En este año conviven tres modalidades de cláusulas atadas a la inflación. En primer lugar, la automática, que con sus matices fue incorporada en esos tres acuerdos. En segundo término, una intermedia, que es la que rige para los estatales nacionales de UPCN y que dispara una reunión en forma taxativa para analizar la situación. Por último, varios gremios firmaron cláusulas como las que se habían suscripto en 2016 que plantean la posibilidad de convocar una reunión para «analizar las posibles variaciones económicas acaecidas» y «de resultar necesario establecer ajustes incrementales». Estas rigen, por ejemplo, en los acuerdos de Comercio, que fijó un aumento del 20%, en Estaciones de Servicio (20%), en la Construcción (21%) y en Sanidad (23 por ciento).

Las conducciones de esos sindicatos, al igual que UPCN, son las que se han mostrado más afines al gobierno luego del Confederal de la CGT y difícilmente tengan intenciones de abonar la conflictividad. De cualquier forma, un incumplimiento de la cláusula, como en el cuento del pastorcito y el lobo, podría restarles al gobierno y a las empresas una herramienta para las próximas paritarias, a las que el gobierno nacional pretende fijar un techo del 15,7%, según la inflación pautada en el presupuesto.

Referentes de las cámaras empresariales reconocieron a Tiempo que el tema está en agenda. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que «vamos a esperar el planteo de la UOCRA. Si corresponde, actuaremos en consecuencia. Lo dice el convenio, tenemos la obligación de sentarnos y negociar». Por el lado de la UOCRA, Ricardo Camaño, secretario de Prensa, señaló que «vamos a pedir que se conforme la mesa antes de fin de mes. Pediremos una compensación y una nueva instancia».

Guillermo Lego, de la Cámara de Estacioneros, observó que «todavía no hubo contacto con el sindicato», pero, reconoció, «acordamos un 20% y eso nos va a dejar abajo».

En el contexto de una fuerte ofensiva gubernamental y empresaria sobre los convenios colectivos, las mesas podrían derivar en negociaciones de salario por productividad. Hugo Godoy, de ATE Nacional, advirtió que «si la inflación anual es del 25% tendrán que dar un 5 por ciento. Pero convocan a la discusión en enero porque UPCN cometió la barbaridad de firmar una bonificación por productividad a partir de 2018. Definir la modalidad va a ser el tema».

En Comercio, las patronales se mostraron más reticentes. Pedro Cascales, de CAME, explicó que «no lo hemos tratado en comisión directiva. Tampoco hubo pedido del sindicato. Todo parece indicar que no va a estar abajo del 20 por ciento. Habrá que sentarse», reconoció, aunque se atajó: «El problema es que las pymes todavía no nos recuperamos. Estamos en un equilibrio muy ajustado».

En otra cámara empresaria, que agrupa a supermercados, aseguraron que la letra del acuerdo indica que la inflación anual deberá medirse de abril a abril, período de vigencia del acuerdo. Una señal de que no será fácil sentarlos a la mesa de negociaciones. «