La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) formalizó hace unas horas su pedido de discutir la modificación del convenio 40/89 que rige la actividad pero topó con la negativa cerrada de la parte sindical.
Como contrapartida, el titular de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Pablo Moyano, manifestó su rechazo “de plano” a las intenciones empresarias y expresó que “no vamos a entregar un solo derecho adquirido”.
Según el dirigente sindical, los puntos que los empresarios pretenden modificar afectarían gravosamente el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores que representa. En declaraciones que difundió el portal Infogremiales, desafió a las patronales: “Que no se atrevan a tocar un sola conquista o nos encontrarán en la calle con toda la fuerza de los trabajadores”.
Al mismo tiempo que rechazó el intento de promover una reforma laboral en el sector, recomendó a las empresas que orienten sus reclamos al Poder Ejecutivo: “Que le pidan al gobierno que les baje el combustible, los peajes y el seguro”.
La sugerencia no es ingenua ni fue formulada al pasar. Es que el reclamo de revisar el convenio que rige la actividad camionera excede largamente a las patronales del transporte de cargas. En rigor se inscribe en un planteo general de las empresas locales que, entre otros reclamos para mejorar su competitividad, bregan por una reducción de los denominados costos logísticos. Eso incluye, desde ya, obras de infraestructura y los costos del transporte en camiones que explican el 91% del comercio interno.
Pero además, una hipotética reforma del convenio camionero, sería muy bien vista por el conjunto de las patronales en la medida que implicaría una avanzada sobre uno de los gremios con mayor poder de fuego. Quebrar esa oposición, en estas condiciones, tendría un alcance estratégico y podría abrir paso a una seguidilla de reformas sectoriales que se sumarían a las que ya avanzaron durante 2018 en reemplazo de la aprobación del proyecto de ley general para reformar las legislación laboral vigente afectando los derechos de los trabajadores.
