Tras mediar entre la multinacional cerealera Bunge y los trabajadores de la federación aceitera, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria y habilitó a los 60 despedidos de la planta que la empresa tiene en la localidad de Ramallo a retornar a sus puestos de empleo.

Sin embargo, al cierre de esta nota el personal de seguridad seguía impidiendo el ingreso a los trabajadores, informaron fuentes sindicales, aduciendo que la empresa no había emitido ninguna orden al respecto.

En la mediación, que se realizó en la ciudad de San Nicolás, los empleados reclamaron la reincorporación inmediata de los despedidos mientras que la empresa se limitó a defender su derecho a prescindir de personal en los términos que establece la legislación laboral.

El abogado de los aceiteros, Carlos Zamboni, refirió a Tiempo que la reunión fue confrontativa y al cabo de tres horas las partes no llegaron a ponerse de acuerdo.

La próxima reunión tendrá lugar el 2 de agosto, mientras tanto la expectativa del gremio es que en las próximas horas la empresa se disponga a cumplir con la conciliación y deje ingresar a las personas que estaban despedidas.

Esta mañana en la planta de Ramallo, los empleados del turno que comienza a las 6 se presentaron  a trabajar pero la empresa les impidió el paso. El anuncio de los despidos motivó una asamblea en la que el conjunto del personal definió no ingresar hasta que se aclare la situación.

El Ministerio se presentó en la planta porque Bunge denunció la medida de fuerza. Una vez constatada la situación, la autoridad convocó a las partes a negociar a San Nicolás. Tras la negociación los empleados volvieron a realizar una asamblea en la puerta de la planta de Ramallo e intentaron ingresar pero volvieron a chocar contra la seguridad de la empresa.

Mientras esperaban que Bunge acatara la decisión del ministerio, los aceiteros rechazaron el único argumento de la compañía. Zamboni declaró a este medio que “acá no se puede hablar de crisis porque hay mega-rentabilidad, los costos laborales son del 2% o incluso menos. En 2017 Bunge facturó $46 mil millones y a eso hay que agregarle la devaluación”, enumeró.