Los trabajadores estatales y gráficos de la Casa de Moneda enfrentan una prueba de fuego tras la intervención de esa empresa estatal. El viernes arrancó sus funciones el nuevo interventor, el abogado mendocino Pedro Daniel Cavagnaro, con una misión concreta: achicar la empresa a su mínima expresión para luego privatizarla. Si eso no funciona, el gobierno la cerrará.
Para lograr su objetivo, el gobierno de Javier Milei dotó a Cavagnaro de amplios poderes para hacer y deshacer en Casa De Moneda.
El artículo tercero del decreto 964/2024 señala que “En el ejercicio de su cargo, el Interventor tendrá las facultades que el Estatuto de la empresa intervenida le confiere al Directorio y/o a su Presidente y, especialmente, las establecidas en el presente decreto”.
Entre las facultades otorgadas por el decreto, hay dos que preocupan a los trabajadores. El punto D dice: “Relevar, evaluar y modificar mediante acuerdo los Convenios Colectivos de Trabajo para el Personal de la sociedad y/o negociar unos nuevos”. Mientras que el punto E señala: “Ejercer la representación patronal frente a entidades gremiales y personal de la empresa realizando una revisión de las pautas remunerativas, salariales, parámetros indemnizatorios y acuerdos de desvinculación”.
Se sabe que el primer objetivo del gobierno es la planta ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense donde trabajan alrededor de 250 personas. Allí pondrá en marcha el experimento de achique para privatización o cierre, mientras presionará a los sindicatos en la planta de Retiro (CABA) para que acepten la flexibilización laboral so pena de cierre de la planta.
