El acuerdo entre Coca Cola Femsa y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga), que se traduce en 32 despidos, es una fiel representación de que la reforma laboral impulsada por Cambiemos se lleva a cabo por la vía de los hechos, a través de los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), que cuanto menos sirven para sentar a las partes a discutir cantidad de despidos.

Los PPC presentados ante la cartera laboral en 2018 registraron un salto del 70% con relación a 2017, según datos de Trabajo a los que accedió Tiempo. El más resonante del último período fue el presentado por Coca Cola Femsa, que se conoció la semana que pasó, ya que se trata de una empresa que factura más de 10 mil millones de pesos anuales.

El viernes último, la Secretaría de Trabajo rechazó la presentación de Femsa. Sin embargo, al mismo tiempo, la empresa emitió un comunicado en el cual asegura que en la audiencia entre las partes de ese mismo día, «las partes lograron acordar la disminución del número de desvinculaciones que planteaba la empresa de 75 a 32, asegurando la totalidad de los derechos de los trabajadores afectados por las mismas y el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes». Tiempo intentó comunicarse con las autoridades del sindicato, sin obtener respuestas.

«Las patronales, como Coca y Fate, meten acelerador para destruir convenios y condiciones laborales y así exprimir aún más a los trabajadores. Están metiendo por la vía de los Recursos Preventivos de Crisis la reforma laboral. Detrás de estos gigantes se opera una ola de despidos, de suspensiones y de precarización laboral», analizó Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero (PO-FIT).

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, destacó que el crecimiento de los PPC «no tiene sólo que ver con la crisis económica, sino con el hecho de que hay un escenario muy favorable a los empresarios en el Ministerio de Producción y Trabajo, que los viene favoreciendo en cada procedimiento. La estrategia está al servicio de las empresas, no siempre habiendo demostrado que fuera necesaria o efectiva tal o cual medida», sentenció.

En tanto, Nicolás del Caño, diputado del PTS-FIT, apuntó: «Es un nuevo chantaje que el sindicato haya aprobado junto con la patronal el despido de 32 trabajadores. Alertamos sobre este acuerdo para despedir compañeros de Coca Cola. Es una burla este PPC que ha generado la bronca y el repudio popular, por los cuales el gobierno no lo aprobó».

Un día antes del acuerdo, una porción de trabajadores de Femsa realizó una manifestación en las inmediaciones de la planta de Pompeya, apuntada por el PPC. La misma fue impulsada por una agrupación opositora a la conducción del sindicato, que se posiciona en contra del acuerdo. «Esto empezó en 2015, cuando empezaron a echar gente. Desde nuestra agrupación venimos denunciando todo este proceso de ajuste, a partir del cual ya fueron despedidos 150 compañeros», dijo a Tiempo Marcelo Romero, miembro de esta agrupación, despedido por la empresa y reincorporado por la Justicia, que denuncia a la empresa por no acatar esa orden judicial.

La práctica del Preventivo de Crisis apunta a generar planteles con bajo costo y, sobre esa base, imponer una mayor carga de trabajo y hasta la polifuncionalidad a los empleados que continúan trabajando. Así, siempre bajo el amparo de la amenaza de cierre, las empresas avanzarían en la aplicación de otro de los artículos de la postergada reforma laboral, el denominado «ius variandi» que concede a las patronales el derecho de modificar las condiciones de trabajo.

León Piazek, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados Laboralistas y uno de los asesores letrados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, observó: «El Procedimiento Preventivo de Crisis habilita a las partes a acordar un llamado ‘convenio de crisis’. Allí se pueden pactar una serie de medidas, como la reducción horaria, los cambios de turno o suspensiones, además de la ayuda del gobierno a través de Repro.» Piazek advirtió que «podrían ir más a fondo y reformar los convenios colectivos de trabajo provisoriamente, hasta que se resuelva la supuesta crisis». «