La tarifa social apareció en 2016 como una suerte de paliativo que puso el macrismo a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) tanto de la luz como del gas, que derivó en aumentos del orden del 3000% en las facturas.
Esas RTI –aún vigente en la práctica, aunque suspendida en los papeles– se basó en una paulatina quita de subsidios estatales al consumo, al tiempo que se «actualizaron» los montos percibidos por las empresas productoras de energía.
En una primera instancia, los beneficiarios y beneficiarias de la tarifa social eran 1,7 millones. Sin embargo, poco a poco, se hicieron más engorrosos los procesos de inscripción y más estrictos los requisitos de permanencia en el beneficio. Entre 2017 y 2018, la cantidad de beneficiarios cayó a 1,5 millones.
Lo peor estaba por venir. En julio de 2019, el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, solicitó a la ANSES la incorporación de más criterios de exclusión de la tarifa social, que provocaron una baja extraordinaria de beneficiarios.
Por ejemplo, si un asalariado cobraba un bono, un adicional por presentismo u horas extras, era excluido del beneficio.
Para el final del gobierno de Mauricio Macri, solo quedaban 1,1 millones de beneficiarios. Durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández, la caída continuó y el piso llegó al millón de beneficiarios. Así las cosas, entre 2017 y 2020, 700 mil usuarios y usuarias de gas dejaron de acceder a la tarifa social, un 40% del total.
Tendencia revertida
En octubre de 2020, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a cargo de Federico Bernal, anuló los criterios impuestos en 2019 y retornó a la senda anterior, aunque –según dijeron desde el Ente- con «un espíritu distinto al de (Juan José) Aranguren (el extitular de Energía del macrismo), con el objetivo de que se sume más gente».
En el último trimestre de 2020 se amortiguó la caída y en 2021 la cantidad de beneficiarios subió un 3%, con lo cual el total quedó en 1.077.882 usuarios.
En porcentajes, en 2017, accedían a la tarifa social el 20% de los usuarios; en 2018, el 17%; en 2019, el 13%, y en 2020, el 12 por ciento.
Porcentajes preocupantes
La tarifa social no solamente bajó en cuanto a cantidad de beneficiarios, sino también en cuanto a capacidad de cobertura sobre el total de la tarifa.
Según datos publicados por el Enargas, en 2016, era equivalente al 30% de la tarifa plena media residencial, ubicada en 396 pesos. En otras palabras, el subsidio cubría el 70 por ciento.
En 2017, la tarifa social representaba el 40% de la tarifa plena, ubicada en $ 394; es decir, el subsidio cubría el 60 por ciento.
En 2018, representaba el 66% de la tarifa plena, ubicada en $ 745; es decir, el subsidio cubría el 44 por ciento.
En 2019, los usuarios con tarifa social pagaban el 71% de la tarifa plena, ubicada en $ 1329; es decir, el subsidio cubría solo el 29%. Estos números se mantuvieron hasta junio de 2021, producto del congelamiento que finalizó ese mes.
Por estos días, la tarifa social representaba el 74% de la tarifa plena, ubicada en $ 1409; es decir, el subsidio cubre solo el 26%.
Los nuevos valores
El congelamiento de tarifas, que comenzó a finales de 2019 y se mantuvo hasta fines de 2021, detuvo la sangría de aumentos. Según cálculos del Enargas, de no haber mediado el congelamiento, la tarifa por la que en la actualidad se paga $ 1409, estaría en 3117 pesos. Para saber si esos precios se harán realidad en algún momento, habrá que esperar a la nueva RTI, pautada para diciembre de este año.
A la ecuación hay que sumarle una nueva variable: el acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno avanzará en una segmentación de tarifas que pone topes de aumentos a diferentes sectores socio-económicos, con el fin de aminorar el golpe a los sectores más vulnerables.
Así, los aumentos para quienes tienen tarifa social no podrán superar el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que en el último año fue equivalente a un aumento del 20% en la tarifa. Para quienes no cuentan con ella, el aumento sería el doble.
En este contexto, es vital que todas las personas que necesiten los descuentos y beneficios de la tarifa social puedan acceder a ella. En principio, hay 700 mil familias que deberían recibirla, pero quedaron en el camino.
Anuncian cambios en Jefatura de Gabinete
Según el decreto 123/22 publicado en el Boletín Oficial del viernes pasado, hubo modificaciones importantes.
Se creó una nueva Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público, que será la nueva denominación de la Secretaría de Innovación Pública. De ella dependerán la Subsecretaría de Servicios y País Digital; la Subsecretaría de Innovación Administrativa; y la Subsecretaría de Tecnologías de la Información (Subsecretaría TI), que absorberá a la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) y a la Dirección de Ciberseguridad.
Según el portal especializado Convergencia, «la Subsecretaría TI nada tiene que ver con la Subsecretaría TIC, que hasta ayer (por el viernes) estaba dentro de la Secretaría de Innovación Pública».
Por otro lado, «las funciones que tenía la Subsecretaría TIC pasarán a la nueva Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo», consignó Convergencia. El titular o la titular de esta última secretaría, según el decreto publicado ayer, «actuará en carácter de vicejefe o vicejefa de Gabinete para asistir al jefe o a la jefa de Gabinete de Ministros en la definición de políticas transversales a la administración del Estado Nacional». Hoy el vicejefe de Gabinete es Jorge Neme. El traspaso de la ex Subsecretaría TIC a su órbita implica que Neme asumirá las competencias que antes estaban bajo administración de Micaela Sánchez Malcolm, quien continuaría en su cargo. «
