En lo que va de marzo se conocieron cinco casos de trabajo esclavo en la actividad rural de los que eran víctimas más de 200 trabajadores y trabajadoras, incluso adolescentes y niños y niñas.
La cantidad de casos expuestos en tan pocos días ponen de relieve la extensión de este delito en la actividad rural, que es reconocida como la labor que tiene más empleo no registrado, con el 64,4% de su mano de obra en esa condición, por encima incluso del personal doméstico.
Detrás de cada hecho que trascendió existe una decisión de un juzgado de pedir allanamientos en el marco de investigaciones penales por trata laboral de personas, que es penada con hasta 15 años de prisión para sus ejecutores directos y ocho años para los que ayudan a su desarrollo.
Dada la magnitud del trabajo en negro, en rigor sorprende que no se conozcan más investigaciones judiciales con eje en la explotación del personal que realiza tareas en los campos. Según el Indec, al tercer trimestre de 2020, el 64% de los trabajadores agrícolas laboraba sin estar registrado. Ese porcentaje supera al que se observa en el empleo en casas particulares, donde alcanzaba al 62% del total en el mismo período.
Los casos
A principios de mes, una investigación realizada por la Fiscalía Federal Nº 2 de Neuquén derivó en el descubrimiento de 14 personas, de las que cinco eran menores, argentinas y bolivianas, que eran explotadas laboralmente en dos chacras ubicadas en la ciudad de Centenario, a escasos 20 kilómetros de la capital neuquina.
También en los primeros días de marzo se conoció el caso de 17 trabajadoras y trabajadores rurales rescatados de la trata laboral para la explotación de un predio de 13.000 hectáreas sembrado de soja, maíz, sorgo y con actividades ganaderas. El juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero informó que los liberados eran oriundos de Quimili, ciudad ubicada a apenas 10 kilómetros del lugar de los hechos. Ocho de los liberados eran menores. Las personas estaban sometidas a extensas jornadas laborales, cobraban la mitad de un salario mínimo y se les adeudaban varias semanas. Pero peor aun eran las condiciones de vida: taperas sin seguridad ante insectos y alimañas en un entorno completamente degradante e inhumano. Los menores también eran explotados y abandonaron la escuela.
A mediados de marzo se conocieron los casos de 10 trabajadores, cinco oriundos de Misiones, que estaban siendo explotados en la actividad resinera en dos campos ubicados entre Goya y Esquina, en Corrientes. Se encontró que también vivían en condiciones infrahumanas, mal pagos y sobreexplotados.
En la actividad resinera, cada peón está encargado de la extracción de resina de cientos de pinos cuidando que no se pierda el producto ya que cobran por objetivos conseguidos. En Corrientes, el negocio está concentrado en una única planta procesadora de resina virgen que elabora dos semiproductos que exporta como materia prima para la industria química y textil. En 2019, esas exportaciones alcanzaron los U$S 16 millones. En los dos casos denunciados, los campos estaban alquilados por contratistas.
Los últimos dos casos están muy cerca geográficamente. Se trata de campos de aceitunas del departamento Sarmiento, en la provincia de San Juan. Un primer allanamiento ordenado por la justicia Federal reveló la presencia de 25 trabajadores y trabajadoras provenientes de Orán, Salta, sometidos a condiciones de vida infrahumanas y mal pagos, dos características propias del delito de trata.
Pero de ese allanamiento surgió el dato de una situación aun peor a poca distancia de allí: 120 personas que vivían en construcciones precarias de material. El grupo era trasladado en unos micros desvencijados hacia los campos en los que trabajaban en la recolección de aceitunas, siempre sometidos por el mismo ‘cuadrillero’, como se conoce al que los recluta y les paga. El cuadrillero es, en rigor, un contratista de las empresas que explotan la tierra y negocia con ellas el valor de su servicio. De allí paga a los obreros y se queda con su ganancia. En este caso, les pagaba a los jornaleros el 60% de lo que les correpondía por convenio de cosecha de aceitunas, con lo que su ganancia se acrecentó aun más. La justicia sanjuanina investiga si las empresas que explotan los campos y los propietarios de los mismos eran cómplices del cuadrillero.
