ajuste a los costos de producción.

En rigor, con estos esquemas las petroleras no pierden dinero sino que dejan de ganar el máximo de lo que podrían. A eso se le llama en la jerga empresaria “un mayor costo de oportunidad”, es decir, “un costo” derivado de los ingresos que no reciben por no cobrar el valor internacional que es mayor al local.

La concentración en la producción de petróleo ayuda a la negociación de un esquema así, más aún porque la petrolera semiestatal YPF juego un rol central. Según un informe de la consultora Invenómica, “YPF y Pan American centralizaron de manera conjunta el 67,6% de la producción petrolera argentina” en los primeros siete meses de este año. 10 años atrás la concentración llegaba al 52 por ciento. A ello se agrega que la producción de petróleo no convencional es la única que crece y allí YPF pesa más fuerte aún: le pertenece el 75% de la producción.