Con un acuciante calendario de vencimientos y apremiado por la necesidad de mostrar una rápida mejora en la actividad, el gobierno evalúa caminos para asegurarse los recursos que le permitan cumplir con los desafíos que le plantea 2025. El objetivo es siempre el mismo: conseguir un colchón de dólares para salir del día a día.
Por ahora, todos los cañones apuntan a conseguir un repo, un préstamo de corto plazo garantizado con activos. Una de las alternativas más viables la ofrece el Banco de Pagos Internacionales (BIS), conocido como “el banco de los bancos centrales”, con sede en Basilea. La posible ayuda de ese organismo, en cuyo Consejo de Administración predominan las potencias europeas y Estados Unidos, sería mucho menos onerosa, en términos de tasa de interés, que la de otros bancos o consorcios con los que hubo contactos.
En ese marco, se cree que un repo podría aportar entre 3 mil y 5 mil millones de dólares. Para esa negociación se envió una parte de las reservas de oro del Banco Central a Londres, donde quedarían prendadas. La maniobra, que el gobierno mantuvo en secreto hasta que fue denunciada por la Asociación Bancaria, terminó en lo que todos los analistas habían anticipado: una solicitud de información de los fondos buitre que litigan contra el Estado argentino como paso previo a un pedido de embargo.
Hace seis meses, a mediados de abril, el Central había cancelado ante el BIS una deuda por U$S 3117 millones. Se informó que lo hacía “en el marco del saneamiento del balance del BCRA” y que eso la habilitaba a “recurrir a futuro a pactar líneas de swap con el BIS en la medida que resulte de su conveniencia”. El momento parece haber llegado.
En los últimos días se barajó otra posibilidad: que el Ministerio de Economía emitiera una Letra del Tesoro en dólares para capturar las divisas que entraron al sistema a partir del blanqueo de capitales. La riesgosa alternativa de endeudarse en moneda extranjera que le explotó en las manos al macrismo, fue finalmente rechazada por el ministro Luis Caputo, quien también formaba parte de aquel gobierno.
Preocupado por dinamizar la actividad local, “Toto” descartó esa posibilidad. “Buscamos que esos dólares vayan a financiar al sector privado, para que se desarrolle el mercado de capitales y haya más inversión y generación de empleo de calidad. La finalidad del blanqueo no es recaudatoria, sino reactivadora de la inversión y la economía privada”, dijo Caputo en las redes sociales.
Para qué endeudarse
El problema no es sólo el cómo, sino el cuánto y el para qué. El calendario de vencimientos de 2025 es agobiante. Sólo los bonos soberanos implicarán unos U$S 8900 millones entre amortizaciones e intereses, a abonar en dos cuotas semestrales. Para la primera de ellas, que vence el 9 de enero, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó que este viernes se giraron al Bank of New York los U$S 1528 millones para cubrir los intereses: fueron comprados al BCRA con el excedente de pesos recaudados en anteriores emisiones de deuda.
Los dólares también son necesarios para sostener la recuperación económica que el gobierno espera para 2025, estimada en 5% del PBI. La mejora es vital si el oficialismo quiere enfrentar las elecciones legislativas del año que viene con perspectivas de éxito. Y para eso hace falta un flujo de dólares que asegure la importación de bienes y sobre todo de insumos para la producción, además de despejar la incertidumbre acerca de una posible devaluación que el actual retraso cambiario no hace más que fomentar.
“Hoy no hay dólares para financiar un boom de importaciones”, dijo Marina Dal Poggetto, una de las economistas más escuchadas por el establishment, en un evento organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Por eso opinó que los vencimientos de deuda del año entrante “se pagan con recesión o con un repo”.
En el informe de coyuntura de la Fundación FIEL, su economista jefe, Daniel Artana, exploró algunas alternativas para conseguir financiamiento en dólares, entre ellas la de recurrir al FMI, lo que requeriría de un nuevo acuerdo. También estimó que las divisas que se originen en el promocionado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) recién harán efecto pleno en 2026.
“Se podría eliminar parcial o totalmente el dólar blend del que hoy gozan los exportadores, pero ello requeriría una compensación vía depreciación del tipo de cambio oficial que afectaría los índices de inflación”, analizó Artana. “Puede concluirse que el gobierno tiene opciones para resolver el problema externo del año próximo, pero algunas de ellas implican costos políticos importantes”, opinó. «